El juicio contra el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, por peculado sigue sumando demoras. Esta vez, la postergación se debió a un problema de salud del abogado defensor, Carlos Iriarte, quien presentó un certificado médico pidiendo suspender la audiencia. Una coincidencia asombrosa, ya que el juicio estaba programado para comenzar el lunes pasado.

Un caso de salud muy oportuno

Iriarte, seguramente agotado por la extenuante tarea de defender a su cliente, logró frenar el proceso gracias a un diagnóstico de «trastornos de ansiedad con sintomatología somática y gastroenterocolitis». Según el certificado médico presentado, todo esto es producto de «situaciones personales» que enfrenta el letrado. Nada que ver con el juicio, por supuesto. Como si fuera poco, el médico que lo atendió recomendó una interconsulta psiquiátrica, lo que hace pensar que esta pausa judicial podría extenderse aún más.

Ante semejante cuadro clínico, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal no tuvieron más opción que ceder y posponer la audiencia, priorizando la salud del abogado sobre la demora de más de diez años en el proceso contra Villalba.

Villalba, un hombre con suerte (y buenos amigos)

El exintendente, que enfrentará el juicio por denuncias relacionadas con el manejo creativo (por no decir desastroso) de los fondos públicos, parece tener una estrella que lo protege. La causa, impulsada por el Concejo Deliberante anterior, surgió tras un informe de la Auditoría General de la Provincia que describió su gestión como un festival de irregularidades. En sus seis años al frente del municipio, Villalba habría hecho un uso poco convencional de los fondos públicos, con un faltante de 16 millones de pesos que nadie sabe exactamente a dónde fueron a parar.

Lo más llamativo es que, a pesar de semejante historial, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey no solo le permitió seguir en el cargo, sino que lo ayudó con adelantos de coparticipación y otros beneficios financieros. No todos tienen la suerte de contar con semejante respaldo.

Un intendente ausente y una caja con agujeros

Entre los hallazgos más curiosos del informe de la Auditoría, se destacó que Villalba trabajaba apenas 13 días cada dos meses, lo que suena más a un contrato de influencer que a la gestión de un municipio. Mientras tanto, los fondos para asistencia social se manejaban con la transparencia de una película de espías: sin registros, sin controles y con más agujeros que una red de pesca.

Pero la lista sigue. El municipio tenía una deuda por cobrar de 9,5 millones de pesos (casi su presupuesto anual), pero nadie parecía apurado por recuperar ese dinero. Eso sí, Villalba era generoso: condonaba deudas a diestra y siniestra, aunque la comuna tenía serios problemas para pagar sueldos.

Y si eso no fuera suficiente, la famosa «tasa de conservación del pavimento» resultó ser un enigma financiero. Había una diferencia de más de 600.000 pesos entre lo recaudado y lo efectivamente gastado en obras. La documentación brillaba por su ausencia, como tantas otras cosas en la gestión de Villalba.

La justicia espera (y espera… y espera)

Ahora, con la nueva postergación, habrá que esperar a que la agenda de los jueces lo permita. El tribunal, presidido por la jueza Soledad Rodríguez e integrado por Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos, deberá encontrar un nuevo hueco en su calendario para retomar el caso. Claro, si antes no aparece otro certificado médico, algún desperfecto técnico o una alineación de planetas que vuelva a interrumpir el proceso.

Mientras tanto, Villalba sigue disfrutando de su libertad, el abogado Iriarte de su reposo y los ciudadanos de Salvador Mazza de la incertidumbre de si alguna vez habrá justicia.