Además del impuesto inmobiliario municipal, las facturas de EDESA que ahora llegan de a dos, también incluyen tasas de alumbrado público. A pesar de que el parque de luminarias sigue siendo el mismo, se suman cada vez más usuarios al pago de este ítem. El contrato con LuSal, en la mira. De Washington a juicio político?
Nicolás Bignante
El 19 de marzo pasado, a partir de una investigación de este semanario, se conocieron las escandalosas maniobras que el municipio, en connivencia con EDESA, llevó a cabo para incorporar nuevos pagadores del Impuesto Inmobiliario. Amparándose en la figura de “parcelas urbanas provisorias” y equiparando el número de medidores con el de catastros, se incorporaron alrededor de 23 mil nuevos contribuyentes. Estos, a su vez, se sumaron a otros 25 mil que la gestión Romero ya había añadido a los padrones desde el inicio del mandato.
A pesar de los enormes sacudones del caso, que obligaron al Concejo Deliberante y al ENRESP a tomar cartas en el asunto, hasta ahora las miradas se posaron exclusivamente en el cobro irregular de tributos municipales. Sin embargo, en las facturas de EDESA, que ahora llegan de a dos o de a tres a un mismo domicilio, también se incluyen las tarifas de alumbrado público. Los montos por el servicio se mantuvieron a pesar de que, como se sabe, un poste de luz consume exactamente la misma energía, ya sea que esté en la esquina de una casa o en la vereda de un edificio de 50 departamentos.
Cada una de las “nuevas parcelas”, otrora nominadas como catastros, se convirtieron de facto en nuevos conjuntos de usuarios del alumbrado público. Un hecho que, si bien adquiere notoriedad a partir del escándalo de los catastros truchos, tiene larga data y obliga a revisar aspectos vidriosos del contrato entre el municipio y LuSal. De juicio político no hablar?
Montos ocultos
A pesar de la existencia de un contrato por diez años y de sucesivas redeterminaciones de precios, no se conocen en detalle los montos mensuales percibidos por la concesionaria desde el inicio de la prestación. En parte, esto se debe a que EDESA realiza el cobro directamente a los usuarios y transfiere esos montos a una cuenta de LuSal. El municipio, que no interviene en el proceso, recibe de EDESA apenas una nota en la que se detalla el consumo eléctrico del mes.
En este sentido EDESA actúa como socio de LuSal, ya que se lleva un porcentaje de la cobranza, garantizando no sólo una incobrabilidad del 0%, sino también la no intervención del municipio.
Esto, entre otras cosas, permite la violación flagrante del artículo 16 del contrato, en el que se establecen los montos del mismo y el régimen tarifario. En concreto, el texto de la concesión fija una suma mensual de $978.000 a valores de 2008. Desde entonces, cada una de las actualizaciones se concretó tomando en cuenta una fórmula polinómica que combina el crecimiento de distintos índices, entre los cuales están la inflación y el crecimiento en la cantidad de luminarias, que obviamente nunca nadie se tomó el trabajo de contabilizar. El monto mensual podría proyectarse al día de hoy en aproximadamente $10 millones.
Más catastros, las mismas luces
El artículo en cuestión deja en claro que el monto constituye un “valor máximo”, límite dentro del cual la Concesionaria debe facturar por el servicio prestado. En criollo, la tarifa debería variar de manera inversamente proporcional a la cantidad de usuarios. Esto es, a mayor cantidad de vecinos, tarifas más bajas; porque, como se dijo anteriormente, el servicio es el mismo, pero se divide entre más vecinos.
En términos demográficos, la población de la ciudad de Salta creció un 21,5% entre 2010 y 2020(de 535 mil a 650 mil aproximadamente). Un período caracterizado por la expansión de asentamientos, pero también por el desarrollo de loteos privados y la creación de nuevos barrios a partir de la entrega de viviendas estatales.
El punto es que los montos percibidos por LuSal se fueron ajustando de acuerdo a la fórmula establecida sin contemplar la evolución en la cantidad de catastros y medidores en la Ciudad de Salta. Resumiendo: Al contrario de lo que ocurre con las tasas municipales, en el caso del alumbrado público, las tarifas deberían bajar al existir un número mayor de catastros. En 14 años de vigencia del contrato ningún usuario en la ciudad de Salta puede presumir haber pagado menos a partir de esta situación.
La metodología aplicada por LuSal para el cobro unitario del servicio es similar a la implementada por EDESA. Se creó una tabla de usuarios dividida en tres categorías: C1 (residenciales), C2 (comerciales) Y C3 (industriales). Posteriormente se dividió la carga inicial por el número de usuarios existente en ese momento y se fijaron precios unitarios inamovibles. Los mismos se mantuvieron a pesar de que fueron incorporándose más catastros al ejido municipal.
Consumo sin control
En otro de los artículos del contrato, se establece que LuSal debe “eliminar todos los sistemas de encendido individuales (conexiones directas, fotocélulas individuales, etc.) ejecutando las redes de Alumbrado Público faltantes e instalando los correspondientes puestos de encendido completos”. La exigencia apunta a que la municipalidad pueda conocer con precisión el nivel de consumo eléctrico del alumbrado y llevar un control del mismo. Sin embargo, esto jamás se cumplió. No sólo existe un número desconocido pero considerable de luminarias sin medidores, sino que la mayoría de las licitaciones recientes apuntan a la compra de farolas con censor automático y mecanismos de encendido individual.
También establece el contrato que la limpieza de las columnas deberá efectuarse mediante un hidroarenado de las columnas y sus coronamientos. “Las partes metálicas deberán quedar libres de óxido, escamaciones, grasas o suciedades de cualquier naturaleza”, detalla el texto. La realidad, sin embargo, es que LuSal no cuenta al día de hoy con equipos de hidro arenado ni existe constancia alguna de que haya contratado dicho servicio.
Finalmente, uno de los incumplimientos más sobresalientes de la empresa tiene que ver con la transparencia en la información sobre la prestación del servicio. A los cinco meses de haberse celebrado el contrato, LuSal debió haber puesto en pleno servicio una base de datos, gráfica y de texto, para tener informatizadas todas las instalaciones del Área.
Se especificó además, que dicha base gráfica “deberá asentarse sobre un sistema georreferenciado, conteniendo toda la información sobre las características técnicas de las instalaciones (redes, soportes, luminarias, puestos de encendido, etc.)”. Nada de esto se llevó efectivamente a la práctica y por estos días no hay claridad sobre el nivel de consumo de cada unidad de Alumbrado.
La cantidad de Luminarias que a la fecha integran el parque de Alumbrado Público es también un completo misterio. Esta omisión no es menor si se tiene en cuenta que uno de los motivos que Lusal invoca para incrementar la tarifa es precisamente este. En definitiva, si LuSal dice que hay más lamparitas, todos pagamos más.
Haciendo memoria
El contrato actual, que hoy tiene a su cargo Bettina Romero, tiene su origen en una Licitación Nacional que tuvo por objeto la concesión de la prestación del servicio en toda la provincia. En efecto, esta licitación tuvo lugar durante la gestión del ex-gobernador Juan Carlos Romero, quien primero provincializó el servicio de mantenimiento de alumbrado público, el cuál hasta ese momento era de exclusiva responsabilidad municipal.
El proceso terminó por dilatarse y el actual senador optó por adjudicar la Puesta a Cero a EDESA y convocar a dos empresas para que conformaran una UTE a cargo del mantenimiento: Ilubaires S.A. y Mantelectric ICISA.
Con la llegada al poder de Juan Manuel Urtubey se crea la UNIREN, organismo encargado de revisar todos los contratos celebrados por Romero y encaminar la provincia hacia la tan pregonada descentralización. Su director, Emilio Rodriguez Tuñón, ordenó la suspensión del contrato con Ilubaires y Mantelectric. Años más tarde se convertiría en el director general y Apoderado de LuSal.
Con estos cambios, se habilitó a los municipios a continuar con el convenio de manera descentralizada, alternativa por la que se inclinó el jefe de la comuna más importante de la provincia, Miguel Ángel Isa.
Sin realizar un nuevo llamado a licitación pública, que era lo que hubiere correspondido, la UTE logró quedarse con el mantenimiento del parque más concentrado y en mejores condiciones de toda la provincia con una retribución más que interesante. Por un monto nada despreciable, la empresa se vio exenta de realizar costosos trabajos de mantenimiento y reparaciones en los remotos parajes del chaco salteño, la Puna o los Valles Calchaquíes.
Lo atamo’ con alambre, lo atamo’
La empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público no puede garantizar el cumplimiento de aspectos sustanciales del servicio, pero tampoco hace méritos en los detalles. A pesar de recibir cuantiosas sumas mensuales a través de las facturas de EDESA, el servicio muestra serias deficiencias.
Entre las tareas asignadas a LuSal en el contrato con la Municipalidad está también la de mantener y hacer funcionar correctamente los semáforos de la ciudad. Al igual que en muchos otros aspectos, el trabajo de la concesionaria no parece estar consustanciado con los montos que recibe mensualmente.
En Av. del Bicentenario y Paseo Güemes enchufaron los semáforos a una zapatilla eléctrica y la imagen, que se viralizó rápidamente, no pasó desapercibida para los transeúntes. Si así laburan en una de las zonas más dinámicas y turísticas de la ciudad ¿qué podemos esperar en los barrios?
