Siete integrantes de la comunidad Diaguita Kalchachí están siendo juzgados luego de oponerse hace 5 años al cierre de un camino vecinal que ordenó el empresario inmobiliario Carlos Robles. (Claudia Álvarez Ferreyra)
Entre los imputados hay miembros del Consejo de Ancianos. Se los acusa de los delitos de coacción por pedirles a obreros que se detuvieran, resistencia a la autoridad y por lesiones leves a la policía. Además se juzga a dos referentes comunales por desobediencia judicial. Fueron denunciados también por usurpación pero esa causa no se tratará en este juicio.
En Cachi, el empresario Carlos Robles mantiene desde hace años un conflicto por tierras con la comunidad diaguita. El delegado de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta e imputado en este caso, Ulises Yanes, sostuvo que los problemas comenzaron en 2010 cuando Robles, empresario inmobiliario, intentó desalojar a cinco familias indígenas. En ese momento hubo una orden de la fiscalía interviniente respaldándolo y la policía destruyó las casas de los originarios. “(Robles) tiene titularizado un territorio muy extenso que incluye al nevado de Cachi y los cerros que lo rodean, deben ser más de 30 mil hectáreas. No sabemos cómo de un día para otro se hizo de la titularidad registral de cerros de pastoreo que son de los hermanos de la comunidad”, dijo Yanes.
En 2014 Robles intentó cerrar un camino vecinal conocido como «el acceso al Cerro de La Virgen» que utiliza el pueblo de Cachi. La comunidad de Las Pailas se opuso, el empresario hizo una denuncia, y la policía reprimió a los y las indígenas.
La abogada Verónica Huber detalló que los imputados son seis miembros de la Comunidad Diaguita Kalchaquí Las Pailas, y un representante del Concejo de Participación Indígena de Los Molinos.
La abogada que patrocina a los y las diaguitas, Verónica Huber, explicó: «La comunidad Las Pailas es poseedora ancestral del territorio conforme resolución de relevamiento territorial, trató de impedir este cierre del camino. Robles pidió la intervención de la fiscalía que envió a la policía. Cuando la comunidad intentó dialogar con el personal policial a efectos de hacerles comprender que no resultaba posible el cierre del camino, alentados por el denunciante en una emboscada detuvieron a los dos representantes que estaban manteniendo el diálogo en ese momento, Yanes y Alancay, lo que generó un disturbio. Empezaron con la represión y la mayoría de los miembros de la comunidad diaguita Kalchaquí se retiró a los cerros cercanos».
«La policía detuvo a los ancianos de la comunidad que fueron los que quedaron a mano y no pudieron escapar, no tenían la velocidad para huir de la represión policial. A ellos se los imputó por lesiones a personal policial, daños: un casco roto y abolladuras en una camioneta, por coacción a personas indeterminadas hasta la fecha y por desobediencia judicial a dos de ellos”, dijo Huber. En ese momento también hubo un menor de edad detenido, y su causa fue prescripta.
El lunes, en la audiencia de juicio, la abogada Huber esgrimió que no tuvo acceso al legajo de la investigación y pidió la nulidad de toda prueba colectada sin que haya intervenido la defensa. También solicitó la anulación de la imputación por el delito de coacción y argumentó que no están identificadas las supuestas víctimas a las que se nombra como “obreros” de Carlos Robles. La fiscalía penal que conforma la parte acusadora, a cargo de Fedérico Jovanovic, pidió un cuarto intermedio hasta el martes para revisión de las actuaciones y contestar a la defensa. No se hizo lugar al planeo de nulidad, pero el fiscal reconoció que Huber no había tenido acceso a la documentación que precisaba, para garantizar el derecho a la defensa, se pospuso el juicio hasta septiembre.
El delegado Yanes consideró: «Se está vulnerando nuestro derecho como pueblo preexistente al estado. Estamos imputados por hacer uso de nuestros derechos. Nosotros como pueblo vamos a seguir resistiendo en territorio, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales. Si uno mira quiénes son los imputados, son miembros del Concejo de Ancianos, nosotros decimos ¿qué daños o lesiones pueden haber provocado a los policías? y ¿qué coacción pueden haber hecho a estos trabajadores que ha llevado Robles?. Los primeros detenidos fuimos nosotros y no sé en qué momento producimos lesiones a la policía, es todo incoherente», sostuvo Yanes, y añadió que en el momento de la represión «hubo hermanos heridos con balas de goma y golpeados. Hicimos las presentaciones legales pero a las denuncias que hacemos nosotros las pasan a archivo o no les dan curso».
Para la abogada Huber, el sistema judicial no comprende el significado de la posesión ancestral de las comunidades originarias y observa una situación de discriminación en la judicialización de los integrantes de la comunidad diaguita: «Hay una cuestión de discriminación, una visión que en vez de proteger a las comunidades, sector desprotegido especialmente vulnerable como establecen las reglas de Brasilia y que ha adoptado la Corte de Justicia de Salta, los criminaliza y le da prevalencia a las denuncias que hace la gente con un estatus mejor en lo económico- social». Comentó que en la causa «hablan de la existencia de armas, se secuestró una azada y tres botellas con combustible que llevan para el trabajo de campo». En lo que atañe a la situación de la propiedad indígena, la letrada agregó: “En el caso de Las Pailas ya tenían realizados los relevamientos, luego de finalizada la audiencia por la denuncia de usurpación y suspensión de desalojo que preventivamente había ordenado la fiscalía, el juez Héctor Hugo Martínez instó al INAE a resolver una cuestión que estaba esperando hace muchos años una resolución, cuando salió el juez reconoció la posesión ancestral».
Los imputados son Santos Alancay, Ulises Yanes, Ariel Prieto, Tomasa Viveros, Agustín Mamani, Quintín Cruz, y Esteban Cruz por “coacción en perjuicio de obreros” y “resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de personal policial”. A Ulises Yanes y Quintín Cruz se los hace comparecer por “desobediencia judicial en concurso real”.
