Familias de la comunidad de Cuchuy en el departamento San Martín quedarán aisladas por el desmonte de 10 mil hectáreas de bosque nativo, pese a estar en una zona donde por ley se prohíbe desmontar. Las empresas interesadas les hicieron firmar comodatos a los integrantes de las comunidad en una especie de “cesión de derechos”.
Pese a que se convocó a una Audiencia Pública para decidir sobre “la suerte de estas familias”, es lo que ocurre siempre con estas Audiencias, una especie de tramite, ya que las empresas interesadas hicieron firmar comodatos a criollos y a indígenas wichí, donde ceden el territorio a cambio de la donación de unas pocas hectáreas y 10 viviendas. El desmonte dejaría literalmente encerradas a las comunidades en medio de los monocultivos.
La audiencia convocada para “que quienes tengan interés o derecho, puedan expresarse sobre el impacto ambiental y social” de solicitudes de cambio de uso de suelo en la Finca Cuchuy, presentadas por los empresarios Alejandro Braun Peña (8.962 Ha) y Gastón Larrán (1.300 Ha). Pasa por alto sin embargo que es un departamento que, desde la sanción de la Ley de Bosques y hasta hoy, perdió más de 90 mil hectáreas.
El desmonte es casi un hecho, dado que tanto las familias wichí de la comunidad de Cuchuy como criollos campesinos habrían firmado actas acuerdo con las empresas interesadas cediendo el monte y el territorio a la explotación agropecuaria. A cambio, la empresa construiría 10 casas para las familias originarias de Cuchuy y les “donaría” 300 hectáreas en una esquina del lote. Este acuerdo no constituye ninguna pérdida para las empresas, sería incluso una ganancia ya que dejarían de pagar impuestos por un área que por ley deben dejar como reserva. Si bien los acuerdos señalan que las comunidades no renuncian al relevamiento de acuerdo a la Ley 26.160, resulta difícil imaginar la utilidad de una delimitación de su territorio sobre un área que ya va a estar desmontada y en producción agroindustrial.
A contramano de lo que establece la Ley de Bosques Nacional, la potencial autorización de desmonte en la fincas de Cuchuy, habilitaría desmontes en una zona categorizada como de alto y mediano valor de conservación (rojo y amarillo). Esto es posible gracias a una de las tantas “ambigüedades” de la normativa salteña, que señala, entre otras cosas, que la zonificación realizada es sólo de carácter “orientativo” y que puede ser modificada a nivel predial a criterio de la autoridad de aplicación, en base a la solicitud y estudios presentados por quienes pretenden el desmonte.
El llamado a Audiencia Pública para la autorización de desmonte en la finca Cuchuy fue publicado el pasado 11 de diciembre en el Boletín Oficial de Salta, avalado únicamente por los comodatos firmados por las familias. Una suerte de declaración pública que manifiesta que en la zona no hay conflicto por el territorio, y que por tanto da luz verde a que sobre ella avance el agronegocio.
