Son varios los ex intendentes que ya tienen condena y otros están en la fila. Tras la sentencia y arresto de Manuel Cornejo (Campo Quijano) parece que junto con Rosario de Lerma se quedarán en el podio, con causas están Sergio Ramos, Enrique Martínez (RL), y otros apuntan a Carlos Folloni y a Lino Yonar (CQ).

Pero la lista del valle es aún más amplia, con un pie en banquillo está Javier Wayar, intendente de La Merced, con denuncia en investigación Yolanda Vega, ex intendente de Cerrillos.

No todos son iguales, eso que quede claro, me viene a la memoria el ex intendente de La Merced, Juan Ángel Pérez, o el intendente de El Carril, Efraín Orozco, o el intendente de Chicoana, Esteban Ivetich y otros.

Pero que hay algunos que están rodeando la política de poder salteña, y que son “buscados” para que sigan ocupando cargos, no se puede negar.

Por lo pronto parece que la justicia local ya despertó y como parte de la condena también está la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Hay casos memorables, que aún esperan que los imputados pasen por los tribunales, mientras la ciudadanía tiene que convivir con jefes comunales que pasan de pobres a millonarios y sus pueblos se hunden en la miseria.

Las causas mas comunes que los afectan son el peculado y el enriquecimiento ilícito, aunque también los hubo por cuestiones vinculadas a la corrupción de menores e incluso trata de personas.

Julio Jalit, quien pasó de empleado de estación de servicio a multimillonario hacendado, terrateniente y empresario de transporte porque era “inteligente para robar”, según su decir.

Pero también jefes comunales como Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano, fue juzgado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real.

El ex jefe comunal de “El Portal de Los Andes”, tenía en su haber la condena a seis años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable por casos de corrupción como peculado e incumplimiento de deberes de funcionario. Cerca de 80 millones de pesos, cuando el dólar estaba a 19 pesos, y el robo de una camioneta comunal, fueron las causas que llevaron a Cornejo al banquillo de los acusados.

Angelina Lucía Canchi, exintendenta de Isla de Cañas, por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos), todos en concurso real.

Canchi fue condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva, que ya cumple en la Unidad Carcelaria 9 de Orán, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública.

El Tribunal de la Sala I condenó al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.

El exjefe comunal cumple la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y además se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

También fue condenado exintendente de Aguaray: Enrique Prado, quien fue uno de los autores de un plan criminal mediante el que se robaron caños del Gasoducto NEA y se comercializaron por montos largamente superiores a los 13 millones de dólares.

Prado está condenado, y la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.

El exintendente de Angastaco, Eduardo Díaz, fue condenado mediante un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de peculado en calidad de autor.

Corrupción de menores y trata de personas

Carlos Villalba, exintendente de Salvador Mazza, y Juan Rosario Mazzone, exjefe comunal de El Bordo, fueron intervenidos y apartados de sus cargos por hechos vinculados a la trata de personas y a la corrupción de menores, respectivamente.

El 15 de agosto de 2013 Carlos Villalba fue sorprendido en un prostíbulo de la capital salteña donde se explotaba y facilitaba la prostitución.

En el caso de Mazzone, fue condenado el 17 de febrero de 2017 por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores.

Mazzone había quedado envuelto en un escándalo en enero de 2015, cuando aparecieron fotos suyas vestido solo con un slip junto a dos chicas de 15 y 17 años de edad que se retrataron en ropa interior en su residencia. El entonces intendente sostuvo que no tenía conocimiento de la edad de las chicas y aseguró que se trataba de una “operación política de la oposición”.

Los suertudos

Algunos de los intendentes imputados por corrupción aún no tienen fecha de juicio.

En el caso del actual intendente por Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, está imputado por desvío de fondos públicos, pero la Justicia nunca pudo avanzar.

La causa data del 2013, cuando era intendente de Rosario de Lerma, y se lo acusa de peculado por el desvío de poco más de 340 mil pesos que en 2013 equivalían a 62.271 dólares, de esa época.

Julio Jalit, tristemente célebre por afirmar que “hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente”, está denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y peculado, entre otros delitos como intendente de Pichanal. El juez Francisco Oyarzú decidió la elevación a juicio, aunque aún no hay fecha.

Irregularidades en gestión

El exintendente de Salvador Mazza Rubén Méndez está imputado por varios hechos de corrupción, entre ellos asociación ilícita, peculado (3 hechos), enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Rita Carreras, exintendenta de Coronel Moldes, por su parte, está imputada por varios hechos de corrupción, ocurridos mientras se desempeñaba como intendenta de Coronel Moldes. Entre las irregularidades figuran la venta de un tractor de la comuna a un precio tres veces menor al de mercado, el destino de $1.379.800 que el municipio recibió para un vehículo, entre otras.

Y no eran gallinas

Daniel Soto, exintendente de Iruya se sentó en el banquillo de los acusados y escuchó su condena: Cuatro años de prisión por peculado (dos hechos).

Y la línea sigue
< La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para el intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y para los concejales Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico, por el delito de peculado, en calidad de partícipes necesarios. Las denuncias

Sobre Enrique Martínez y Yolanda Vega aún están en investigación las denuncias, aunque son muy sonoras las circunstancia de ambos, el caso de Martínez por los sushi y otras extravagancias, y el caso Vega por los loteos irregulares en Cerrillos.