La brecha entre las declaraciones y la realidad efectiva en materia de derechos territoriales indígenas es abismal en el país y la provincia. Junto con Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, Salta tiene la más alta conflictividad y es de las más mencionadas en informes internacionales. (Gonzalo Teruel)
“El programa de relevamiento territorial de Comunidades Indígenas fue un hecho importante del Congreso de la Nación que creó una gran expectativa en los indígenas de Argentina y un sentimiento de justicia en relación al histórico y permanente despojo de sus tierras y territorios”, declara altisonante un documento del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Sin embargo, a renglón seguido advierte que “no todos los aborígenes del país conocen la ley 26.160”. La paradoja es clara: está la ley pero se cumple poco.
Por el propio desconocimiento de las comunidades aborígenes y sus dirigentes y por el poco empeño de las autoridades nacionales y provinciales, existe una enorme distancia entre las declaraciones y el efectivo cumplimiento de los derechos territoriales de los indígenas. De hecho, ese es el título del informe de la Pastoral Indígena: La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas.
El ejemplo elegido por el Equipo de Pastoral es el de la provincia de Formosa dónde los indígenas “tienen 300 mil hectáreas, que han podido recuperar a partir de 1983, para más de 50 mil que viven en 180 comunidades (…) mientras que muchas familias no indígenas tienen más de 1.000 hectáreas y hasta 100 mil o 5 grandes empresarios tienen un total de más de 300 mil”. La injusta distribución de la tierra es patente en esta y en todas las provincias argentinas. En el caso de Salta, siempre según el documento en cuestión, sólo se relevaron 10 de las 383 comunidades existentes. En consecuencia, sólo el 2,61% de estas comunidades ancestrales fueron objeto de atención por parte de las autoridades.
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 para relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y proteger los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, poco se hizo al respecto y el año pasado un crítico informe de la Auditoría General de la Nación puso blanco sobre negro y denunció gravísimas fallas, retrasos e irregularidades en la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -que lleva adelante el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- principal herramienta pública destinada a la protección de los derechos indígenas.
En cumplimiento de tratados internacionales, la ley 26.160 suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento de dichas tierras. Para ello, destinó la suma de $10 millones por año, durante los 3 años siguientes, término que se suponía iba a durar el programa. “A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013 y destina $10 millones adicionales por cada uno de los 3 años posteriores a su sanción”, explica el informe de la Pastoral. A fin de año se cumplirán 7 años del establecimiento del programa -nunca terminado- y como concluye con la prórroga de la ley, cesará la suspensión de desalojos.
Preocupada por la “real de ejecución del relevamiento encargado al INAI” la Auditoria realizó una inspección y confirmó que “sólo se había concluido con el relevamiento de las tierras del 4,22% de las comunidades del país”. El informe elaborado por el organismo presidido por Leandro Despouy da cuenta de un “incumplimiento generalizado” en relación al reconocimiento de la propiedad y posesión de la tierra. Este incumplimiento fue confirmado por otros organismos oficiales como la Defensoría del Pueblo de la Nación o la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
¿INAI o INDEC?
Siguiendo a la Auditoría, la Pastoral Aborigen denunció en su último documento la “ausencia de información confiable” y la “falta de explicaciones”. En el mismo sentido, acusó al INAI de mostrar “una voluntad tendiente al ocultamiento de los datos básicos relativos a la marcha de la ejecución de su principal programa”. Para graficar esta situación, la Pastoral revela que “un comunicado oficial del INAI sostiene que se evitaron, con intervención ante la justicia, 14 mil desalojos” y explica que “la cifra sugiere que el organismo evitó un promedio de 9 desalojos por cada comunidad indígena del país, lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial”.
“El carácter fantasioso de esta cifra puede ilustrarse con el ejemplo de la provincia del Neuquén, en donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a unos 70 juicios (…) según este organismo habría evitado más de 500 desalojos en esa provincia, aunque no haya ninguna constancia de esa supuesta actividad”, asegura el documento elaborado por las huestes católicas. “Del mismo modo, es totalmente irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que de acuerdo al comunicado, el INAI habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy”, añade.
Cuando el INAI fue requerido legalmente para que informe acerca de cuales habrían sido esas 14 mil intervenciones que impidieron desalojos, el organismo no pudo citar el nombre de siquiera una sola comunidad o un solo juicio o juzgado en donde ello haya sucedido. “Y por supuesto, mucho menos pudo dar cuenta de lo ocurrido en los numerosos casos en donde los jueces ignoraron esta norma -la ley 26.160- y ordenaron el desalojo de las tierras comunitarias indígenas”, acusa, casi desde la ironía, el escrito de los especialistas de la Pastoral.
En agosto del año último, ante el Senado, los representantes del Instituto Indígena reconocieron que “podían exhibir cerca del 40% ejecutado del programa de relevamiento”. Ese porcentaje, 6 años después de sancionada la ley, no condice con otras estadísticas gubernamentales como las de la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería que ante Naciones Unidas informaron que “hasta mayo de 2012 se llevan relevadas 5 millones de hectáreas de las 15 a 18 millones que ocupan las comunidades (…) lo que arroja un porcentaje aproximado inferior a 10 puntos porcentuales”.
El resultado que arroja el relevamiento es decepcionante y justifica las numerosas críticas que diferentes organizaciones y comunidades indígenas han formulado. A 6 años de la sanción de la ley 26.160 menos del 10% del programa ha sido cumplido. “A este paso parecería que harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”, denunció el Equipo de Pastoral Indígena.
Salta, siempre Salta
La denuncia no termina en el INAI y las estructuras nacionales sino que alcanza, también, a los gobierno provinciales. “Las cifras son más impactantes si las sometemos a un análisis cualitativo y tomamos las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, mencionadas en informes internacionales. “En estas provincias está el 65% del total de comunidades indígenas del país y en ellas el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11%”, advierte el documento de la Iglesia.
“La actividad del INAI es menor allí en donde es alta la presencia indígena en el escenario provincial y son mayores los conflictos suscitados por las resistencias a la aplicación de los derechos indígenas por parte de los gobiernos provinciales o los terratenientes. Es decir, en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del INAI”, señala el crítico trabajo.
A continuación detalla la situación de Salta a la que define como “la provincia con mayor número -383- de comunidades a relevar”. “Concentra un alto número de conflictos originados sobre todo en el desconocimiento de la propiedad de las comunidades indígenas y los numerosos desmontes en sus territorios, de acuerdo a lo informado por el INAI. a fines de 2012 la última transferencia de fondos para el programa data de diciembre de 2009. En agosto de 2011 se firmó un nuevo convenio con el Estado provincial pero más de un año después todavía no se habían remitido fondos para continuar con el relevamiento”, puntualiza mostrando las responsabilidades compartidas entre el gobierno local y el federal.
