Aseguran que las amenazas contra Teresita Frias se dieron luego de una nota en la informaban que el senador D’Auría estaba junto a otras personas tomando y violando la cuarentena.
La Multisectorial de Mujeres de Salta y organizaciones emitieron un comunicado en donde manifiestan su solidaridad con la comunicadora que ya había sido violentada por el economista Milei. Ahora aseguran que fue amenazada luego que se difundiera información sobre el senador
Aquí el escrito en donde se cuentan los hechos.
Nos solidarizamos con la periodista feminista Teresita Frías, de San José de Metán y repudiamos los hechos de violencia de género, violencia mediática y violencia institucional, que padece desde hace meses atrás.
Es llamativo, que los agravios hacia la periodista, a través de las redes sociales, primero, comenzaran luego de una nota publicada en la página web de canal7salta.com,de fecha 31/03/2020,’’Escándalo: se confirmó que el senador D’Auría estaba junto a otras personas tomando y violando la cuarentena. La policía, no hizo nada’’ Las imágenes que acompañan la nota, corroboran la noticia.
La nota, describe la violación del Decreto Presidencial por el que se establecía, en todo el país, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la Resolución 001 de la Municipalidad de San José de Metán, prohibiendo el expendio de bebidas alcohólicas. Se explaya, describiendo el desinterés de la policía metanense, quien, en todo momento, hizo caso omiso a los múltiples llamados de vecinxs, e incluso, mintiendo, cuando la periodista se hizo presente en el local del senador.
Finalmente, D’auría reconoció que había participado en una reunión social llevada a cabo en su local partidario y se comunicó con un colega de Teresita Frías,para que le advirtiera ’’no hacer pública esa situación’’, en un expreso ataque a la libertad de expresión.
La violencia contra la periodista, recrudeció ya de manera personal,a partir de la publicación de notas, sobre individuxs ligadxs al senador D’Auría y/o al intendente de Metán por el Frente de Todos,José María Issa, ‘’María José Bernis: la militancia de una ñoqui VIP’’ y ‘’Acusan a una puntera política,(Graciela Rodríguez) mandar a romper un Horno Solidario ,porque la gente le pidió que no se saque fotos y las suba a las redes’’, entre otras.
Las agresiones, insultos, amenazas de muerte, ladrillazos contra las ventanas de su departamento, debidamente documentadas, provienen de una pareja de vecinxs de la periodista, quien fue,brutalmente difamada, en un programa de radio conducido por el corresponsal del diario El Tribuno en San José de Metán, Adrián Quiroga. Poco afecto a honrar la profesión, Quiroga, se explayó preguntando y repreguntando a la vecina agresora, sobre datos personales de la periodista, hablando de sus hijxs menores, en abierto desprecio a lo normado por la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, Ley Provincial 7888 de Protección contra la violencia de género y Tratados Internacionales con rango constitucional como la Convencion para la Eliminacion de todas las Formas de Discriminaciòn contra la Mujer – CEDAW, Convenciòn Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convenciòn sobre los Derecho del Niño; Ley de Protecciòn Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Probablemente, el periodista Adrián Quiroga ignore, que incurrió en violencia de género y violencia mediática, según las prescripciones de la normativa vigente.
Al término de esa deplorable nota, la agresora entrevistada, agradeció a la puntera política mencionada y al senador Héctor Daniel D’Auría, del bloque Salta Tiene Futuro. La agresora, tendría un puesto de ventas, en el predio de una de las ferias, propiedad del senador y que esta a cargo es Graciela Rodriguez. Demasiadas coincidencias.
El esposo de la agresora, se sumó a violentar a la periodista, con insultos, gritos, amenazas de muerte y ladrillazos. En una de las oportunidades, una de las esquirlas de ladrillo, cayó sobre la cama donde habitualmente, duerme unx de lxs hijxs de Teresita.
La periodista, radicó denuncias ante la policía y fiscalías de Metán, organismos que no tomaron medida alguna de protección y seguridad, para ella y sus hijxs menores.Como en un libreto guionado, conocido por las feministas que nos involucramos en el trabajo de protección de los derechos de las mujeres, la pareja agresora, comenzó la rutina de las contradenuncias.
En la comisaría le sugieren a Frías, cambiar de domicilio,el Ministro de Seguridad Pulleiro afirma que no se puede otorgar custodia por falta de personal. Este Ministerio tiene bajo su órbita y responsabilidad ‘’Brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, información, orientación, contención y asesoramiento en temáticas relacionadas con delitos contra la integridad sexual de la mujer, doméstica, maltrato y abuso infanto-juvenil. Diseñar planes y programas de atención multidisciplinaria para la debida asistencia de mujeres víctimas de violencia de género, coordinando con los organismos públicos que correspondan las acciones tendientes a la prevención, abordaje y eventuales alternativas de solución’.’
El Fiscal Gonzalo Gómez Amado se niega a entregar las actuaciones de las contradenuncias y no controla la múltiples violaciones de las medidas judiciales, de parte del matrimonio denunciado, la fiscala auxiliar, ’’entiende’ ’que la situación es conflicto entre vecinxs -no violencia de género- y amerita una mediación. Para cerrar el círculo perverso de la violencia institucional, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, reproduce en su sitio web personal,’’Justicia para Argentina’’, la nota del medio Canal 7 Salta ,bajo el título ‘’Amenazan de muerte y atacan a una periodista. Una de sus agresoras violó una orden judicial, pero no fue imputada’’. La solidaridad, en casos de violencia machista, social e institucional, es uno de los vínculos amorosos que tejemos entre iguales. Un efector de justicia, de ese rango y función, debiera estar dando instrucciones a sus subalternxs, para que se lleven a cabo de manera ejecutiva, los procedimientos legales pertinentes, que un caso tan grave como este, requiere.
El caso de Teresita Frías, quién resolvió, hace tiempo, ejercer un periodismo valiente, sin concesiones a los poderes instituidos y poderes fácticos, es el cuadro del itinerario indeseado, la ruta crítica que deben transitar miles y miles de mujeres, quienes deciden romper el silencio y enfrentar al sistema machista y de subordinación sobre el que se cimenta el patriarcado.Las negativas a tomar las denuncias en tiempo y forma,o no tomarlas,la discrecionalidad en la redacción de las denuncias de parte de lxs efectivxs policiales, la arbitrariedad en el abordaje de los casos de violencia de género, de parte de lxs efectorxs de justicia, configuran la muralla, en esa ruta crítica, que impide el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de ciudadanía de mujeres violentadas.
Pareciera que, fuera de los discursos de ocasión, los derechos de niñas, mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias ,niñas y mujeres originarias, migrantes, por los que continúa luchando el movimiento feminista, no son reconocidos explícitamente, en esta provincia.
En virtud de los muchos y frecuentes pedidos de auxilio,de mujeres víctimas de violencia de género en toda la provincia ,realizados a las organizaciones feministas como las nuestras, estamos en condiciones de asegurar, que el Informe dado a conocer por el Ministerio de Seguridad el 05/01/2021,’’ El Gobierno fortaleció las políticas de seguridad en la lucha contra la violencia de género’’, carece de veracidad o no se ajusta a la realidad. Que el gobierno de la provincia, haya resuelto asignar $ 15 millones, para erradicar todas las formas de violencia contra niñas, mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias, migrantes, niñas y mujeres originarias, sobre un total de $ 157 mil millones, es una señal evidente, que las políticas públicas para la construcción de una sociedad igualitaria, no son una prioridad.
Por las razones expuestas, hacemos responsables de la vida y seguridad de la periodista feminista,Teresita Frías, al gobernador Gustavo Sáenz, al Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, eventualmente, al senador Héctor Daniel D’Auría,al intendente de Metán José María Issa,al Procurador General de la Provincia,Abel Cornejo,a la policía de Metán,al fiscal Gonzalo Gómez Amado y a toda otra persona, que, por acción u omisión,no actuare de acuerdo a nuestro corpus normativo.
