Tras la denuncia penal contra el jefe de Policía, la interna recrudeció en la fuerza. Los viejos conflictos que forman parte de una trama que pocos quieren recordar.
“El acoso a Yanina Gay esconde una cuestión bastante grave: la vinculación de ciertos jefes con el narcotráfico”. La frase pertenece a Pablo Cardozo, el abogado de la agente que denunció penalmente al jefe de Policía de Salta, Ángel Silvestre, por desobediencia judicial.
Con esa declaración el defensor de Yanina Gay explicó el trasfondo de la persecución a la mujer. Nadie se esperaba semejante bomba a principios de año. Ni los cronistas policiales ni los funcionarios de la cartera de Seguridad. Pero la cosa no venía para nada bien. La gota que colmó el vaso fue la resolución Nº 6.954 de la Jefatura pidiendo separar de la fuerza a la agente, que desde 2016 tenía permiso para gozar de licencia. La mujer venia de denunciar a Juan Carlos Miguez por violencia de género y ahora apuntó contra Silvestre.
El jefe de Policía en declaraciones a la prensa dijo que cumplieron todos los pasos correspondientes, que Gay incurrió en una “falta grave” y ratificó que debe ser destituida. Desde el lado ministerial y en sintonía con esto, el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero en una entrevista televisiva señaló que Yanina Gay, con sus denuncias, generó una gran conflictividad interna. Lo dicho por Ovejero en rigor es así: la agente recrudeció la situación al interior de la fuerza y abrió un nuevo capítulo en la interna policial. Fundamentalmente porque marcó una fuerte contradicción con la oficialidad.
Los cruces violentos en una corporación tan compleja como la policía deben ser tomados con lupa. Veamos, algunos detalles.
Miguez
La denuncia colocó en la opinión pública un nombre conocido por los que siguen las crónicas de este semanario. Hablamos de Juan Carlos Miguez, actualmente con licencia en la fuerza. Miguez es de esos policías que si no fuera por las altas insignias que porta pasaría desapercibido. Llegó a la Unidad Regional 4 de la mano de Marcelo Lami a principios de 2015 pero desde antes ya formaba parte de la cúpula policial: ocupó el cargo de Director de Investigaciones y fue varios años miembro de la Brigada. Según fuentes calificadas, en esos lugares se especializó en administrar “carpetas” y manejar información calificada sobre narcotráfico y otros delitos pesados.
La mancha pública más grande y la confirmación de lo dicho anteriormente la tuvo allá por 2013, cuando cayó en desgracia el ahora encarcelado “narco policía” Gabriel Giménez. El exespía de confianza de Aldo Rogelio Saravia y Pablo Kosiner en un manuscrito que entregó al juez federal Julio Bavio señaló a Miguez (y a otros) como uno de los que se encargaba de digitar las “pinchaduras telefónicas” y las tareas de seguimiento que realizaba la policía.
Luego fue denunciado penalmente por Yanina Gay, que prestaba servicios en la comisaría de General Mosconi. “El pasado 22 de agosto llegó para mí y para la sargento ayudante Iris Ninna una orden de traslado. No entendíamos los motivos de ese traslado compulsivo hasta que un superior de la dependencia me explicó que la sargento Paola Romero, esposa del policía Sebastián Ortiz, quien está prófugo, había elevado un informe al jefe de Unidad Juan Carlos Miguez manifestándole que la sargento Ninna, otra agente y yo estábamos haciendo un complot en su contra. Miguez, sin dialogar con nosotras ni con nuestros superiores inmediatos, decidió sacarnos de Mosconi y mandarnos a otras dependencias”, denunció a la prensa la mujer.
Miguez, además, según indica su legajo, estuvo involucrado en el 2010 en un robo pero pudo zafar.
El tiroteo con Gendarmería
Nos detengamos en Sebastián Ortiz. El efectivo de la comisaria 42, aparece involucrado en un hecho que pinta por entero el calibre de lo que hablamos. Ocurrió en 2016, cuando una banda de narcos integrada por policías y civiles no sólo se escapó de Gendarmería sino que golpeó y tomó de rehén a un gendarme e incluso robó aparatos de comunicación y armas de los efectivos del Escuadrón 54.
Entre los involucrados se encontraban Sebastián Alejandro Ortiz y René Gareca, ambos conocidos policías. El primero conducía un Ford Fiesta que iba adelante de una Toyota Hilux, la camioneta que era conducía por Gareca y que transportaba un gran cargamento de cocaína. Todos eran de la zona: Ortiz es hermano de uno de los que aparece acusado de integrar una banda de sicarios que ejecutó a tres personas en el “triple crimen de Acambuco”, a su vez, es pareja de la cabo Claudia Romero que, casualmente, es la propietaria del Ford Fiesta. Rene Gareca, es un policía retirado y la Hilux estaba a su nombre. Junto a ellos estaba Marcos Sebastián Sanguino un tipo que ya estuvo preso por narcotráfico.
El defensor de la perseguida
Pablo Cardozo, es abogado y fue policía. Estuvo en el motín que se armó años atrás en la institución y en varias oportunidades cruzó a Miguez. Afirma que una “gran cantidad de suboficiales, oficiales y jefes que prestan servicios en la Unidad Regional 4 conforman una banda dedicada al narcotráfico”.
Y en relación al hecho mencionado dos párrafos atrás, en declaraciones a El Tribuno dijo que “hay una clara intención del jefe de la Unidad 4 de proteger a dos suboficiales de apellido Romero, una de las cuales es pareja del policía Sebastián Ortiz, prófugo por narcotráfico (…) otra comisario -superior de las hermanas Romero- es familiar directo del prófugo Ortiz y a su vez esposa de un hombre muy peligroso que tiene vínculos con esta actividad delictiva”.
Esas declaraciones pusieron en la mira a la Unidad Regional responsable de los departamentos de San Martin y Rivadavia, que cuenta con un gran arsenal de armas y un renovado parque automotor. Declaraciones similares a las de Cardozo, años atrás, ya las había realizado el “lobo” Sosa, un expolicía que tendría elementos para engrosar la trama del regenteo que realiza la institución policial de la venta de drogas y armas en el norte provincial.
¿Qué va a pasar?
Es impredecible lo que pueda ocurrir, aunque claro está que tanto la cúpula policial como la cartera de Seguridad se encuentran muy comprometidas. Y si bien cuando realizan declaraciones simulan estar tranquilos lo cierto es que están en una situación para nada fácil ya que la denuncia puede envalentonar a otros subordinados.
Un tren de conjeturas podría cansar al lector pero el paso de los días seguramente aportará datos a una pelea, que nada tiene de inocente.
Por M.A.
