El abogado Raymundo Sosa vinculado a casos de corrupción durante el romerismo y a casos de lesa humanidad durante la dictadura; es el representante legal de la líder de la Tupac Amaru de Jujuy, Milagro Sala, acusada de amenazar al senador radical Gerardo Morales.
Señalado en distintas causas por violaciones a los derechos humanos cometido durante la última dictadura por su vínculo con quién fuera juez federal durante esos años, Ricardo Lona; Raymundo Sosa también tiene en su haber sus estrechos vínculos con el exgobernador Romero del que fue abogado y con el que comparte una causa judicial. Por esto último en julio del año pasado debió prestar declaración en la justicia.
La misma está relacionada con la ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos. Un caso ocurrido hace más de veinte años y que empezó cuando la planta destiladora de bórax dejó de funcionar por las denuncias efectuadas por los vecinos que sostenían que eran diversos los problemas de salud que la contaminación provocaba.
La empresa retiró la planta en 1993 y seis años después Sosa compró el terreno en 160.000 mil dólares. Según la documentación que posee el juez de la causa, Raymundo Sosa compró en 160.000 dólares las cuatro hectáreas el 8 de julio de 1.999 a Carlos Alberto Elías (entonces presidente de Industrias Químicas Baradero S.A.) y en un lapso menor a dos meses Sosa ofreció en venta dicho terreno al estado provincial a través del Instituto Provincial de la Vivienda. El negociado se concretó el 27 de diciembre del 2000 cuando por medio de la resolución 869 el gobierno autorizó pagar la suma de 580 mil pesos por el mismo terreno lo que significó para el abogado del ex gobernador una ganancia de 420.000 pesos.
Sosa también quedó involucrado en la causa judicial “La Ciénaga” en noviembre del 2014 por el fiscal 9, Rodrigo González Miralpeix, que solicitó al Juzgado la imputación formal de Alberto Raymundo Sosa como “co autor del delito de peculado”. Para el fiscal Miralpeix, la intervención de Sosa fue “imprescindible” para que Romero junto a su hijo pudiera apropiarse de las tierras de La Ciénaga: unas 90 hectáreas que el Estado había adquirido para construir viviendas sociales pero que terminaron en manos de la familia del exgobenador.
