La Auditoría de la Nación confirmó que la Ley de Bosques fracasa en Salta: categorizaciones que violan la ley y escaso control confirman que Urtubey y Romero protagonizan pugilatos verbales que esconden un profunda coincidencia: favorecer a sojeros y madereros que desmontan a diestra y siniestra. (Daniel Avalos)
El informe está firmado en octubre del 2013 aunque se publicó hace unas semanas en la web de la Auditoría General de la Nación. Se trata de 201 páginas que evalúan la implementación de la ley 26.331, conocida como la Ley de Bosques. Para ello, los técnicos se tomaron diez meses de trabajo de campo (septiembre del 2012 a julio del 2013) evaluando lo ocurrido en Santiago del Estero y Salta por ser las provincias que poseen regiones con mayor valor de conservación y, por ello mismo, las que recibieron mayor financiamiento nacional para el enriquecer y conservar los bosques nativos.
Prescindamos de lo ocurrido en Santiago para detenernos en Salta. Es pertinente hacerlo por una cuestión de espacio, pero también porque la lógica de lo ocurrido en uno y otro lugar es la misma, como así también los resultados: aunque la importancia de la Ley radica en establecer instrumentos orientados a controlar la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria, nuestra provincia practica las re categorizaciones que implican desmontes para zonas que originalmente debían no desmontarse aún cuando la ley que así lo dispone, posibilitó también que, entre el 2010 y el 2013, Salta percibiera casi 150 millones para lograr lo que no ha logrado.
La emergencia romerista
El fracaso no obedece a la clásica somnolencia “U”, sino a una clara y monitoreada intencionalidad que caracterizó al gobierno de J.C. Romero y goza de buena salud con J.M. Urtubey: burlarse de la ley para favorecer a los intereses sojeros y madereros que desmontan a diestra y siniestre.
Distintos documentos permiten reconstruir el proceso. Según el informe de los auditores, en el Censo Agropecuario de 1937 la superficie efectiva de bosques nativos era de 37.535.308. La misma fuente consigna que entre ese 1937 y 1987 se desmontaron 2.355.308 de ese total. Cifra que entre 1988 y el año 2006 se extendió a otras 6.452.853 hectáreas. Las provincias que más aportaron a esa cifra fueron Salta y Santiago del Estero. En el caso salteño y según información de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y el 2002 las hectáreas desmontadas fueron 194.386, mientras entre el año 2002 y el 2006, los desmontes llegaron a las 414.934 hectáreas. Otras fuentes actualizadas al año 2007, también permitieron a Cuarto Poder ilustrar mejor esa realidad salteña que desde los 90 para acá no deja de experimentar un gran incremento del tonelaje de soja cultivada: pasaron de 392.850 en 1999 a 1.291.020 en el 2007 (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación). La Dirección General de Estadísticas de Salta también coloreaban el proceso: en el año 1999 el valor exportado de productos salteños tenía en las oleaginosas sólo el 2,1% del total; porcentaje que llegó al 10,3% en 2007; cifra sólo superada por el rubro combustibles y aceites minerales (42,7%) y hortalizas y legumbres, que alcanzó el 13,7%. Rubro este último que, sin embargo, en 1999 representaba el 24,4% del total. (Cuarto Poder, 15/08/ 2009, pág. 16)
En medio de esa tendencia, dos momentos claves del gobierno de Juan C. Romero motivaron al por entonces diputado nacional “K” Miguel Bonasso a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques. El primero ocurrió en abril de 2005, cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” provincial protegida” y vendidos en lotes subdivididos en siete parcelas, de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre del 2007 y el mismo Miguel Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (Miguel Bonasso: “El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262).
Ante ello, el 21 de noviembre del 2007, el senado nacional dio la media sanción que mezquinaba desde junio de ese año cuando la ley fue aprobada por los diputados de la nación. La ley reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que se realizara un ordenamiento territorial que debía establecer qué selvas debían preservarse sin alteración alguna (identificadas en color rojo), cuales podían desmontarse parcialmente (identificada con el color amarillo) y cuáles eran los bosques que podían talarse sin restricciones (identificadas con el color verde). También establecía presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, disponiendo de un régimen de fomento y criterios para la distribución del dinero.
La ley y la trampa “U”
La sanción de la ley de bosques coincidió con el inicio de la era de un Gobernador que, mientras hacía uso de una retórica ambientalista, promovía en los hechos la política de su predecesor. En diciembre del 2008, Urtubey impulsó la aprobación de la ley provincial de Ordenamiento Territorial que desconocía la originalmente redactada por un equipo técnico conformado por académicos de la U.N.Sa porque optó por el redactado por los senadores provinciales entre los que se destacaba entonces el sojero Alfredo Olmedo. Tal proyecto, por supuesto, incrementaba enormemente la superficie pasible de desmontar.
Otra de las trampas legalizadas por el actual gobierno, fue ahora confirmada por los auditores de la nación. Y es que el artículo 17 de la ley salteña contempla la re categorización de zonas: “La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”. ¿Qué es lo que observan los auditores nacionales? Que la ley salteña contemplan “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”. Los auditores ejemplifican la situación con varios casos, aunque acá citaremos algunos casos vinculados a los departamentos que más sufren los desmontes.
En Anta, un predio de 1.823 hectáreas categorizado originalmente en rojo, luego fue re categorizado con sólo 428 hectáreas (19%) de rojo, 263 hectáreas en amarillo (11%) y 1593 hectáreas en verde (70%); otro predio de San Martín experimentó la milagrosa transformación: de un total de 11.084 hectáreas categorizadas originalmente como amarillas, luego quedaron en rojo 2.028 hectáreas (18%) y en verde 9.242 hectáreas (82%); Rivadavia también tiene lo suyo: un predio de 12.028 hectáreas que estaba catalogado como amarillo, luego se convirtió en un 15% (1.832 hectáreas) en rojo y en un 85% en verde (10.196 hectáreas); otro ejemplo de Rivadavia: un predio de 6.968 hectáreas categorizadas como amarillo luego quedó dividido en 1.062 hectáreas (15%) de rojo, y 5.096 hectáreas (85%) en verde. Último ejemplo: un predio de Anta de 14.508 que estaban en rojo, luego se transformó en un predio con sólo 4.580 hectáreas en ese color, mientras las restantes 9.928 hectáreas pasaron a ser verdes y aptas de desmonte total.
Los ejemplos se repiten para distintos departamentos de la provincia, pero resumamos el proceso señalando que los auditores de la nación detectaron más de 14.000 hectáreas. Otras organizaciones aportan mayores datos. El pasado martes 20 de mayo, las organizaciones ambientalistas FARN, Vida Silvestre y Greenpeace, remitieron al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental y a la Directora de Bosques. La nota denunciaba el incumplimiento de la ley de Bosques por las provincias de Salta y Neuquen y con respecto a la nuestra, precisaban lo siguiente: “según podemos estimar por datos oficiales y de organizaciones sociales, en la provincia de Salta ya se desmontaron más de 400.000 hectáreas, de la cuales cerca de 120.000 se trataban de zonas protegidas. En ese sentido, resulta sumamente grave que el gobierno provincial realice en forma sistemática re categorizaciones prediales que modifican, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial”.
Para una indignación aún mayor, Página 12 reseño en su edición del viernes 23 de mayo algunos de los nombres de propietarios de fincas que también lograron re categorizaciones del Estado salteño: Finca El Carmen, cerca de la ciudad de Embarcación, tiene 7407 hectáreas que estaba clasificada en la categoría amarillo, aunque el gobierno salteño autorizó el cambio a categoría verde de 3327 hectáreas. Finca Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín abarca cerca de 10 mil hectáreas de superficie clasificada en las categorías rojo y amarillo, pero los propietarios Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la CABA) y Alejandro Jaime Braun Peña solicitaron al gobierno salteño el cambio a la categoría verde para desmontar 8962 hectáreas de las cuales se les otorgó permiso para 5316. La Finca El Yuto tiene 20 mil hectáreas en San Martín, es propiedad del empresario Franco Macri y sus hijos (entre ellos Mauricio), fue clasificada como categoría amarillo pero el administrador ya pidió el desmonte de 8163 hectáreas para explotación agrícola. La Finca La Maravilla abarca 6191 hectáreas y es propiedad de la empresa Spinica S.A., cuyo directorio está integrado por Alejandro Roggio que logró de la provincia los autorizó a desmontar 1423 hectáreas. El establecimiento Agrobari S.A., del empresario portugués Joào Pereira Coutiño tiene una extensión de 30.000 hectáreas en el departamento de Anta y pidió permiso para desforestar 7259 hectáreas. Otras fincas con permisos de desmonte son La Peregrina, (7054 hectáreas); Santo Domingo o Palo Santo (3289); Nuevo Horizonte (9103), La Charqueada (1593); Establecimiento San Francisco (5779) y Establecimiento Ganadero Los Pozos (4184 hectáreas).
Plata tirada o sólo embolsada
Que la voracidad sojera es superior a las buenas intenciones de la ley, también ha sido consignado por los auditores. Y es que para controlar la disminución de la superficie de bosques nativos y fomentar las actividades de conservación o restauración de los mismos, la ley dispuso de un fondo destinado al cumplimiento de esos objetivos. El dinero proviene, entre otros rubros, del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Un 30% de ese dinero se transfiere a las provincias para desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos. El 70% restante para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos: un aporte no reintegrable que es abonado por hectárea, de manera anual, de acuerdo a la categorización del bosque y previa obligación de los titulares de realizar un Plan de Manejo y Conservación aprobado por la autoridad de aplicación de la ley.
Lo que ha recibido la provincia en ese concepto es bien importante: $149.515.304 entre el 2010 y el 2013 discriminado de la siguiente manera: $28.034.993 en el 2010; $44.650.594 en el 2011; $42.416.960 en el 2012 y $34.412.757 en el 2013. Semejantes montos no garantizaron ni efectividad en el manejo de los recursos ni control de la deforestación. Para el primer caso, los auditores denunciaron demoras “en la ejecución de todos los proyectos”, aclarando también “que en Salta la mayoría de los proyectos vigentes son planes de formulación (orientados al relevamiento de la línea de base ambiental y no a la ejecución de acciones de conservación o manejo sustentable propiamente dichas)”. Con respecto a la compensación a propietarios por no deforestar, los auditores concluyeron que acá los “porcentajes son extremadamente bajos (…) alcanzando un valor máximo en 2013 apenas inferior al 10%”. Lo que los auditores no mencionaron es que ya hubo un escándalo de corrupción a nivel provincial con ese dinero. Ocurrió durante la gestión de Francisco López Sastre al frente del Ministerio de Ambiente, cuando se denunciaron las irregularidades en la asignación de los fondos.
En definitiva, los instrumentos de gestión de la Ley de Bosques fueron tan mal usados que de acuerdo a los auditores, se dieron deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley 26.331 y la aprobación de la ley provincial, como así también en el periodo que va desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011. En general, dice el documento, “hay una tendencia a la disminución en el ritmo de pérdida de la superficie de bosque nativo, aunque a un ritmo muy lento”. La vieja y fundamental pregunta se impone ¿por qué? La respuesta la dio hace casi una década el rey de la soja: Alfredo Olmedo padre: “Tenemos que observar qué consume el mundo y ver si eso se puede producir en nuestra zona” (La Nación, 18/11/06). El mundo, es decir el mercado mundial, quiere productos primarios y los terratenientes salteños y foráneos se valen del Estado para apropiarse de la tierra, desmontan y proveen esos productos al mundo.
El resultado es justamente lo que todos sabemos: rentabilidad asombrosa para pocos, avance de la desforestación, tecnología de punta para ir asesinando la tierra, monocultivo… y hombres, muchos hombres, que sobran.
