Raúl Reynoso -juez detenido por liberar narcos a cambio de coimas- pidió no ser trasladado a la prisión de Güemes. Ocurrió cuando el CELS que conduce Horacio Verbitsky le dedico páginas en el informe 2016 de la prestigiosa institución.
El capítulo que dedica una sección al juez federal de Orán actualmente detenido se titula “La construcción de una agenda regresiva en torno de la cuestión narco” y lleva las firmas de Manuel Tufró, Victoria Darraidou, Agustina Lloret, Juliana Miranda y Florencia Sotelo. El marco en que lo cita es el debate que desde hace años atraviesa a la sociedad en su conjunto y la justicia en particular, para acabar con la porosidad de la frontera norte del país y las diferentes propuestas para “blindarla”. De allí que se especificara que los debates sobre la radarización y el envío de militares para tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad43 se enmarcan en esta cuestión.
Justamente allí parece le caso Reynoso que a continuación transcribimos: “Los jueces federales del Noroeste Argentino (NOA) y el Nordeste Argentino (NEA) se cuentan entre quienes más han trabajado para instalar un clima de alarma, aprovechando la preocupación pública para pedir más recursos humanos y financieros. En 2013 la CSJN se hizo eco de sus reclamos y los amplificó, instalándose como un actor político en el debate.
Raúl Reynoso, juez federal de Orán, Salta, fue particularmente activo. En reiteradas oportunidades Reynoso se presentó ante los medios de comunicación como ejemplo de funcionario judicial heroico que, ante la falta de recursos, llevaba adelante una lucha quijotesca contra las grandes mafias del narcotráfico. También se transformó en un referente entre sus pares. Fue anfitrión de la segunda reunión de jueces federales del NEA y del NOA, realizada en Orán en mayo de 2014, ocasión en la que los magistrados renovaron la voz de alarma por el avance del narcotráfico y los reclamos por mayores recursos. En septiembre del mismo año, disertó sobre el “cuadro de situación actualizado e integral del narcotráfico” ante un auditorio de jueces federales en Formosa y en diciembre formó parte del panel de presentación de un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los problemas de los pasos fronterizos. En octubre de 2015, Reynoso fue invitado a participar del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el evento que reúne a los principales empresarios y referentes políticos del país. Cuando para esas fechas la CSJN creó la “comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico”, convocó a Reynoso para integrarla, aunque luego dio marcha atrás ante las advertencias emanadas desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación en torno a las causas judiciales que lo involucraban.
En noviembre de 2015, tomó estado público una denuncia contra Reynoso, como consecuencia de un allanamiento a su despacho. La acusación fue impulsada por el fiscal federal nº 2 y fiscal coordinador del distrito Salta, Eduardo José Villalba, y por el titular de la Procunar, Diego Iglesias. El juez que intervino fue Julio Leonardo Bavío. Reynoso está sospechado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a “la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintas personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas”.
Los acusadores sospechan que un grupo de abogados –entre los que se cuentan defensores de personas indagadas por Reynoso en causas relacionadas con narcocriminalidad– habrían actuado como intermediarios entre el juez federal y los procesados, que recibieron distintos beneficios a cambio de dádivas. También entre estos abogados mediadores hay familiares de Reynoso e incluso el jefe de despacho de su juzgado. Todos ellos, según señalan los fiscales, “se vieron favorecidos con el producto económico generado con el actuar disvalioso”.
Uno de los casos investigados es el de un acusado de narcotráfico detenido por Reynoso que le habría entregado una finca ubicada en el departamento de Rivadavia, Salta. Lo habría hecho como forma de pago para lograr su liberación y el dictado de una falta de mérito que luego se convertiría en un sobreseimiento. La sospecha de los acusadores es que se habría simulado dos veces la venta de la finca, para de esta manera ocultar la entrega de dádivas al magistrado a cambio de los beneficios procesales para el acusado. Se sospecha que Reynoso benefició a personas detenidas por narcotráfico en al menos once causas judiciales (…)
Cuando trascienden casos como este, las propuestas de militarizar y blindar las fronteras parecen no sólo peligrosas, sino ingenuas o malintencionadas, según los casos. A la hora de utilizar la metáfora de la “frontera porosa” para hablar del norte argentino, habrá que tener en cuenta que los grandes “agujeros” que permiten la entrada y la circulación de drogas ilícitas están en buena medida en las instituciones que deben evitarlos.
Rutas liberadas
Quizás el caso más significativo que involucra a Reynoso es el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico. Sejas Rosales fue detenido cuando intentaba ingresar más de 450 kg de cocaína a la Argentina, y se le inició una causa por contrabando de estupefacientes. Más adelante, el empresario recuperó su libertad luego de que, sorpresivamente, se lo procesara sin prisión preventiva en calidad de partícipe secundario del delito que se le imputaba.
El jefe de despacho del juez Reynoso declaró que el magistrado lo obligó a redactar la resolución por la que se le asignaba a Sejas Rosales un nivel de participación más leve, que le permitía recuperar su libertad. El abogado salteño David Leiva dijo que tomó conocimiento de que en la causa de Sejas Rosales se pagaron 350 000 dólares por la libertad del empresario.
Otros testimonios recolectados en Orán dan detalles de cómo se negocia que no haya controles en la ruta, con pagos que pueden llegar al medio millón de dólares y que se realizan directamente en Bolivia. Estas transacciones cuentan con una suerte de “seguro”: si la droga es descubierta en el trayecto, un operador judicial al que se le paga para tal fin resuelve la situación con rapidez, de manera de no demorar el cargamento.
