Luego de las golpizas recurrentes de policías contra mujeres trans, y de que esta semana se viralizara un video, el Ministerio de Seguridad deberá informar sobre las “intervenciones policiales” avaladas por el ministro Cayetano Oliver. (Libertad Flores)
Una estudiante trans, oriunda de la ciudad de Orán, fue detenida a fines de junio por la Policía de Salta mientras esperaba el colectivo en inmediaciones a la vivienda que alquila cercana al barrio Hernando de Lerma para dirigirse al profesorado donde asiste. El argumento de los efectivos para detenerla fue que consideraron que se encontraba ejerciendo la prostitución.
El discurso que emana del Ministerio de Seguridad, a cargo del abogado Cayetano Oliver, para avalar los abusos policiales recurrentes contra este colectivo, quedó expuesto en una entrevista donde el letrado expresó que ese procedimiento policial “no fue un error, se trató de una intervención policial que requerían”; por ello se excusó el ministro al tratar de fundamentar que en esa zona son lxs vecinxs quienes piden la presencia policial, aunque es sabido que el lugar no es uno de los espacios en donde se ejerza la prostitución en la vía pública, Oliver no pudo explicar, sin embargo, por qué detuvieron a una persona acusándola sin fundamentos.
Por el caso, la diputada Silvia Varg promovió en la Cámara de Diputados un pedido de informe para que la cartera de Seguridad brinara explicaciones sobre la privación ilegítima de la libertad de la joven. “No puede ser posible que las fuerzas de seguridad de la provincia, especialmente la policía tengan tan naturalizado que cualquier chica trans ejerce la prostitución”, mencionó la legisladora.
“Nosotros queremos, como Cámara, pedir explicaciones al secretario de Seguridad”, dijo. Además contó que el colectivo LGTBIQ denunció también que “la Policía le dijo que no la quería ver por ahí y que no cuente nada de lo que había ocurrido”, hecho que consideró inaceptable. “Hay que tener en cuenta que esta jovencita vive a 30 metros de la parada, como no va a tomar ese colectivo para ir a estudiar, van a tener que darnos explicaciones”, reiteró.
Según la diputada, es importante que el secretario de Seguridad de la Provincia converse con los legisladores y dé explicaciones respecto a lo sucedido. “También me hizo mucho ruido la discriminación que venía sufriendo en una escuela pública una chica trans (en referencia a Tiziana). Hay una ley que protege a las personas que deciden cambiar su identidad, y vemos que no se está cumpliendo”, aseveró.
En Joaquín V. González
El último de los abusos policiales fue dado a conocer esta semana a través de un video muy compartido en las redes sociales, donde se observa la violencia ejercida por miembros de las fuerzas contra una mujer trans de 18 años a la salida de un boliche. Según contó la joven, tres mujeres trans fueron detenidas y dos golpeadas violentamente.
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pía Ceballos, pidió explicaciones al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y al jefe de la Policía, Ángel Silvestre, por esta agresión policial, una más de las numerosas que se repiten a lo largo y ancho del territorio provincial.
Según informaron desde el directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), exigirán al Ministerio de Seguridad que tome las medidas necesarias para apartar a los oficiales que actuaron en el operativo, hasta que concluyan las investigaciones por parte de la Justicia y se arbitren las medidas administrativas correspondientes. En este sentido, el OVcM solicitó información al ministro de Seguridad para conocer las actuaciones correspondientes. También detallaron que asesoraron a la víctima para la realización de la denuncia en la Fiscalía Penal de Joaquín V. González y se coordinó una reunión con las mujeres trans de la zona para la semana que viene.
“Esto es un caso de un abuso policial que a su vez puede ser encuadrado en violencia física contra las mujeres (art 5 inc. 1 Ley Nacional N° 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) cometido por agentes estatales (según art. 4. Ley Nº26.485)”, describieron desde el Observatorio oficial.
Policías machos menos
La violencia policial contra mujeres del colectivo trans no es nueva, incluso representa uno de los históricos pedidos que involucra el cese de la discriminación por razones de género y la “fobia” aún existente en gran parte de la sociedad para con lxs integrantes del colectivo LGBTQ. El organismo encargado de brindar seguridad es un claro ejemplo ilustrativo de la vigencia de la violencia.
La violencia policial contra mujeres del colectivo trans no es nueva, incluso representa uno
de los históricos pedidos que involucra el cese de la discriminación por razones de género y
la “fobia” aún existente en gran parte de la sociedad para con lxs integrantes del colectivo
LGBTQ.
Ya el exjefe de la Policía de Salta, Marcelo Lami, a partir de bravuconadas típicas de uno que otro machirulo salteño, había declarado en 2006 que las trans eran sólo psicológicamente mujeres, al justificar el por qué los operativos policiales en las denuncias de prostitución en la vía pública eran realizadas completamente por efectivos varones. Desde el sector trans denunciaban que la fuerza no respeta la ley de diversidad.
“Es un hecho de injusticia que una mujer detenga a una persona que tiene la estructura y la fuerza física de un varón aunque en su psicología sea una mujer”, agregaba Lami, quien fuera fotografiado en una manifestación docente empujando con sus propias manos a los hombres de su fuerza contra los y las educadoras.
El año pasado, bajo la consigna “Policía provincial, la vergüenza nacional”, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas trans denunciaron persecución y hostigamiento por parte de la Policía de Salta, luego de un violento operativo donde los efectivos “despejaban” con balas de goma una de las llamadas “zonas rojas”. En ese entonces, las organizaciones denunciaron a la Policía “por represión sistemática, violenta y sañosa contra las travestis y trans”.
“Esta violencia del Estado hacia una de las poblaciones más excluidas en Salta es justificada en la vigencia de los códigos de falta que criminalizan la prostitución y se arrogan la moral y buenas costumbres”. “Nuestras compañeras se encuentran desprotegidas y vulneradas por el artículo 114 del Código de Contravenciones, esta norma anticonstitucional habilita la criminalización de nuestras identidades al punto de ejercer la mayor violencia hacia nuestros cuerpos disidentes”, señalaban.
Sin registros
Luego de las intervenciones violentas de las fuerzas azules, salta a la luz un dato relevante: no existen en la provincia registros oficializados sobre la cantidad de denuncias efectuadas contra efectivos policiales por parte de las mujeres trans.
Más allá de las coberturas mediáticas, de las numerosas marchas que se han realizado para reflejar este constante maltrato, las denuncias caen en el olvido. ¿Cuántos policías han sido denunciados por abuso de autoridad contra las mujeres trans? ¿Cuántos de ellos han sido sancionados? Serán respuestas que organismos y poderes oficiales deberán dar.
