Amnistía Internacional alertó sobre el caso de un dirigente wichí detenido arbitrariamente por protestar y reclamar sobre medidas relacionadas con la educación en Formosa.
El dirigente wichí Agustín Santillán fue detenido por protestar y reclamar sobre medidas relacionadas con la educación en Formosa. Amnistía Internacional manifiesta su profunda preocupación ante este nuevo caso de criminalización de la protesta.
El 30 de mayo, Santillán estaba ejerciendo su derecho a la protesta junto a otras personas en relación a las políticas de educación llevadas adelante por la Delegación zonal de Matacos del Ministerio de Educación en Ingeniero Juárez, provincia de Formosa.
El grupo reclamaba por la falta de infraestructura para la educación de los niños y niñas, la falta de pago para los Maestros Especiales de Modalidad Aborigen (Memas), y pedían la designación de cargos así como cambios de algunos directivos de escuelas. Ante la falta de soluciones se presentaron ante el edificio público como medida de protesta.
Poco después las fuerzas de seguridad, sin que mediara orden judicial, arrestaron a Santillán y lo trasladaron a la Alcaldía de Las Lomitas, donde permanece detenido desde hace más de 11 días.
El 31 de mayo, su defensa -liderada por la organización ADEPI- solicitó ante el Juzgado de la Tercera Circunscripción Judicial su inmediata excarcelación por esta y otras 19 causas -que hasta ese momento habían permanecido inactivas. La justicia, sin embargo, continúa sin resolver su liberación, violando, de esta manera, su derecho a la libertad personal de manera arbitraria e ilegítima.
Amnistía recuerda que el uso de la herramienta represiva o penal no puede nunca ser el mecanismo de respuesta estatal para resolver problemáticas sociales ni para silenciar reclamos de colectivos. Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho a peticionar a las autoridades. En ocasiones constituyen la única forma en que ciertos sectores excluidos pueden hacerse oír y dar a conocer sus opiniones. El uso de la herramienta penal para silenciar los reclamos de la sociedad compromete la responsabilidad internacional del Estado.
Recientemente, tras su visita al país, ocasión en que viajó también a la provincia de Formosa, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo identificó la alarmante tendencia de «reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos; y a tomar represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas, así como contra los integrantes de sus familias».
