Los historiadores coinciden en que si bien las guerras de conquista y las enfermedades produjeron estragos en la población de los nativos, el trabajo forzoso fue un factor fundamental para la disminución demográfica. 

                                                                                                                (N.J.)

El trabajo, por esos tiempos prehispánicos y en la “conquista”, fue dividido en encomienda, mita y yanaconazgo. Este último era una institución prehispánica. Los incas elegían en las aldeas servidores personales que perdían vínculo con sus aldeas de origen y pasaban a depender para su supervivencia exclusivamente del inca. Los españoles conservaron esta práctica, pero tomaron tantos trabajadores que, afectaron la economía comunitaria de las aldeas, que cada vez perdían más mano de obra.

La encomienda, fue una institución introducida en América por los españoles. El rey recompensaba a los conquistadores por defender los nuevos territorios nombrándolos encomenderos. Otorgaba cierta cantidad de indios que trabajaban para ellos. La única condición que se le imponía era que debía proteger a los indios, pero la lejanía del rey,  convertía a la encomienda en otra forma de explotación de los indígenas.

La mita era una institución prehispánica también, utilizada en los tiempos de la dominación inca, donde cada aldea proveía al Inca de cierto número de servidores, que trabajaban en los cultivos, la reparación de templos y caminos, además de participaban en las guerras. Los mitayos trabajaban en forma rotativa, en turnos que duraban de una a tres semanas, y luego volvían a sus aldeas. Durante ese lapso, el Inca proveía a sus mitayos la bebida, el alimento y la vestimenta necesaria para su trabajo.

 En la Argentina del siglo 21, la minería es lo más parecido, sobre todo en tiempos del COVI19.

A una semana de lanzado el DNU de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para evitar el contagio de coronavirus, en el NOA, la industria minera está parada y busca que se la incluya entre las excepciones, como las petroleras, aunque la producción minera solo favorezca a unos cuantos.

Luego de un complejo proceso de evacuación que se inició el viernes pasado, durante el fin de semana desalojaron a cerca de 1.900 personas que trabajan en las distintas empresas mineras esparcidas en la Puna salteña. Solo quedaron guardias mínimas, de acuerdo con la orden de aislamiento para la población que se dispuso desde el Gobierno nacional para intentar frenar el avance de la pandemia por el COVID-19. Esta movilización no estuvo en los planes de los empresarios, sino que tras denuncias de trabajadores que aseguraban que había dos compañías que no acataban la normativa de la cuarentena y con la intervención del fiscal federal Ricardo Toranzos, se realizó la suspensión de tareas.

La preocupación ahora es el futuro de la industria minera, “actividad primaria fundamental para el funcionamiento de otros sectores económicos”. Y bajo ese argumento es que está pidiendo las mismas exenciones que se dispusieron para la agricultura, la pesca, energía y otros rubros esenciales que no fueron suspendidos.

Dos meses antes, Ricardo Alonso festejaba la puesta en marcha de la primera mina a cielo abierto en la provincia. “Salta se convertirá en una provincia minera de primer orden”, expresaba con alegría, al referirse al proyecto extractivista de oro y cobre, Lindero, que comenzaría sus actividades durante el primer semestre de este año. Usando como método de extracción el de lixiviación por cianuración, el mismo que utiliza la Barrick Gold, responsable de numerosos derrames de cianuro en San Juan.

El Proyecto Lindero está ubicado a 75 Km de Tolar Grande, departamento de Los Andes. Es un yacimiento de oro con capacidad de producir 109 mil onzas anuales del mineral durante sus primeros 9 años de explotación. Estará a cargo de la empresa Mansfield Minera S.A. que es subsidiaria de la multinacional canadiense Fortuna Silver Mines, responsable de la contaminación del río Coyote, en Oaxaca, México, en el año 2018, a partir del desbordamiento de residuos sólidos y líquidos de un estanque de emergencia de la mina subsidiaria La Trinidad.

Antes de terminar su mandato de 12 años, Juan Manuel Urtubey mandó a aprobar en la legislatura la Ley de Promoción Minera, garantizando así el negocio extractivista, concediendo a las empresas la ejecución de obras públicas, cuyo costo estaría compensado con las regalías. Es decir, obra pública a merced de los intereses de las mineras.

Alonso, que fue anteriormente funcionario del Juan Carlos Romero, dejó claro que el objetivo de su gestión es transformar a la minería en “Política de Estado” para cambiar la matriz económica de la provincia, transformando a este sector geográfico en la “Puna productiva”.

Entregándosela a las Mineras.

Son muchas las empresas de todo el mundo que ponen sus ojos en los 19 salares salteños para la extracción de litio, cobre, oro y plata. Son 14 proyectos que serán concretados hasta el 2025 con una inversión de 5 mil millones de dólares para la explotación minera ratificando que el motor económico de los próximos años para la provincia será la minería.

 Una de cowboys 

En septiembre de 2015 ocurrió el mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina. Comenzó en la noche del 12, pero que se le recuerda al día siguiente, que fue cuando se filtró el dato por parte de los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, que advirtieron a sus familias que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal.

Barrick Gold primero lo negó y rechazó las acusaciones, pese a que había notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de encubridor. Después cambió el discurso y dijo que 15 mil litros de agua cianurada. Acto seguido dijo que 224 mil hasta que llegó millón, aunque se sabe que fue mucho más de un millón. De tal forma la verdad no salió a la luz que ni siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se derramó al río Potrerillos, aunque en la Justicia la minera reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento. Unos meses después Barrick Gold pidió perdón «por el incidente» en un comunicado con olor a propaganda. Pero no aclaró acerca de que se estaba disculpando. Esa misma semana, el gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Dinero que en una semana de explotación se logra poner las arcas provinciales. Se completó la teatralización con la contratación la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para que analicen el agua en los alrededores de Veladero, presentando aqmas instituciones como sólidas e independientes, pese a que en el sector ambientalista tienen pésima fama. El gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio por 2.147.346 dólares para que el organismo fiscalice la actividad minera, por lo que el organismo no sólo tenía una relación previa y comercial con el Ejecutivo, sino que iba a analizar un accidente en un yacimiento que debía controlar. La UNOPS contrató al laboratorio ALS CORPLAB, que trabajó para Barrick Gold en Veladero y que tenía empleados en común. La UNOPS se prestó de tal forma para el «show» que montó el gobierno de San Juan que al momento de mostrar sus resultados de la contaminación minaron la zona de policías, como parte de la estrategia de presentar a los vecinos de Jáchal como «ecoterroristas». Y en lugar de reconocer que hubo contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron, hicieron hincapié en que «no afectó a las poblaciones cercanas», algo que la Universidad Nacional de Cuyo, desmintió al detectar presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías. No se pudo comprobar la existencia de cianuro porque Barrick Gold lavó el río con cal y el cianuro se diluyó en esa solución. Muchos empleados dejaron de trabajar pero siempre tuvieron miedo de las represalias, luego de que una mujer quedara inconciente en plena calle por los golpes que recibió por denunciar que la membrana que separa la solución cianurada del suelo estaba rota.

La presencia de escherichia coli en los ríos era uno de los temas que preocupaba a los vecinos y que dejó de tocarse después de este “accidente” El primer estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuyo detectó esa bacteria en el agua. Pero el funcionario de  Gobierno a cargo de la presentación judicial presentó en la Justicia un expediente sin los análisis bacteriológicos que confirmaban que al menos una parte de la orina y la materia fecal de sus empleados terminaba en el río. La Universidad hizo público es informe, en el que también se detectaban altas concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la furia del entonces gobernador José Luis Gioja, que llamó personalmente al rector Daniel Ricardo Pizzi y amenazó con arruinarle la vida.

Eso pasó y sigue pasando acá, en Argentina…  

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