El NOA encabeza el trabajo en negro en el país que, en conjunto, posee una suba de tres décimas respecto del primer trimestre pero una baja de seis décimas en la comparación interanual. En el Noroeste el 41,5% de los ocupados no posee descuento jubilatorio y Salta encabeza el ranking con un 46% de informalidad.
El informe fue publicado por Página 12 a partir de las cifras difundidas ayer por el Indec. Las cifras generales marcan que los trabajadores en negro alcanzaron al 33,1 por ciento de los asalariados en el segundo trimestre de 2014, cuando eran del 32,8 por ciento en el primer trimestre de este año y del 34,5 por ciento en el mismo período del año pasado. Las provincias del Norte registraron la mayor cantidad de ocupados sin descuento jubilatorio, mientras que las localidades de la Patagonia anotaron los niveles más moderados.
En el detalle por regiones geográficas, se precisó que el empleo en negro se ubicó en 32,6 por ciento para el área metropolitana, donde habita más de la tercera parte de la población del país; en 32,6 por ciento, para Cuyo; en 35,2 por ciento, para el Nordeste; en 41,5, para el Noroeste; en 32,2, para la zona pampeana; y en 19,1, para la Patagonia. Las localidades con la tasa más elevada de trabajadores no registrados fueron Gran Tucumán, con el 45,5 por ciento, y Salta, con el 46,0 por ciento, mientras que las de mejor performance fueron Río Gallegos, con el 12,5 por ciento, y Ushuaia, con el 8,7 por ciento.
A partir de 2003, la fase expansiva del ciclo económico permitió la creación de seis millones de puestos de trabajo, lo cual implicó un retroceso del 25 al 7 por ciento en la tasa de desocupación, y del 49,6 al 33,1 por ciento en la de informalidad. A pesar de este desempeño, las cifras de ocupados sin aportes jubilatorios continúan en niveles elevados, por lo que el Gobierno lanzó a mediados de este año una batería de medidas para reducir la precariedad laboral. La propuesta contempló la reducción de contribuciones patronales para microempresas y medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado.
Otra medida relevante fue la creación de un registro para incorporar a las empresas que violan la legislación laboral. Una vez incluida en esa “lista negra”, las firmas deben pagar la multa correspondiente y durante tres meses no pueden ser contratistas del Estado, perdiendo todo tipo de subsidio y teniendo prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas. La apuesta del Gobierno a través de estos instrumentos es regularizar a 300 mil trabajadores durante los próximos doce meses y a 650 mil para finales de 2016. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que permitiría reducir en más de cinco puntos la tasa de asalariados en negro, al bajar del 33 a menos del 28 por ciento.
La dimensión de la caída del trabajo no registrado en los últimos años requiere observar cifras para las distintas ramas de la actividad económica. En el libro La terciarización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América latina, los investigadores Victoria Basualdo y Diego Morales precisaron que entre 2004 y 2012 el porcentaje de asalariados no registrados pasó del 40,2 al 32,4 por ciento en la industria; del 10,2 al 5,7 por ciento en la distribución de electricidad, gas y agua; del 79,1 al 65,0, en la construcción; del 54,9 al 39,5, en el comercio; del 49,2 al 38,9, en el transporte; y del 24,5 al 10, en la administración pública, defensa y seguridad.
