El mito tras los remiseros que acampan en la puerta de la Legislatura apunta a verdaderas mafias en las redes de taxis y remises, a un impúdico poder político detrás y sobre todo a la impericia por parte del organismo más inútil —sino corrupto— de la administración central: La AMT. Quién es quién en esta saga. (Mario Ernesto Lamela)
El convenio entre AMT y UCRAS, en un intento desesperado para paliar la situación de remises truchos, puso al organismo oficial en paridad con la misma categoría ilegal de quienes firmaron el acuerdo. Federico Hanne mandó a firmar el engendro administrativo y quedaron al descubierto o bien sus falencias legales sino la extorsión por parte de la delincuencia urbana.
La Autoridad Metropolitana de Transporte fue creada por la Ley provincial 7322 junto a la empresa prestataria del servicio de transporte SAETA con el objeto de controlar el servicio público propio —entendiéndose por este el colectivo, e impropio, taxis y remises— en toda el área metropolitana en una cesión de facultades al gobierno de Juan Romero por parte de la comuna por su incapacidad de manejar los problemas que generaba el transporte de pasajeros.
Hoy quienes prestan este servicio tienen otro problema: las controvertidas y anheladas licencias nacieron como propiedad colectiva en el caso de los remises (o sea que la titularidad pertenece a una agencia) e individuales para el caso de los taxis, cuyos propietarios son dueños de la misma. A lo largo de estos años se añadió una tercera categoría que incluye licencias individuales que se arriman a las agencias, en cualquier término, para poder trabajar. Quienes reclaman en la puerta de la Legislatura —varios de ellos legítimos trabajadores hambreados— no sólo quieren retomar el trabajo de donde fueron expulsados —en algunos casos por responsabilidad propia, prontuario o por realizar medidas de fuerza— sino que reclaman para sí la potestad de adquirir una licencia propia, lo que, legalmente, es inviable: las licencias son colectivas, no individuales aunque desde la AMT, ante los eventos actuales, les entreguen licencias apócrifas para que abandonen el camping de calle Mitre.
En términos domésticos, y sólo a modo de ejemplo, sería como que los manteros de calle Alberdi exigieran a Tienda San Juan que les entregara mercadería para que pudieran venderla afuera. Esta situación quedó al descubierto cuando el Presidente de la Cámara de Diputados fue anoticiado por los remiseros de que pretendido era una licencia individual, figura que no existe con la ley vigente. Quienes digitan la protesta, aprovechando las situaciones de miseria de algunos trabajadores, hicieron circular convocatorias falsas que prometían licencias para todos los trabajadores a los fines de convocar más manifestantes y así mantener el corte de calle Mitre desde hace un mes sin que tengan efecto ninguno de los aprietes.
En un principio, el acuerdo para desmontar el escenario cotidiano de los remises apostados en la puerta de la Legislatura incluye que al agenciero a cargo de esos trabajadores le serán entregadas las licencias colectivas respectivas, situación que fue descartada por los trabajadores con lo que se quedarían sin licencia y sin trabajo.
El titular de la AMT, Federico Hanne, quien mantiene una posición perversa y pendular ya que no controla lo que debe pero patrocina remiseros ilegales, exhortó al empresariado del rubro a realizar denuncias policiales por extorsión y amenazas en contra de los trabajadores de manera tal de quedar, él, fuera del problema cuando tiene todas las facultades para dirimir el conflicto con las armas que le provee la ley y no digitar la controversia por celular y desde el escritorio como si se tratara de un juego de mesa sobre apuestas y guerra de bandos.
El origen
La debacle provino de un anuncio oficial por unas supuestas 200 licencias que se entregarían en Salta. Esto catapultó a gran parte de los trabajadores del volante a las calles, fogueados por el concejal Ernesto Alvarado y algunos de sus secuaces titulares de agencias truchas, con la esperanza de adquirir una licencia individual (se reitera que esta calidad de licencia sólo es aplicable para taxis nunca para remises) proclama que quedó en el olvido político inmediato pero que dejó la calle llena de miserables y aprovechados.
A hoy los huelguistas ya se encadenaron, amenazaron con incendiarse, hicieron huelga de hambre, no quieren retornar a sus trabajos originales y se encuentran a punto de acceder a una suerte de entongue jurídico que pone a los miembros de la AMT en pie de igualdad con los delincuentes a quienes protegen: algunos de ellos, trabajadores y otros propietarios de agencias sin ningún viso de legalidad, a sabiendas de con quienes están tratando. La flagrancia del documento firmado por parte del organismo controlador del sistema de transporte con una sociedad sin fines de lucro, sin personería jurídica ni representación legal o gremial (UCras) los pone a sus personeros, Hanne y Risso, con un pie en la calle, aunque han generado tan buenas migas con la agencias que nunca controlaron, que seguramente podrán desempeñarse tranquilamente como choferes en cualquiera de ellas con la eximición del criticado pago diario. Para la ocasión ya quedaría en la gatera sólo Ivette Dousset luego de que el segundo postulante a dirigir la AMT, Claudio Mastrandea se deschavetara exigiéndole a la alicaída economía provincial un resarcimiento de 1.200.000 dólares en concepto de indemnización por dejar su cargo al frente de Saeta. Dicen las malas lenguas que el propio gobernador dio instrucciones de que Mastrandea levante sus bártulos y se fuera a la mierda: un oscuro lugar en la planta permanente de Rentas de la Provincia.
Historia con pus
La AMT mantiene un estricto control selectivo de las agencias de remises pero hace la vista gorda —en la acepción de no darse cuenta de algo que hay que denunciar— y patrocina directamente a quienes se encuentran al margen de la ley en detrimento de la legalidad que deben inspirar y supervisar. Tal es el caso de la agencia Reyes Católicos que es la fusión de 2 remiseras: Cima y Ferro. Fue habilitada hace un par de años por la magia de Hanne y compañía, no sólo cuando ya no se podían inscribir más agencias sino que además habían negado esta misma posibilidad a otros empresarios o particulares interesados. Sin embargo el gran favor que le dieron desde el organismo oficial a Jorge Pedrazzolli e hijos, parientes y entenados fue el acceso interno a los datos de licencias que «se estaban por caer» con lo que Pedrazzolli fue sobre seguro a comprar licencias que se iban a vender a futuro, a seducir a propietarios de autos que se les acababa el contrato con las remiseras madres y no querían seguir en la actividad y licencias de fallecidos; datos a los que sólo tienen acceso quienes empadronan. Este grupo empresario quedó con 50 licencias, muchas más de las que permite la ley y con una habilitación extraordinaria y tardía.
Un caso parecido es el del empresario Gustavo Isella con 2 agencias emparentadas entre sus socios, San Cayetano y Estrella del Este, que se encuentra en el top ten de la propiedad de licencias totalizando 100 licencias para un mismo grupo de socios. En esta misma dirección opera el clan Salinas, de Carlos y Ricardo, quienes usan sus lavaderos como centro de operaciones con base de 15 remises y 10 taxis con una alta rotación de trabajadores no registrados y todo tipo de prácticas fraudulentas documentadas. Paradójicamente es este sujeto quien se vio en algunos medios de comunicación abogándose la calidad de trabajador desahuciado.
Las agencias que figuran en la web de la AMT se aprestan a denunciar a Federico Hanne por incumplimiento de sus deberes de funcionario público por sobrados hechos de connivencia con todo lo ilegal que circula, por estar al tanto de las maniobras delictivas y manipulaciones de 2 popes de la ilegalidad en el rubro, como son el Clan Salinas, y el mismísimo concejal taxista, Ernesto Alvarado, quien además se encuentra asesorado por el más siniestro de los personajes en materia de venta y manchancho de licencias de remises en la historia reciente: Rodolfo «Chon» Medina.
Los memoriosos recuerdan haber armado agencias de remises íntegras tras haberle comprado a este hombre, por Medina, de a 30 licencias a precio dólar, dinero que iba a parar directamente al casino que formaba parte de su debilidad ludopática en aquellas épocas; y el mito urbano remata que «se debe haber timbeado unas mil licencias». Él era intermediario —en su escritorio de calle Caseros— entre quienes solicitaban las mismas y quienes terminaban accediendo a abrir una base de remises con absoluta discrecionalidad de su parte y con varias causas en su haber por venta impropia.
Asimismo las empresas ilegales de remises pululan por toda Salta, tales son los casos de Camila y El Huaico en la zona norte, Universal, Alvear y Kito, Remtax que aclara que hace 7 años que opera en la más absoluta ilegalidad, S. Solano, San Francisco, Villa Primavera; mientras los más osados en Villa Mitre se denominan Los Truchitos, directamente, entre otras cuyos vehículos no tienen seguro para los pasajeros ni contra accidentes, tienen los autos en estados deplorables ya que trabajan 24 horas y con 3 choferes promedio para poder pucherear.
Por último termina resultando una verdadera lotería que quien traslada pasajeros «esté fresco». Por supuesto tampoco tributan rentas, AFIP, no están habilitadas por la Municipalidad ni empadronadas en la AMT, no tienen galpones para guardar los autos ni operadoras que reciban los pedidos de viajes sin embargo no existe el antecedente que los inspectores de Hanne hayan clausurado o incordiado alguna de todas ellas.
El control se ejerce sólo sobre las habilitadas y al resto simplemente no las ven. El tema de las multas constituye otra verdadera perlita: los choferes (siempre legales) que por algún motivo son reprendidos por los inspectores de AMT o por falta de documentación, por estado de ebriedad o por levantar pasajeros en la calle, tienen multas abonadas por el propietario de agencia, de modo que si el chofer —como suele suceder— migra a otra agencia, la deuda es absorbida por los empresarios. El caso de algunos de los manifestantes se trata de choferes que han pasado por varias agencias y que en la actualidad no son recibidos por ninguna aunque ellos tampoco se fían de sus defensores: los remiseros ilegales, le pidieron encarecidamente a Santiago Godoy , que les labrara «un acta o algo ya que no les creen nada» (sic).
Infiltrados
La calidad de los huelguistas distancia bastante de ser la de pobres seres humanos explotados, con el debido respeto de quienes efectivamente pertenecen a la clase trabajadora que sufre necesidades. En general la conformación de la protesta dista de la verdadera necesidad laboral de los verdaderos damnificados. Sergio Salinas, quien da notas como si no le debiera nada a nadie, es sindicado de utilizar la necesidad de los laburantes de la calle en su propio beneficio, ya que quienes fueron echados de algunas remiseras, ya sea por ejercer su derecho a huelga o por incumplimiento de las pautas que les exigen para ser choferes (certificados de antecedentes penales, por ejemplo) quedan a potestad de este benefactor que los alberga sus lavaderos/agencias por sumas exiguas y los exhorta a mantenerse en la calle: Casualmente Salinas tiene 15 poderes en su haber, de distintos propietarios de vehículos, lo más parecido a una huella extorsiva en la relación con sus colegas. Otro de los voceros del despelote de los remises es el denominado “Tuco” Bazán, quien proviene de encabezar los mismos reclamos en Córdoba y en Tucumán, donde la explosión de pedidos de licencias individuales terminó reventando el sistema de taxis en la vecina ciudad en tanto el concejal Ernesto Alvarado no figura ni como chofer de taxi, ni como propietario de licencia de taxi —aunque parecen ser tacheras su esposa y hermana—, pero es un constante intermediario en la venta de licencias que le legaron unas cuantas causas penales por estafa.
La realidad prescribe que los llamados remises truchos sin encuadre legal y jurídico que operan en la ciudad de Salta son 3500, en contra de la misma cantidad de vehículos habilitados ya sea como taxis o como remises y la crisis ha devuelto a las calles el problema latente de la organización del transporte de pasajeros y las anheladas licencias para poder trabajar con un vehículo. El Poder Ejecutivo, ya en retirada, adelantó que no trabajará en un proyecto de ley para mandar a la Cámara de Diputados; de modo tal que serán los legisladores quienes deberán zanjar las diferencias en las calles y los grises de la ley donde las cartas ya están jugadas: mientras el diputado Mario Moreno dispuso de tiempo y paciencia para escuchar las historias de cada uno de los huelguistas, el diputado Alejandro San Millán sostuvo que «no le compete a la Comisión de Transporte darle una solución a los encadenados». Es innegable que les corresponde a los legisladores aportar desde sus bancas a la racionalidad del presupuesto provincial eliminando los sueldos mensuales a 10 inútiles que no pueden encarar bien su trabajo en la Autoridad Metropolitana de Transporte.
