A once años de la creación de la Unidad que debía ejecutar el saneamiento del río Arenales, no sólo no se avanzó en la recomposición del cauce, sino que se siguen sumando denuncias por contaminación. Piden que se cumpla con el fallo emitido en 2018 por la Corte de Justicia.
Luego de que vecinos de Santa Lucía divulgaran imágenes de volcamiento de líquidos contaminantes en el río Arenales, desde el estudio jurídico Arancibia y Asoc. requirieron la ejecución de la sentencia que ordenó en 2018 el saneamiento y monitoreo del afluente. El pedido se fundamenta en el hecho de que no hubo ningún tipo de actuación previa ni posterior por parte de la Unidad Ejecutora, ni tampoco por parte de la Fiscalía Penal, por el delito de contaminación ambiental.
Según manifestaron desde el estudio, se advirtió la inacción tanto del Juez del Amparo, como del Procurador General, quienes -consideran- deberían actuar de oficio. «Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se tutelen y conserven los derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente; el derecho a la salud, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho de acceder a servicios públicos esenciales», expresaron.
Si bien la problemática vuelve a cobrar notoriedad por la denuncia de vecinos, el recurso de amparo fue resuelto hace cuatro años y está vinculado a la situación de los barrios que se vieron perjudicados por la inundación producida por la lluvia caída el 31 de enero de 2011, que ocasionó la evacuación de 500 personas y que afectó -entre otros- a los barrios: Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil.
Desde aquel fatídico verano a la fecha fueron muchas las promesas, los proyectos y los discursos que los vecinos afectados tuvieron que escuchar. Se realizaron investigaciones científicas, se emitieron fallos judiciales y hasta se creó una unidad ejecutora de politicas ambientales. Sin embargo, a más de una década de aquella catástrofe, nadie puede garantizar con certeza que la escena no volverá a repetirse.
Reunionismo testimonial
A través del decreto 3249 del año 2011 se conformó en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales. En el mismo se establece que la mesa estará conformada por los secretarios de: Recursos Hídricos; Política Ambiental; de Minería; Obras Públicas y Derechos Humanos. Como así también por los subsecretarios de: Gestión de Salud; Tierra y Hábitat, y Defensa Civil.
Dentro de sus funciones, la Unidad Ejecutora tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación ambiental y socio–económica de la sub-cuenca, «proponiendo acciones planificadas y elaborando proyectos pilotos cuando fuera necesario». Además, deberá implementar un programa de operaciones y mantenimiento de las obras e Infraestructura que se construyan y proponer al Poder Ejecutivo todo tipo de acción vinculada con el fin de su creación.
Finalmente, se aclara que la UE deberá Elaborar un informe anual sobre el estado ambiental del Río Arenales y su Cuenca, sugiriendo las estrategias de intervención diseñadas para mitigar y/o eliminar el daño ambiental y las actividades desarrolladas. Esta parte del decreto no se estaría cumpliendo desde hace al menos dos años.
Al frente de la Unidad Ejecutora se designó a Edita Claverie de Godoy, exconcejal y esposa del sempiterno expresidente de la cámara de diputados Manuel Santiago Godoy. Durante su gestión, poco y nada se supo del destino de los fondos aportados por el BID para los trabajos de saneamiento del río. En una primera etapa la entidad financiera envió más de tres millones de dólares para que se pongan en marcha las primeras tareas en el cauce. A varios años de aquellos desembolsos, el Arenales sigue siendo el sumidero a cielo abierto de la ciudad.
Tampoco abundan las novedades en torno a la intervención del ministro de la Producción, Martín De Los Ríos, quien debería encargarse del dictado de las normas reglamentarias y complementarias necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, tal como manda el decreto.
Siete años después, la justicia
El 26 de octubre de 2018 la Corte de Justicia de Salta dictó sentencia en el marco de un recurso de amparo contra la provincia, la municipalidad y la empresa Marozzi SRL. El planteo había sido realizado por vecinos de los barrios aledaños al río que atraviesa la ciudad por 14 kilómetros. En el fallo, los magistrados Ernesto M. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Sandra Bonari, Guillermo Alberto Catalano, Teresa Ovejero Cornejo y Guillermo Alberto Posadas acompañaron el recurso de los vecinos afectados. El único voto en contra de los amparistas y a favor de la provincia fue el del actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo.
En la sentencia se ordenó a los codemandados Provincia de Salta, Municipalidad de la Ciudad de Salta y CoSAySa, a «confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia, y un Plan de Monitoreo en los plazos, con los objetivos y las pautas enumeradas en el considerando VIII”. Asimismo, la decisión condenó a la empresa Néstor A. Marozzi S.A. a retirar los metros necesarios de avance de su propiedad, para que los límites del inmueble Catastro 88.825 del Departamento Capital coincidan con los estribos del puente sobre la Avenida Tavella y, de corresponder, oportunamente “retire la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera, todo ello en un plazo no mayor de 60 días corridos del dictado de la presente”.
Explicaciones
En cuanto a la empresa de saneamiento, apenas se ordenaron algunas inspecciones luego de las denuncias presentadas por vecinos de la zona. Desde Aguas del Norte se explicó que el ducto desde el que salieron los líquidos cloacales es una cañería vieja que conecta los barrios Santa Lucía con Villa Palacios y que se habría obstruido en el marco de los trabajos realizados por el amparo. También se informó que sus operarios habían remediado el derrame de líquidos cloacales originado por la activación de un caño de la colectora que se había anulado y estaba en desuso.
El abogado Pedro Arancibia, que representa a los vecinos, sostuvo que desde hace dos semanas se espera la respuesta del juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, para que demande acciones al Ministerio Público Fiscal y pida informes a la Unidad Ejecutora a cargo de cuidar el afluente.
