Repasamos la movilización convocada en el centro de la ciudad por el SOEASI y el PO-FIT esta semana y algunos de los pormenores que acarrea la crisis del ingenio más viejo del país. Para que se apruebe la expropiación del San Isidro, ¿hace falta sólo voluntad política o también un plan de lucha que respalde la intención?
El martes de esta semana un centenar de mamelucos azules se movilizaron acompañados por organizaciones sociales y partidos políticos hasta la Legislatura provincial. Llegados desde Güemes, Campo Santo y El Bordo, los trabajadores del ingenio San Isidro vinieron en busca de una solución ante el lock out patronal que empezó el pasado 19 de enero y eligieron el inicio del período de sesiones ordinarias de la cámara de diputados para expresar su apoyo al proyecto de ley de expropiación presentado por la bancada del Partido Obrero-FIT con el acompañamiento de los diputados Germán Rallé y Tomás Rodríguez.
Hecha la ley…
La movilización culminó en una concentración sobre calle Mitre, a las puertas del parlamento, mientras las esposas de Jorge Moreno y Martín Méndez, junto a los secretarios generales del SOEASI y el STA, Mariano Cuenca y Martín Olivera, respectivamente, y los diputados del PO, Claudio Del Plá y Arturo Borelli se entrevistaban dentro del edificio con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy.
Se presume que el pedido de informe solicitado por la Cámara Baja a la Corte de Justicia de Salta sobre la situación de los exdetenidos sería resultado de estas tratativas, como una “válvula de escape”, una maniobra, que diputados oficialistas y de la oposición ofrecieron a cambio de no tratar el proyecto de expropiación del Ingenio San Isidro.
Existe un mecanismo interno en la Cámara Baja que consiste en la rotación de la potestad de la minoría en la comisión de labor parlamentaria para imponer un tema en el orden del día. Debido a la disposición de bancas o a la “relación de fuerzas” que existe en la Legislatura entre las diversas fuerzas políticas, todo indicaría que el proyecto de ley presentado por el PO-FIT sería tratado sino es en semanas, en meses.
Esta maniobra de la mayoría política en el parlamento, instituida en la lógica misma de las relaciones del poder legislativo, resguarda a los partidos de gobierno de un amplio descrédito ante la población del Valle de Siancas y en general de toda la ciudadanía. No todos están dispuestos a pagar el costo político de votar en contra de la expropiación y por eso resulta lógico que se dilate su tratamiento, al mismo tiempo que evalúan la reacción de los obreros, de la dirección del sindicato y de la relación entre los obreros y su dirección gremial.
Deterioro del tejido social
A diferencia de El Tabacal o La Esperanza, en el Ingenio San Isidro no se radicalizó -hasta el momento- ningún grupo de trabajadores y el lock out patronal se desenvolvió siempre bajo la envoltura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que abrió un período dónde las expectativas de los obreros se depositaron en reuniones, mesas de negociaciones y “diálogo” entre sindicato, gobierno y empresa.
El PPC demostró el carácter de sus funciones, a la medida de qué intereses está pensado: las negociaciones y reuniones fueron insuficientes y “el mejor acuerdo posible” fue el depósito de indemnizaciones al 50%. Según trabajadores que hablaron con este medio el martes pasado durante la movilización, la gran mayoría de sus compañeros ya habrían retirado las indemnizaciones y terminado así de romper sus relaciones laborales con la empresa.
La ruptura en masa del contrato laboral, en un sentido práctico, conlleva a su vez la desaparición del leitmotiv del sindicato (particularidad de los ingenios azucareros: cada ingenio tiene su propio sindicato), es decir, las tensiones entre capital y trabajo. Desde el SOEASI intentaron a último momento detener la avalancha de desafiliaciones forzosas producto de esta ecuación, pero ya fue tarde. Según un operario de fábrica que habló con este semanario, la conducción del sindicato habría recomendado a sus afiliados que no retirasen el dinero y que remitiesen al Grupo Gloria una carta documento desconociendo los términos del acuerdo, intentando así resguardar el carácter jurídico del sindicato. “Si no hay trabajo, no hay trabajadores, el sindicato queda obsoleto, como que deja de tener sentido”, afirmó el operario.
La oposición de la actual conducción del SOEASI, que tuvo su expresión política en la Lista Verde durante las últimas elecciones del sindicato en diciembre pasado, encabezada por un excandidato del romerismo, ha desplegado otra política “por arriba”, basada directamente en pregonar el fin de los contratos laborales y la necesidad de “esperar y ver qué pasa”. Obreros cercanos a la oposición Verde creen que aún es posible la venta del ingenio a otros capitales.
Pero a ciencia cierta no se sabe muy bien qué sucederá ahora. Si las indemnizaciones han sido cobradas por una gran parte de los trabajadores y se disuelve el sindicato como lugar común, de encuentro y organización de los trabajadores, para la defensa de sus derechos y para la lucha, el tejido social de la zona y alrededores se deteriora y las condiciones de vida retroceden sobre sus propios pasos. Sobrevienen síntomas de esa degradación, como la migración de los despedidos en busca de otras fuentes laborales. Luis, por ejemplo, se desempeñaba como estibador y ahora está preparando su partida a Río Negro, para probar suerte en el trabajo rural o la construcción.
No es menor el llamado de atención sobre el futuro negro de las localidades de Campo Santo, El Bordo y Güemes si la zafra de este año no se lleva adelante. Los legisladores del PO-FIT realizan ese llamado de atención cuando defienden la expropiación ante otros bloques políticos o en los medios de comunicación. Por el momento el proyecto de expropiación se encuentra lejos de ser una realidad, no se conoce un plan de lucha que lo respalde.
Luchas activas y luchas tardías
Desde que el Grupo Gloria anunció el cierre del ingenio San Isidro a esta parte han pasado 76 días y la marcha de este martes fue la segunda medida de fuerza de la que formó parte el sindicato. La primera fue el 19 de febrero cuando se realizó la caravana azucarera convocada por las direcciones de todos los sindicatos azucareros, agrupados en la Federación Azucarera Regional, y por la CTA.
A diferencia del Ingenio San Isidro, en los ingenios El Tabacal y La Esperanza, trabajadores y sus familias han tenido diferentes iniciativas para pelear por sus puestos de trabajo desde diciembre del año pasado, y lo han hecho sin depender de los tiempos y decisiones de las direcciones sindicales.
En La Esperanza la lucha continúa y han logrado reincorporar a 38 de los despedidos. Las expresiones de combatividad y resistencia al margen de las actuales conducciones de los sindicatos son evidencia de que éstas se toparon con límites enormes para interpretar las tareas que se les plantearon ante los despidos masivos. Por eso, si bien se trata de procesos contradictorios, es momento de sacar conclusiones y balances.
Libertad a los presos
Gisella y Romina Rodríguez llegaron desde Hipólito Yrigoyen en la traffic de la obra social del STA junto a una delegación de trabajadores despedidos, sus compañeras, familiares y amigos que les estuvieron apoyando en la lucha por la libertad inmediata de los detenidos. Con ellas llegó también Hirma, que es madre de tres trabajadores despedidos, y Mirna, que fue atacada el 9 de febrero por efectivos de la infantería provincial que ingresaron a su domicilio sin orden judicial de allanamiento, destrozando el hogar y golpeando y deteniendo a uno de sus hijos y su esposo. Aquella vez, tras la represión hubo 8 detenidos, que fueron liberados esa misma noche ante la resistencia popular que se mostraba intransigente.
Poco antes del cierre de esta edición Jorge Moreno y Martín Méndez fueron liberados en la ciudad de Orán y aún resta que se conozca cómo continuará la situación jurídica de ambos, por lo que no se pueden descartar nuevas movilizaciones y campañas por el desprocesamiento de estos trabajadores.
