La Corte de Justicia de Salta rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Obrero, que buscaba derogar los decretos de condonación de deuda a la familia Olmedo, por los terrenos de Salta Forestal S.A.
Finalmente la corte suprema de Salta se expidió sobre el pedido interpuesto por el P.O. para que se declaren inconstitucionales los decretos 24/17 y 59/17, a través de los cuales, el estado provincial resigna el cobro de $300 millones en concepto de canon de explotación por la tierras de Salta Forestal.
El pedido de inconstitucionalidad se fundamenta, entre otras cosas, en que tales beneficios sólo pueden ser otorgados por la legislatura -art. 127 C.P.-, que en este caso no tuvo participación.
Por su parte, el fallo de la corte expresa en sus considerandos que: «La demanda de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico, ya que tiende a abatir una disposición de caracter general, al estar destinada a regir un número indeterminado de casos».
En consecuencia, según lo interpretado por la Corte, los decretos no pueden ser considerados «inconstitucionales» porque el pedido carece de «generalidad y abstracción». «Los decretos cuestionados que rigen solamente la situación planteada respecto de una empresa en particular carecen de las características antes enunciadas, toda vez que no están dirigidas a regir sobre un número indeterminado de casos» expresa el fallo.
La resolución se da casi en simultáneo con la decisión de la justicia de volver a fojas cero el juicio que se lleva adelante por la apropiación fraudulenta de tierras de La ciénaga, en la que se encuentra investigado el senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero.
