Iniciativas de Alvarado y Del Frari generaron esta semana que el Gobierno provincial y AMT retrotraigan las 200 licencias que habían anunciado para remises. Fortalecidos, ahora los concejales podrían presionar para ampliar la participación municipal en el servicio. (Lilith)
En la última sesión del Concejo Deliberante capitalino se aprobaron un total de diecinueve Proyectos con dictámenes de Comisión, nueve Proyectos Sobre Tablas y dos Solicitudes de Informe.
Entre los proyectos tratados y aprobados varios estuvieron relacionados al tránsito en el ámbito municipal. Entre ellos, por ejemplo, los ediles pidieron la instalación de reductores de velocidad, demarcación y señalización de calles. Pidieron también el cumplimiento de la Ordenanza N° 11.845, referida a la prestación del servicio privado de cadetería y mensajería en el ejido municipal. Incluso obtuvo sanción una iniciativa elaborada por la Comisión de Tránsito, Trasporte y Seguridad Vial —en respuesta a un expediente iniciado por vecinos de barrio El Mirador— en la que solicitaban que el Ejecutivo municipal proceda a efectuar el retiro del camión estacionado en una de las calles del mencionado barrio.
Siguiendo el tema del tránsito en la ciudad, que antes ya ocupó al concejal del Martín del Frari, el edil ahora decidió presentar un proyecto para la población autóctona que hace uso del transporte público y no sólo para los turistas, puesto que en la sesión última mediante una Resolución aprobada por unanimidad, Del Frari requirió tanto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) como a la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Saeta), arbitren los medios necesarios para poner en funcionamiento un mayor número de unidades de colectivos dotados de rampas que posibiliten el acceso a personas con discapacidad.
La propuesta, presentada sobre tablas, fue tratada luego de un pedido del edil para alterar el orden del día. Motivó dicho requerimiento la presencia en el recinto de quienes inspiraron el escrito, según señaló. Al tomar la palabra, Martín Del Frari consignó que en la actualidad “Saeta no cuenta con muchas unidades que tengan una rampa, estén modificadas y hechas para que alguien que tiene problemas de motricidad o para desplazarse tenga la posibilidad de subir al colectivo. Esto hace que la persona con discapacidad pase largas horas en las paradas esperando que llegue un vehículo apto”.
En la Resolución aprobada aparece además un segundo apartado en el cual se solicita “que las frecuencias de las unidades sean mejoradas para evitar largas e innecesarias esperas”.
Buen taxista
En la última Sesión Ordinaria, los ediles dieron tratamiento y sancionaron un Proyecto de Ordenanza elaborado por el concejal Ernesto Alvarado (PJ), que también es secretario general de Sicotasa. El texto de la iniciativa reza: “Autoriza al Ejecutivo municipal a celebrar convenio con el Gobierno de la provincia de Salta, en el marco del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Provincial N° 7322. La cual establece la competencia para la prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros propio e impropio”.
“Buscamos también que el Concejo Deliberante empiece a tomar algunas posturas en relación a esta temática y haga respetar las facultades que tiene el municipio” E. Alvarado
Durante el tratamiento de la iniciativa, su autor, el edil Alvarado, se refirió a los objetivos de la misma, sosteniendo: “Lo único que se pretende es que se respete la Ley y las Ordenanzas vigentes, porque si así fuera no hubiese pasado lo que sucedió con el transporte público en estos días”, en clara referencia a la entrega de 200 licencias para las agencias de remises que, sin embargo, el secretario de Gobierno, Santiago Godoy, junto con el titular de AMT, Federico Hanne, ya anunciaron que finalmente no se entregarán.
El taxista Alvarado, además señaló: “Buscamos también que el Concejo Deliberante empiece a tomar algunas posturas en relación a esta temática y haga respetar las facultades que tiene el municipio”.
Por su parte, Del Frari destacó los Proyectos sancionados por el cuerpo legislativo en relación a la materia: “Hemos pedido a la Bicameral que realice una auditoría a la AMT, que no se lleve adelante la entrega de licencias de remises a las empresas y que se tengan en cuenta a los choferes”.
En el año 2004, el Gobierno provincial declaró la emergencia del servicio público de transporte automotor de pasajeros e impulsó la aprobación de la Ley 7322 que establece: una región metropolitana, que los servicios públicos de transporte automotor serán planificados, regulados y fiscalizados por un ente autárquico provincial y que el transporte de colectivos será prestado por una sociedad anónima de capitales estatales, quitándole de esta manera facultades al Ejecutivo Municipal en la organización del servicio de transporte local.
