El intento de apropiación indebida de una vivienda para despojar a un abuelo de 94 años por parte del presidente del Concejo Deliberante de General Güemes, Kevin Choza, junto a su padre y su familia, ha quedado al descubierto tras una serie de denuncias y declaraciones en la fiscalía penal. Este caso no solo expone una posible maniobra fraudulenta para hacerse de un inmueble mediante un juicio de prescripción veinteañal, sino que también deja en evidencia la aparente complicidad del municipio en la gestión actual.
No hay lugar para los débiles. En General Güemes, un anciano de 94 años enfrenta la mayor de las injusticias: la usurpación de su hogar por parte de un hombre que debería representar la voluntad popular. Kevin «Chuca» Choza, presidente del Concejo Deliberante, utilizó su influencia política para intentar despojar a don Sanconte de su vivienda, ubicada en la calle Mariano Moreno 264. Al amparo del poder, tejieron una red de artimañas legales y burocráticas para desplazar a un anciano indefenso y consolidar el saqueo con papeles y sellos oficiales.
El calvario de Sanconte comenzó hace cinco años, cuando Choza ingresó como inquilino. Durante los primeros tiempos, cumplió con el pago del alquiler, pero en 2022 dejó de abonar. En lugar de marcharse, vio en la fragilidad de su casero la oportunidad de apropiarse del inmueble. En 2024, ya con su posición política fortalecida, inició gestiones para cambiar la titularidad de los servicios a nombre de su padre, Guillermo Fabián Choza, con la intención de demandar la propiedad por prescripción veinteañal.
La maniobra quedó al descubierto cuando se halló el contrato de alquiler firmado por Choza, documento que había intentado enterrar en el olvido. Sellado por la Dirección General de Rentas y con pagos registrados por transferencia, este contrato desmorona la pretensión del concejal de presentarse como ocupante legítimo. Mientras la fiscalía investiga el caso, los organismos municipales, incluyendo la intendencia de Carlos Rosso, permanecen impasibles, como si la complicidad se respirara en cada despacho.
El blindaje político es absoluto: Choza no solo sigue en funciones, sino que sus pares del Concejo lo ratificaron en su cargo con el visto bueno del intendente. Todo sugiere que en General Güemes no hay lugar para los débiles. Aquellos que no tienen padrinos políticos, aquellos que confían en la justicia, están destinados a perder. Pero el caso de don Sanconte es también un punto de inflexión. La comunidad no olvida y la impunidad no puede ser eterna. Quizá sea tiempo de demostrar que el abuso de poder tiene límites y que, en esta tierra, el despojo no es ley.
No es solo un anciano y su casa. Es el síntoma de un país donde la impunidad se administra como un privilegio del poder. Don Sanconte es la víctima visible, pero detrás de su calvario se esconde la maquinaria de siempre: políticos que confunden representación con saqueo, funcionarios que transforman las oficinas en guaridas y leyes que, torcidas a conveniencia, se vuelven armas contra los débiles. No es un caso aislado. Es la radiografía de un sistema que tolera el abuso, lo ampara y lo perfecciona con papeles sellados. Pero incluso en este lodazal de impunidad hay algo que no se borra con decretos ni silencios: la memoria de un pueblo que, tarde o temprano, cobra sus cuentas.
