La Corte de Justicia estableció que Austin Powder cumple con parámetros ambientales y de seguridad. El año pasado peritajes demostraban las inconsistencias e irregularidades del informe presentado por la empresa que motivaron un dictamen desfavorable del fiscal Alejandro Saravia. (Gonzalo Teruel)
Como hace más de 3 años, volvieron a marchar exigiendo que se respete su derecho a vivir en un ambiente sano tal como mandan las constituciones de la provincia y de la nación. Vecinos del sur de la provincia de Salta llegaron el martes hasta Ciudad Judicial para reclamar que, en ausencia de respuestas por parte del Poder Ejecutivo, sea el Poder Judicial quien dictamine sobre la conveniencia -o no- de la instalación del proyecto de la petroquímica Austin Powder S.A. en la localidad de El Galpón.
Llegaron preocupados por las demoras de la justicia pero confiados en una respuesta satisfactoria. Apenas consiguieron que los reciba un burócrata judicial que les dijo que pronto iban a tener novedades. Nunca pensaron que a poco de regresar a El Galpón, El Tunal, Joaquín V. González, y Metán, la máxima autoridad judicial de la provincia iba a expresarse. Mucho menos pensaron que la respuesta iba a ser de tamaña crueldad.
El jueves la Corte de Justicia fue, en efecto, concluyente y cruel. Ratificó el fallo de primera instancia -del Juzgado de Metán a cargo de Sebastián Fucho- y estableció que no hay daño ambiental y que Austin Powder S.A. cumple con los parámetros ambientales y de seguridad requeridos por las distintas normativas locales, provinciales, y nacionales.
La sentencia es cuanto menos curiosa si se tiene en cuenta que el año pasado y luego de un ya largo conflicto y de presentaciones judiciales cruzadas, el máximo tribunal aceptó intervenir en el asunto, requirió la documentación de rigor y ordenó distintos peritajes. Una de esas pericias -avalada por el CIF, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales- explicitó las inconsistencias e irregularidades del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa y motivó un desfavorable dictamen del fiscal Alejandro Saravia.
Entonces Silvia Borla, la asesora legal de los ambientalistas y además miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, se quejó porque “la Corte tiene toda la información que necesita pero no resuelve nada” y porque los jueces “no sólo no emitieron fallo alguno sino que, peor aún, ni siquiera han suspendido aunque sea temporalmente las obras que hace la empresa”. De seguro y con razón ahora se queja por la determinación de la Corte de Justicia y por el inocultable incumplimiento de preceptos constitucionales en materia ambiental.
En efecto, establece la Constitución Nacional que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. El fallo último, aún dando por válido que no haya daño ambiental en este proyecto petroquímico, desatiende el concepto de “equilibrio” habida cuenta que es el ser humano -entendido como ser social- quien debe ser ubicado en el centro de toda controversia ambiental. “Nunca vamos a darle la licencia social a Austin” repiten desde hace años los vecinos autoconvocados de El Galpón y eso rompe de manera inequívoca el “equilibrio” previsto en la carta magna.
La Constitución Provincial es aún más ambiciosa y plantea que “Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo”. Es público y notorio que los vecinos del sur de Salta no van a “disfrutar” de un ambiente “equilibrado y armonioso” toda vez que no aceptan la instalación de un emprendimiento agroindustrial que les genera temor. Ese temor “no es zonzo” dijo en abril de 2013 Cuarto Poder y describió “el historial de tragedias relacionadas con plantas que procesan nitrato de amonio”.
El 16 de abril de 1947. Estados Unidos, Texas: la denotación de 2.300 toneladas de nitrato de amonio a bordo de un barco francés atracado en el puerto de la ciudad dejó 581 muertos y más de 5 mil heridos. Cientos de edificios fueron destruidos y el barrio del puerto quedó devastado.
El 28 de julio de 1947. Francia, Brest: los almacenes de mercancías del buque noruego “Ocean Liberty” -con 3 mil toneladas de nitrato de amonio- ardieron durante la descarga en el puerto. El barco explotó dejando cerca de 30 muertos, miles de heridos e importantes daños en la ciudad.
El 8 de enero de 1998. China, Xinping: 24 obreros murieron y unos 60 resultaron gravemente heridos por una explosión en una fábrica de fertilizantes químicos de la provincia de Shaanxi, al norte del país.
El 20 de septiembre de 1999. Tailandia, cerca de Chiang Mai: en una conservera, la explosión de los almacenes de Cloruro de Potasio que servían de fertilizante causaron la muerte de al menos 35 personas.
El 21 de septiembre de 2001. Francia, Toulouse: Una explosión en los almacenes de Nitrato de Amonio de la fábrica AZF mató a 31 personas y dejó 2.500 heridos. El suceso fue causado por una “desafortunada mezcla” de productos. En 2012, la sociedad Grande Paroisse, propietaria de la planta, fue condenada por “homicidio involuntario”.
El 24 de abril 2004. Corea del Norte, Ryongchon: 161 muertos y 1.300 heridos tras una colisión en una estación entre un tren que transportaba petróleo y vagones con Nitrato de Amonio que se incendiaron y provocaron una serie de explosiones.
El 28 de mayo de 2004. Rumanía, Mihailesti: 18 muertos y 13 heridos en la explosión accidental de un camión que transportaba fertilizantes.
Un último y sonado episodio dio el alerta definitivo a los ciudadanos del sur de Salta. En abril de 2013 una planta de fertilizantes, igual a la que se está instalando en El Galpón, estalló en Estados Unidos. La explosión dejó decenas de muertos, 160 heridos y un pueblo literalmente destruido. “Ha sido como una bomba nuclear”, dijo a la prensa el Alcalde de West, Tommy Muska. La explosión provocó un temblor de tierra de 2,1 grados en la escala de Richter, según ha registrado el Servicio Geológico de Estados Unidos y la onda expansiva llegó al kilómetro y medio devastando todo en los primeros 500 metros². Se contabilizaron casi 50 muertos y se registraron heridos incluso a 2 kilómetros de la planta.
Como trágico dato debe añadirse que la mayor muestra de la peligrosidad del nitrato de amonio es el atentado terrorista a la AMIA, la mutual judía de Argentina, que fue volada solamente con 300 kilos de este producto combinado con otras sustancias.
La omisión de todos estos fatídicos antecedentes por parte de la justicia va de la mano con la determinación de gobierno de Juan Manuel Urtubey que en enero de 2013 otorgó el certificado de “Aptitud Ambiental” a la empresa para que instale su planta procesadora de nitrato de amonio. Esa certificación está viciada de nulidad puesto que es la propia empresa la que debe controlarse. La resolución pertinente postula sin empachos “Disponer que la Empresa Nitratos Austin S.A., finalizada la obra, presente un Monitoreo Ambiental General, donde se certifiquen los impactos ocasionados durante la etapa de ensamblaje de plantas y se evalúe la efectividad de las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y Social”. Además expresa “Disponer que la Empresa Nitratos Austin S.A., posteriormente al inicio de actividades, implemente un Plan de Monitoreo, incluyendo aspectos los registros permanentes de los análisis de las emisiones y los efectos del proyecto sobre el medio, debiendo remitir informes semestrales”.
Estas disposiciones son marcadamente inconstitucionales toda vez que la carta provincial establece como obligación del Ministerio Público “Accionar en defensa y protección del medio ambiente e intereses difusos”. Nunca y en ningún caso puede dejarse es facultad en potestad de terceros y, según explican los constitucionalistas, “mucho menos si estos terceros son parte interesada”.
Los responsables del fallo son los jueces de Corte Guillermo Catalano, Abel Cornejo, Fabián Vittar, Félix Díaz y Susana Kauffman de Martinelli y Adriana Rodríguez de López Mirau y Hebe Alicia Samsón jueces de Cámara llamados a integrar el tribunal.
Para peor son públicos y notorios los vínculos entre los directivos de la compañía y el poder político provincial. “Se me acusa de ser pariente del gobernador y me suena ridículo. Una de las mujeres de los hermanos del gobernador es hija de mi hermana y nada más que eso”, dijo el titular de la empresa Juan Ignacio Rigou. En criollo, reconoció que es tío -político- de José Urtubey, vicepresidente de la UIA y hermano del gobernador Juan Manuel.
En su momento Rigou y ahora otros directivos de la compañía alegaron en defensa de su emprendimiento que la inversión supera los 200 millones de dólares y que, de hecho, ya llevan invertidos más de la mitad o unos 120 millones de verdes norteamericanos. Además, por supuesto, mencionan la generación de puestos de trabajo para las pauperizadas comunidades del sur salteño. “Hoy más de 350 familias, de El Galpón y la zona, trabajando en la empresa” promociona Austin sin caer en cuenta que contradicen su propio Estudio de Impacto Ambiental y Social donde se mencionan 120 puestos de trabajos genuinos.
Ya con el fallo en la mano, este viernes Rigou anticipó que el proyecto industrial seguirá adelante y que la planta será inaugurada en marzo del año próximo. “En este momento la planta se encuentra en plena etapa de ensamblado de las estructuras y, pese a las malas condiciones climáticas, los trabajos están a pleno”, detalló el empresario.
“Aumentaron la cantidad de mano de obra a 250 o 300 y luego a más de 600 pero incluyendo la ocupada para el montaje de la fábrica y por lo tanto temporal”, acusan desde la Asamblea Ambiental de la Cuenca del Río Juramento y advierten que “es muy alto el costo ambiental y el riesgo potencial de esta empresa para el escaso beneficio citado por la empresa”.
“Nunca la contaminación del agua, el mal uso de los recursos y el aumento de enfermedades pueden ser sinónimos de progreso. Por eso Nitratos Austin no tiene, ni tendrá licencia social en El Galpón”, reafirman los ciudadanos que se oponen al emprendimiento agroindustrial.
De cualquier modo, así como ya tenía la autorización y aval del Poder Ejecutivo, ahora Austin Powder consiguió el respaldo del Poder Judicial. Le falta, nada más ni nada menos que el acompañamiento del “poder social”.
“Nunca le vamos a dar la licencia social” repiten los ambientalistas del sur provincial y eso, más allá de lo que diga la Corte de Salta, es todo un mensaje: cómo nuevo e irrenunciable derecho, el acceso a un ambiente sano puede -y debe- ser reclamado en instancias superiores. Las objeciones a Austin Powder llegarán entonces, más temprano que tarde y pese al rechazo al amparo extraordinario federal, a otros tribunales nacionales y de ser necesario internacionales como una cuestión de derechos humanos.
foto: Bernardo Cornejo
