A partir de hoy y durante cuatro jornadas, la educación religiosa en Salta será debate nacional. La audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia analizará la constitucionalidad de la enseñanza católica en las escuelas públicas de nuestra provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizará desde hoy una audiencia pública para debatir la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Se llevará a cabo los días 16, 17, 30 y 31 de agosto, a las 10, en la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia se establece en el marco de la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, que tramita ante la Secretaría Judicial N° 1 del Máximo Tribunal, a cargo del secretario Damián Font, en la que participarán también Amigos del Tribunal que se presentaron en autos conforme la convocatoria oportunamente efectuada.

Se trata de un amparo colectivo iniciado por una asociación civil (ADC) y un grupo de madres de menores que concurren a la escuela pública de Salta contra el Estado Provincial -Ministerio de Educación de Salta-, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas locales que disponen que la enseñanza religiosa integre el plan de estudio y se imparta dentro del horario de clase.

Los actores sostienen que las normas, del modo en que son aplicadas, imponen la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas y el adoctrinamiento de menores cuyos padres poseen otras creencias.

La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas. No obstante, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

La parte actora recurre ante la Corte Suprema de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.

En un escrito publicado en marzo, el procurador fiscal Víctor Abramovich consideró que la provincia discrimina y lesiona la libertad de culto al permitir que el catolicismo se dicte en escuelas públicas. Expresó que “corresponde ordenar el cese de la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios, así como de la realización de prácticas religiosas dentro del horario escolar en el ámbito de las escuelas públicas”.