La jueza en Feria de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora, dejó en libertad a José Alfredo Ortiz (36) responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal de una menor de 14 en Pichanal.
La información que compartió la Justicia de Salta es difícil de digerir. Muestra una vez más el destrato absoluto contra las víctimas de la violencia machista y sexual en una provincia que encabeza los índices de lugares con más casos de violaciones hacia menores.
El caso sucedió el 12 de diciembre de 2016 en Pichanal, la madre de la víctima, de 14 años, denunció la desaparición de su hija. La ubicaron a los pocos días en Palmasola, Jujuy, con el acusado. La mujer volvió a radicar una denuncia en contra del hombre el 22 de marzo de 2017, cuando la joven no regresó del colegio. Ubicaron a la niña y el adulto el 23 de mayo de ese mismo año en la ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Durante la audiencia, la jueza hizo conocer al acusado sobre el alcance del juicio abreviado; el hombre reconoció haber cometido los hechos que se le imputaron y aceptó el acuerdo presentado: una pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso por considerarlo autor material y responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima (dos hechos).
Por su parte, el padre de la menor también hizo saber su conformidad con la sanción impuesta, según informa prensa oficial y agregan que a los fines de mantener la condicionalidad de la pena impuesta, Ortiz deberá someterse al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el término de dos años: no acercarse a la menor víctima ni a su grupo familiar; fijar residencia y comunicar al Tribunal cualquier cambio de domicilio; someterse al cuidado de un patronato; no cometer nuevos delitos o contravenciones y abstenerse de concurrir a lugares donde se consume estupefacientes o bebidas alcohólicas.
En el fallo, la magistrada también dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos; y la toma de muestra fotográfica al penado conforme lo dispone la Acordada 12641, de protocolo de actuación judicial.
La causa había sido elevada para juicio en octubre pasado, el acusado se encontraba con prisión preventiva y recuperó su libertad.
