Luego del desalojo del Atléticos Beisbol Club del predio que ocupaba en Chachapoyas, el gobierno prometió predio en Pereyra Rozas y dinero para garantizar el traslado. Los beneficiados respiran pero recuerdan a su vez la historia de otras promesas incumplidas. (Vicente Arias)
El conflicto parece mágicamente solucionado gracias a las gestiones U. El final feliz se promociona en la cadena provincial de medios. Los que viven a costa de la democracia se rompen las manos aplaudiendo. Sin embargo el club está en la calle y no tiene nada en concreto, más allá del compromiso de gente acostumbrada a las promesas. Es cierto que se firmó un acta acuerdo con del poder ejecutivo provincial, pero sólo es eso, un compromiso. Según lo firmado al popular club de beisbol se le adjudicó un trozo de tierra en el predio de Pereyra Rozas, que no es otra cosa que en un enorme campo en la zona norte de la ciudad, el cual aún no ocupó ni terminó de expropiar el Estado. Ese predio, también fue motivo de muchas promesas de urbanización tiempo atrás, sin que hasta el momento se haya edificado una sola casa. Entre la firma gubernamental y las promesas anteriores no hay mucho más que tinta, fotos y aplausos. Quien se quiera ilusionar con la firma puede hacerlo. Es gratis.
Atléticos Beisbol Club fue desalojado del predio de Chachapoyas por el cuñado del gobernador y esto debería ser importante para quienes vayan a analizar seriamente lo sucedido: Francisco Saravia Toledo que es apoderado de la firma Refinor y que ocupó casi un lustro para sacar a “los verdes” de ese predio. Supuestamente la petrolera estaba muy interesada en el negocio inmobiliario del lugar. Cuando no se habían realizado las obras de ampliación de la avenida Reyes Católicos no valía tanto esa tierra. Después del romerato y su fanatismo por sembrar progreso, la cosa cambió. La historia dirá que el cuñado abogado sólo siguió los mandatos de la petrolera. Es de suponer que el joven letrado y sus evidentes vínculos nada tuvieron que ver con las reiteradas órdenes de desalojo que dictó la justicia salteña.
“Nuestros chicos y jóvenes merecen lo mejor porque son el futuro de la patria” dijo solemnemente el gobernador Juan Urtubey al firmar ayer el compromiso con los dirigentes del club de beisbol. Según la crónica oficial “los padres y jóvenes de la institución deportiva expresaron un emocionado agradecimiento al gobernador”. Sin embargo, hay que decirlo, este compromiso no fue el primero que firmó el gobierno de Urtubey con el club desalojado. Hace cuatro años la misma gestión que hoy da “soluciones” ya había firmado otro compromiso con este club. En esa oportunidad los dirigentes del club de beisbol habían adelantado que llevarían a los chicos del club con su indumentaria deportiva a los pasillos del Grand Bourg.
El primer compromiso firmado por la gestión de Urtubey fueron cuatro hectáreas frente a los cuestionados monoambientes que se levantan en los terrenos lindantes de la ruta camino al Lesser. Esas cuatro hectáreas que el gobierno también se había comprometido a entregar, también estuvieron acompañadas por una promesa que no se había firmado pero sí conversado: el gobierno y Refinor (igual que ayer) iban a poner el dinero para trasladar el club aunque como suele ocurrir en estos casos la plata nunca apareció. Por ese motivo Atléticos Beisbol Club nunca se movió del predio de Chachapoyas, hasta que fue desalojado por la acción judicial. Lo más caro para trasladar era la piscina de la institución, algo de lo que ahora nadie habló.
El primer acuerdo entre Atléticos y el gobierno fue rubricado durante la gestión de Fernando Wilde al frente de la entidad deportiva. Ese primer compromiso no cumplido puede servir de antecedentes para los aplaudidores de turno. Ahora se prometen $ 700.000 de apoyo pero hay que esperar a tener la tierra para sembrar la semilla. Poco importa que el predio de Chachapoyas fuera originalmente de los empleados de YPF (estatal y 10% salteña) y no de la firma Refinor. También importo poco que en mayo de 2013 el senado provincial haya aprobado la expropiación del predio para destinarlo al club.
Claramente la gestión provincial apoyó el desalojo de Chachapoyas como única salida al conflicto aunque jugaron la carta de los desentendidos. Después de todo se trató de un conflicto privado, por lo menos hasta que a los chicos se les dio por entrenar en la Plaza 9 de Julio. Fue sólo un conflicto por intereses económicos, que se judicializó. Las relaciones familiares son otra cosa. Para nada influyen en las decisiones del poder ejecutivo y del poder judicial. La “donación” para un club de niños de un predio que aún no está en manos del Estado es una muy buena noticia. Pero sobre todo es una gran estrategia en el afán de ganar tiempo. Algo que los políticos valoran sabiamente.
