Familias originarias y criollas asentadas en una finca del norte provincial apuntaron contra la dirigente Yamila Veleizan. Denuncian que les cobran por los terrenos y que tiene «banca» en la política provincial.
Los manejos clientelares y autoritarios en el marco de los reclamos por el legítimo derecho a la vivienda, además de afectar principalmente a quienes padecen el déficit habitacional, suelen ser utilizados para desacreditar las demandas de los sectores más vulnerables por el acceso a un techo propio. Un informe del portal Infobae puso el foco en la figura de Yamila Veleizan, una puntera de Colonia Santa Rosa rotulada como «la Milagro Sala II», a quien acusan de amenazas contra familias sin techo. En la denuncia presentada por personas asentadas en un lote privado, se da cuenta de los cobros que la mujer exige para poder «delimitar terrenos y garantizar servicios».
“A todos los que tengan el terreno en el barrio Gauchito Gil, hoy importantísima reunión, ahora. Cuatro de la tarde en punto. La persona que no llegue a ir al terreno, lamentablemente le tengo muy mala noticia. Desde ya, muchas gracias”, es el intimidatorio mensaje que Veleizan hizo circular entre las personas organizadas por un terreno.
El barrio al que hace alusión, junto a «Sagrado Corazón» son el producto de tomas anteriores y congregan a alrededor de 500 familias de los departamentos Orán y San Martín. Los terrenos forman parte de los dominios de la familia Manero, cuyo titular (el español Robustiano Manero, fallecido en 1970) es considerado uno de los fundadores del pueblo.
Por sus manejos abusivos, la mujer acumula 18 causas penales y estuvo detenida algunos días en un destacamento del norte provincial. El cobro por la «entrega» de los terrenos oscila entre 15.000 y 50.000 pesos en tres cuotas, aunque ante la justicia alegó que los regala.
Una de sus víctimas, Rosa Mamaní, relató al portal digital: «Esta mujer nos roba. Nos roba a los que menos tenemos. Nos obliga a pagarle 1200, 1.600 pesos por la luz para no desconectarnos y echarnos de nuestras casitas. Digo nuestras porque ella nos vendió. Luz que a esta señora Yamila no le cuesta nada porque estamos todos colgados pero la señora igual nos cobra, y si no le pagamos, nos hecha con sus matones».
«Ojalá que la metan presa. Le dimos los pocos centavos que teníamos y nos engañó. No es justo tampoco. Ella hizo mucho daño. Ahora nos quieren desalojar y le dimos los pocos pesitos que teníamos. Ella no escarmienta, estuvo detenida una semana pero no escarmienta, sigue vendiendo los lotes. Dice que no le tiene miedo a nadie y es verdad”, agrega.
En el mismo sentido van las declaraciones de Jéssica Noemí Rodríguez, otra de las denunciantes. En su caso, relata que Veleizan le cobró $300 para «marcar el terreno», $800 para conexión de luz y agua y finalmente otros $800 por «papeles». «Cuando Salió (de estar detenida) nuevamente fue a pedir dinero. Nos reunió a todas y nos dijo que nos quitaría los lotes a todos los que no la apoyaron y que le deberíamos dar 500 pesos nuevamente».
Los manejos descriptos, según aducen quienes padecen aquellas prácticas, cuentan -como mínimo- con la complicidad del poder político. Algunos la vinculan al intendente Mario Guerra, otros a funcionarios judiciales de alto rango y, por último, al oficialismo provincial.
