Un extrabajador de Maxi King logró que se confirme que el deterioro de su salud obedece al uso de tóxicos por encima de los valores permitidos y la violación de normas laborales de la empresa. Mientras tanto, el dueño Daniel Zózzoli participa de comitivas oficiales a Europa para pensar ciudades saludables. (Daniel Avalos)
Las palabras de Ricardo Gallego se empujan desordenadas entre gestos de desazón, encogimiento de hombros, frases inacabadas e insinuaciones. A dos años de su ingreso como encargado general de la fábrica de colchones Maxi King en el Parque Industrial de la ciudad, un informe médico laboral certifica que padece asma bronquial y disnea, dolencias que lo obligan a dormir con un nebulizador al lado. También refrenda que sufre dermatitis y conjuntivitis crónica, hipoacusia y síndrome vertiginoso de origen vestibular con mareos y cefaleas, alteraciones nefro/urológicas en estudios y alteraciones digestivas.
El informe está firmado por la Doctora Mercedes Mellano – MP 2544 – y especifica que el cuadro está relacionado con las condiciones laborales en las que desarrolló su trabajo, en tanto el ingreso del trabajador “…a la empresa con preocupacional fecha 28/02/11, dando como resultado ´Apto A´ para las tareas especificadas y considerando las condiciones patógenas de exposición prolongadas y continuas a dichos químicos tóxicos” (sic). Los tóxicos a los que hacía referencia el documento eran varios: oleocarbúricos, aminas, isocianatos, disocianato de toleuno. Todos químicos con los que se produce la espuma de los colchones y que, combinados – según el mismo informe – con el no uso de gafas, guantes, barbijos y botas; más las pésimas condiciones de ventilación, temperatura y de aislamiento reglamentarias producen lo que Gallego padece hoy. El documento pertenece a SIMELA y está fechado el 25 de octubre de 2012.
Una digresión se impone. Es para relatar que cuando se produjo el encuentro entre Ricardo Gallego y Cuarto Poder, este medio se había informado de que el primero era candidato a concejal en el municipio de Cerrillos. La situación provocó en este semanario dos gestos obligatorios. El primero era hijo de un instinto defensivo ante un probable intento de proselitismo encubierto. Explicitada la sospecha, la reacción del protagonista fue contundente: Gallego sugirió un encuentro posterior a las elecciones. La reacción del por un momento sospechado, nos inclinó a continuar con el registro del testimonio aunque advirtiendo – segundo gesto obligatorio – al protagonista que una segura reacción de la empresa sería la de acusarlo de perseguir intereses electorales. Desafiante, el denunciante advirtió que la documentación era contundente.
Todo había empezado en marzo de 2012, cuando después de un año de trabajo empezó a manifestar una sensación de falta de aire. Cuando Gallego asoció su estado a las condiciones de trabajo tomó intervención la ART SMG que, a través de la Dra. Silvia Escotorín, concluyó dos cosas: el empleado poseía una restricción funcional respiratoria de tipo moderada y la misma, según sentenció la profesional, no tenía relación con las condiciones de trabajo. Veinte días después, el hombre que de lunes a viernes trabajaba doce horas diarias y los sábados de 6 a 13 hs, el mismo que hoy explica que la pérdida de los dientes obedece a los efectos del disocianato de tolueno con el que se produce la espuma de poliouretano, solicitó la intervención de la Secretaría de Riesgo de Trabajo. Su suerte laboral, sin embargo, estaba echada. En agosto de ese año la empresa prescindió de sus servicios luego de reincorporarse al trabajo tras una nueva recaída de su salud. Gallego asegura que su despido no lo sorprendió, porque ya había sido testigo del modus operandi del dueño de la firma: prescindir de los que manifestaban enfermedades respiratorias luego de que la ART dictaminara que los problemas respiratorios no tenían relación alguna con el proceso de producción de los colchones.
Colchón caro, proceso precario
Con la agitación propia de quien anda tras algo urgente mientras posee un pulmón que funciona a medias, Gallego se concentró en mudar la derrota que padecía en una victoria. Con tesón espartano apeló el diagnóstico de la ART local y la comisión Médica Jurisdiccional de la Superintendencia; y consiguió después que ese organismos nacional le dieran la razón: la empresa Maxi King, una de las 120 que según el Censo Industrial de junio de 2011 están instaladas en el Parque Industrial; una de las ocho que mantienen relaciones con el mercado internacional; la que, valiéndose de las leyes provinciales de Promoción Industrial N° 6025 y N° 7281, está exenta de tributos provinciales a las actividades económicas e impuestos a los Sellos; la habilitada para recibir créditos fiscales de hasta un 75% de las inversiones a realizar con un plazo de pago de 15 años; y propiedad del empresario Daniel Zozzoli, que como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salta acompañó a Miguel Isa a España para tomar contacto con proyectos urbanísticos que integren el cuidado de la arquitectura histórica con el desarrollo de la actividad económica… violaba normas laborales y ambientales que afectan a sus trabajadores.
Uno de los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación dictaminó lo que Silvia Escotorín desestimaba: que el diagnóstico de Ricardo Gallego correspondía a una “enfermedad profesional”, convalidando así el análisis de SIMELA, que explicaba el cuadro con las condiciones de trabajo. El dictamen era del 22 noviembre de 2012, y en él estamparon sus firmas los doctores Jorge Delfino y Daniel Sorrentino. Ambos aconsejaron rectificar la conclusión de Escotorín. En abril de 2013, otro dictamen del organismo nacional ratificó lo anterior. La conclusión resultaba casi obvia. Después de todo, otro informe del Departamento de Inspecciones y Programas Preventivos de ese organismo y las Actas de Inspección de la Secretaría de Trabajo de la provincia eran lapidarios con las condiciones de trabajo imperantes en la empresa. En el primero – fechado el 18 de diciembre de 2012 – los técnicos de Buenos Aires destacaron que, además de la evidente manipulación de sustancias químicas por parte de los trabajadores de la fábrica, “el empleador acreditó medición de concentración en ambiente laboral de disocianato de tolueno, la cual demuestra que la concentración de dicha sustancia supera la máxima permitida por la normativa vigente”.
En el acta de inspección 3050 de la Secretaría de Trabajo de la provincia, realizada en septiembre de 2012, quedaron expuestas también las razones por las cuales en provincias como Salta abundan los empresarios ricos con empresas que parecen pobres: registraron desde trabajadoras costureras sentadas en sillas de plástico sin condiciones ergonómicas (lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador), pasando por trabajadores que no poseían calzado de seguridad, hasta llegar a lo más importante: cilindros de gas licuado sin equipos de amarre que eviten su caídas; tambores de 200 litros con líquidos tóxicos sin la identificación correspondiente que ilustre sobre cómo actuar en caso de derrame; carencia de constancia de realización de exámenes periódicos a los trabajadores expuestos a sustancias químicas de acuerdo a la antigüedad del mismo; falta de constancias de la presentación a la ART de la declaración de agentes de riesgos a los que pudieran estar expuestos los mismos trabajadores; o una planilla en donde varios empleados están registrados como carentes de ART, capacitación pertinente, o sin expedientes médicos.
En el caso puntual de Ricardo Gallego, los técnicos de Buenos Aires informaron que no había constancia de capacitaciones en prevención de riesgos general y particular; tampoco análisis de riesgos de los puestos de trabajo que él ocupaba e, incluso, certificación alguna sobre la entrega de elementos de protección personal para el ahora despedido de la empresa.
Paraíso empresarial
El conflicto entre Maxi King y su exempleado confirma que hay distintas formas de relacionarse con la ley. Los más, como Ricardo Gallego, para lograr que el Estado resguarde sus derechos deben hacer largas colas, muchos viajes, redactar y costear cartas documento y amenazar en cada repartición pública con encadenarse a la puerta a fin de hacer valer sus derechos. Sólo así logró que instancias superiores a las salteñas rectifiquen lo que acá se había dictaminado como real no siéndolo. La pequeña victoria estuvo salpicada de derrotas, que incluyeron el deterioro de su propia salud, pero el triunfo parcial lo empujo ahora a remitir cartas documento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la provincia, intimándola a que sancione a Zózzoli S.A. y la ART por violar las leyes 19.587 y 24.557. Otra de las cartas documento la dirigió a la Superintendencia de Riegos de Trabajo. Allí denuncia que la médica Silvia Escotorín presta simultáneamente servicios en la ART SMG contratada por Maxi King y la Comisión Médica Jurisdiccional de la Supertintendencia. Cuarto Poder se comunicó con la profesional que había negado la relación entre la enfermedad y las condiciones de trabajo de Gallego y al ser consultada sobre si consideraba ético ser juez y parte de un conflicto de esa naturaleza, respondió que ella debía respuestas sólo a la ART y a la Superintendencia.
La forma, en cambio, como el propietario de la empresa Maxi King se relaciona con la ley es distinta. Él sí parece usar sus contactos para estar por encima de ella. A un año de las graves irregularidades detectadas, no hay registro alguno de las medidas adoptadas por el Gobierno para sancionar las anomalías que cuestan la salud, las fuentes de ingreso y hasta la vida de los trabajadores. Cuarto Poder se contactó con el actual ministro de Trabajo, Eduardo Costello, para darle a conocer los dictámenes que se asentaron en las irregularidades que la Secretaría que él dirigía en 2012 había detectado en Maxi King. La consulta era sencilla: saber si ese organismo aplicó las sanciones correspondientes a la firma. Puesto al tanto de los números de expedientes y las actas de inspección labradas en su momento, el Ministro prometió informar al respecto. Hasta el cierre de esta edición esa información nunca llegó.
La razón parece relativamente fácil de explicar: la fortaleza de una práctica «noventista» según la cual, para alcanzar el crecimiento económico se debe facilitar a como dé lugar el acceso inmune e impune de los inversores a la provincia, garantizándoles la maximización del lucro que supuestamente determinaría el aumento de las inversiones, el crecimiento del empleo y el desarrollo de los salteños. Así las cosas, puede que el llamado “neoliberalismo” esté en crisis desde los enunciados, aunque en los hechos goce de una excelente salud. Y en la salud vigorosa de esas empresas está inscripta, sin embargo, la derrota de los trabajadores.
Decíamos ayer
A días de que la ordenanza que categorizaba a las cerámicas del Parque Industrial como empresas de alto impacto ambiental haya dejado de tener vigencia, y en medio de declaraciones de funcionarios que identifican al Parque Industrial como si se tratara de un espacio verde… el caso de Ricardo Gallego exige retomar las quejas de los vecinos de la zona Este, que insisten en denunciar malos olores, ambiente irrespirable y aumento de los problemas respiratorios en los centros de salud de la zona.
La cantidad y características de esas empresas hacen urgente un estricto control de las condiciones en que se produce allí. Conviene recordar que, según el censo efectuado al Parque Industrial en junio de 2011, allí están instaladas 120 empresas. En una nota de este medio, firmada por Mariano Arancibia, se detallaban algunas de las características de las mismas. Entre las ramas destacadas se encuentran la dedicadas a la fabricación de Muebles y Colchones (32 empresas), Alimentos y Bebidas (26), elaboración de Metales y Maquinarias (11) y Construcción y Logística (con 7 cada una). Del total de empresas, 78 comercializan sus productos o servicios dentro de la provincia, mientras que 18 lo hacen en el mercado nacional. Sólo 8 mantienen relaciones con el mercado internacional, y entre ellas se encuentran la denunciada Zozzoli S.A. y Agenor (productos químicos y otros), AGI (construcciones), Tobacco (tabaco), Tabes (tabaco), Cerámica Alberdi, Santiago Saénz (fabricación de elementos de limpieza), entre otras. Un dato no menor era el que indicaba que pocas de las fábricas allí presentes poseían tecnología importante y reconciliada con el medioambiente. Sólo 23 poseían laboratorios, departamentos de diseño, control de calidad, o trabajaban con informática. Durante el periodo 2005-2010, sólo treinta (26%) habían realizado algún tipo de innovación en lo que respecta a los productos que producen.
Finalmente… el dato que lo complejiza todo. Y es que, aun cuando los 2.243 trabajadores del Parque Industrial registrados en aquel censo son insignificantes en relación a otros rubros, la mayoría de los que se dedican a la tarea de producción (80%) parecen provenir de las zonas afectadas. Al menos eso puede concluirse de la lista que la Secretaría de Trabajo provincial inspeccionó en septiembre de 2012 en Maxi King. De los 67 empleados registrados, la enorme mayoría son de la zonas aledañas: V° Floresta, San Silvestre, Solidaridad, Villa Mitre, B° Cerámica, Asentamiento 6 de Septiembre. Trabajadores obligados a elegir entre la contaminación y el desempleo. Trabajadores que podrían luchar por un ambiente sano para sus hijos, pero que difícilmente lo hagan porque el salario del que viven, depende, justamente, de que no lo hagan.
Foto: Daniel Zózzoli
