La Corte de Justicia de Salta y buena parte del Poder Judicial local en su momento mas patético. El doble crimen de las turistas francesas ocupa nuevamente la atención de la prensa internacional. Al caso del policía Walter Mamaní (primicia del último número de Cuarto Poder) se le sumaron una resolución lapidaria del Procurador General de la Nación, pidiendo la libertad de Santos Clemente Vera y una carta personal de Jean Michel Bouvier al máximo tribunal del país, en el mismo sentido.

Por Manuel Baku

En la carta que el 7 de julio Jean Michel Bouvier le envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se destaca un pedido expreso que resume el estado de la provincia, tras doce años de cholocracia y voto electrónico U: «que los responsables de los crímenes y sus cómplices (sea cual fuere su rango social) sean juzgados de acuerdo a derecho». Para quienes no conocen la provincia de Salta la frase escrita puede sonar exagerada o por lo menos ajena al territorio nacional, y quizás adjudicable a otras latitudes como Yemen o Venezuela, pero lamentablemente para quienes observamos de cerca la administración de justicia provincial, la sentencia del francés es una verdad concreta y una deuda interna, tan importante como la democracia real y no solo formal. La misiva de Bouvier llega al máximo tribunal del país apenas días después de conocerse el dictamen del Procurador General de la Nación, sobre el caso Santos Clemente Vera, quien acumula siete años de cárcel sin pruebas concretas.

En su escrito del 12 de junio, Eduardo Casal, en once páginas lapidarias expone la situación de la rudimentaria justicia local y deja a la Corte Salteña en el bochorno que es, por si misma… El Procurador remitió a la Corte Suprema, el documento por el que considera que se debe hacer lugar al pedido de la defensa de Clemente Vera para que la Corte de Salta “se ajuste a derecho”. Esto, debido a que la Corte provincial rechazó el recurso de la defensa de Vera en 2016, por lo cual permanece detenido y condenado a cadena perpetua por el doble crímen de las turistas francesas asesinadas en Salta en julio de 2011.

Santos Clemente Vera fue reapresado luego del cuestionado fallo de la Cámara de impugnación en la justicia provincial -que la Corte de Salta avaló- cuando antes, había sido absuelto por el Tribunal de Juicio (Longarte, Ruiz y Pucheta) que en forma oral y pública, evaluó las pruebas y la terrorífica instrucción judicial que dirigieron el actual camarista Martín Pérez, el flamante cortesano Horacio Aguilar y el nunca bien ponderado Aldo Saravia. El caso, espera ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida, carta de Bouvier mediante.

Que se vayan todos

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde opina que la Corte Suprema debe revocar el fallo de la Corte de Salta por se condenó a Santos Clemente Vera a prisión perpetua, y solicitó que se «dicte uno nuevo con arreglo a derecho». Si comparamos con el fútbol, el documento ogicial de Casal podría compararse con una soberana patada a la masculinidad del mediocampista, a los 40 del segundo tiempo. En sus once páginas, el dictamen desnuda una justicia salteña maquillada a lo moderno con internet y wi fi pero en el fondo, una vieja del medioevo, feudal e injusta. La defensa de Santos Clemente Vera, insistió y obtuvo un dictamen favorable del procurador quien se pronunció a favor de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque el bochornoso fallo del máximo tribunal salteño.

En octubre de 2016 la Corte de Justicia de Salta (Presidencia Catalano) confirmó la condena a prisión perpetua a Gustavo Orlando Lasi y a Vera por el crimen de las dos turistas, cometido el 15 de julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros de la Ciudad de Salta. Este fallo fue discutido por Vera y recurrió en queja a la Corte Suprema. El 12 de junio pasado, Casal emitió su dictamen: «Soy de la opinión de que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario con el alcance que he indicado en este dictamen, revocar en esa medida el pronunciamiento impugnado y devolver las actuaciones para que —en materia propia de su competencia— el superior tribunal de la provincia dicte uno nuevo con arreglo a derecho». Es decir, que la Corte de Salta HAGA JUSTICIA. Así, con mayúsculas, y no este mamarracho que intentó cerrar el caso entre el pobrerío y el guachaje, alejando los rumores de la participación de “los hijos del poder”.

El caso de Vera es impactante, porque Jean Michel Bouvier (padre de Cassandre, una de las dos turistas asesinadas) viene defendiendo su inocencia y reclamando su libertad. Para ser mas explicito, el Procurador afirmó que “la apelación extraordinaria es parcialmente admisible en cuanto pone en cuestión el tratamiento que los jueces de la causa dieron al derecho, de naturaleza federal, a ser oído. La impugnación no es procedente en lo que respecta a la alegada arbitrariedad con la que los tribunales salteños han merituado la prueba producida durante el juicio e interpretado las normas del derecho procesal provincial. Con el limitado alcance indicado, por tanto, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja».

En el análisis del fondo de la cuestión, en lo que consideró viable la queja, Casal tuvo críticas para la forma en que la Corte de Justicia de Salta denegó los recursos de la defensa de Vera. Reseñó que la condena fue impuesta en un procedimiento escrito en el que los jueces no lo vieron, ni escucharon. «La corte salteña, sin embargo, desestimó ese planteo de un modo, en mi entender, excesivamente ritualista, al apelar como fundamento tan sólo a las normas del derecho procesal local aplicable», sostuvo. Esas normas establecen que las impugnaciones a sentencias de tribunales de juicio se tramitan por escrito, y los tribunales de impugnación no estarían obligados a tomar contacto con el acusado para condenarlo en esa instancia. Casal recordó que la Corte Suprema tiene sentada doctrina respecto de que «la adopción de una decisión judicial de la trascendencia de una condena penal exige, al menos, el mínimo de inmediación propio de la audiencia» con el fin de «garantizar de ese modo el derecho constitucional del condenado a ser oído por los jueces de la causa antes de que se dicte un pronunciamiento condenatorio en su contra».

Lo que en su dictamen Casal no observa, es que la escandalosa impugnación fue elaborada por dos jueces que nunca entrevistaron al sobreseído y que lo condenaron a perpetuidad sin que se agregue ninguna nueva prueba al juicio oral. Mucho menos pudo decir Casal que uno de esos dos jueces fue durante una década, el secretario personal del actual Presidente de la Corte local, quien meses después habría alineado a sus pares con licencias y beneficios, para ratificar esa condena a perpetuidad de impugnación. Para muchos, en 2016 ésta era la pruebita de amor entre la Corte y el gobernador que arrancaba su último periodo. Todos dudaban que fuera el último, último, último periodo.

Abogado local

José Vargas, abogado de Santos Clemente Vera, aseguró ésta semana que el dictamen de Casal “es una buena noticia, porque el Procurador de la Nación dictamina favorablemente. Dictamina a favor de Clemente (Vera). Es decir, él dice que se haga lugar a la queja parcialmente, porque se ha violado el derecho que tiene a ser oído antes de una condena, antes de una sentencia, y pide a la Corte de Justicia de la Nación que resuelva en ese sentido, salvo mejor criterio de ellos. El dictamen del Procurador General de la Nación no es vinculante. Simplemente brinda su apreciación sobre el recurso extraordinario que ha sido rechazado en Salta. De ahí considera que lo más importante es que se le negó el derecho que tenía Vera antes de ser condenado, a ser oído. Ese trámite no se cumplió, y directamente se lo condenó. Ese es uno de los agravios que afectan garantías constitucionales expresamente establecidas que tiene Vera ese derecho a la defensa”. Además el letrado explicó, que la Corte salteña de Catalano está ante un papelón histórico: “Por supuesto. Ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a decir sobre que lo han condenado. Arias y Martin son quienes integraron la Sala 3 del Tribunal de Impugnación. Uno es el hijo de Sandra Bonari, quien está en la Corte. Ellos son los que lo condenaron y lo condenaron mal, porque no aplicaron el Código Procesal Penal, ellos no tenían facultades para condenarlo a Vera porque llegó absuelto a segunda instancia. Específicamente el Código dice que no lo puede condenar sino que tiene que ordenar nuevo juicio. Ellos pasaron por arriba del Código y lo condenaron. Ni siquiera lo citaron a Vera para escucharlo a ver que iba a decir antes de la condena. No aplican el Código Procesal Penal, tampoco lo escuchan a Vera y lo condenan. Yo a esa condena la recurro, interpongo casación, no me hacen lugar. Interpongo recurso de inconstitucionalidad, llego a la Corte, la Corte de Salta me dice que no, que está bien condenado. Contra la decisión de la Corte interpongo un recurso extraordinario federal, la Corte me dice que no, que es inadmisible. Ahora el procurador emite dictamen y dice que se tiene que hacer lugar a la queja porque Vera fue mal condenado. Pide a la Corte de que ordene a la justicia de Salta a que emita un nuevo fallo conforme a derecho”. Una Corte patética. Eso muestra Salta.

Se presume inocente

Manuel Garrido, abogado de la fundación Innocence Project Argentina quien representa a Santos Clemente Vera, aseguró que continuaran insistiendo en la inocencia de su defendido. Esta semana en la radio mas oficialista de Salta, el abogado fue claro sobre los pasos a seguir. “Estamos pidiendo que se realice el juicio nuevamente y se muestren las pruebas de ADN que no se encontraron” manifestó Garrido, y agregó que se presentó un recurso ante la Corte de Justicia para insistir en la libertad ya que los procedimientos no habrían sido los adecuados. “Lo que ocurrió en el último mes es que el dictamen del Procurador interino dice que se violó el principio de inmediación. La sentencia condenatoria fue irregular porque no lo escucharon. Este es un caso donde hubieron cosas extrañas y cuestionamos las formas de cómo se cerró el tema, sin oír a Clemente, incumpliendo el código procesal, extraviado las muestras de ADN”, entre cosas, destacó el letrado. En la misma radio que hasta ayer propalaba las bondades de Urtubey, ahora Garrido dijo que “este es un caso importante para que pasen cosas raras. Hay una serie de cosas extrañas, queremos que la Corte estudie de manera profunda el caso y se haga justicia”.

Carta desde París

La carta que le envió Jean Michel Bouvier a la Suprema Corte argentina debiera ser materia de estudio para los amantes del derecho en Salta: «Perdí más que una hija, una cómplice intelectual. Desde el sábado 30 de julio de 2011, día siniestro, cuando supe de su asesinato, estoy condenado, a perpetuidad, al sufrimiento, a las lágrimas, a la desesperación, a la depresión… Solo, la gracia de los niños pequeños y el conocimiento de una injusticia reparadora en algún lugar del mundo me seca las lágrimas por un momento». Jean Michel le cuenta a los supremos argentinos que Cassandre (fusilada con una bala de 22 mm en la frente) fue «un alma hermosa” a la que “le encantaba la tolerancia, la libertad de pensar y actuar con respeto por los demás. No le gustaban las injusticias y sus consecuencias: pobreza, descenso, exclusión. Le gustaba buscar lo que permite a las personas desfavorecidas salir de su condición. Le encantaba mostrar solidaridad con todos los que sufren y actuar por ellos. Le encantaba descubrir la vida de las personas, su cultura y defender esta diversidad. La muerte de Cassandre y Houria es una injusticia que aún espera ser reparada. Su memoria exige reparación. La Argentina que amaban se las debe. Durante los últimos nueve años, he estado viajando regularmente a Buenos Aires y Salta para instar a las autoridades argentinas nacionales y provinciales a ser transparentes sobre los hechos y completar las investigaciones. Asistí al juicio oral en 2014. Voy a rendir homenaje hasta mi muerte a los tres jueces que emitieron un veredicto justo basado exclusivamente en la presencia o ausencia de evidencia científica incontestable. También destacaron las maquinaciones policiales contra los acusados ​​y el recurso sistemático métodos de interrogatorio (tortura física y psicológica) indignos del estado de derecho y contrarios a los derechos humanos. A pesar de mi edad, el deterioro progresivo de mi salud y las dificultades de viaje causadas por la pandemia de covid-19, nunca renunciaré a pedirle a las autoridades argentinas que investiguen seriamente los hechos para que la verdad sobre lo sucedido Finalmente se sabe y los responsables de los delitos y sus cómplices (cualquiera que sea su rango social) son juzgados de acuerdo con la ley». El padre de una de las victimas es el único familiar que leyó el expediente original y quizás por eso agrega a la Suprema Corte que “Argentina debe ahora hacer justicia a Francia aclarando las condiciones reales de las ejecuciones de Cassandre y Houria. Argentina también debe corregir el destino injusto de dos de sus propios ciudadanos. Daniel VILTE, completamente y justamente liberado de los crímenes de Cassandre y Houria, debe ser compensado por el daño sufrido por un encarcelamiento de casi 3 años por nada. Clemente VERA, absuelto en primera instancia y puesto en libertad, fue reencarcelado mientras no se aportaron pruebas científicas incontestables contra él. El ADN no identificado descubierto por expertos franceses y no unido a su investigación por un juez investigador parcial debe ser objeto de robots de retratos. Permitirán reorientar la encuesta. Las muestras de ADN sin explotar perdidas por el Poder Judicial de Salta que se encontraron recientemente en una de sus cajas fuertes deben enviarse sin demora a una doble experiencia (argentina y francesa). Respaldar sin reservas las sentencias del Poder Judicial de Salta contra Clemente VERA sería una falta contra el principio del derecho a un juicio justo. Negarse a reanudar las investigaciones para conocer toda la verdad sería, por un lado, un insulto a la memoria de las víctimas y sus familias y, por otro lado, un delito contra la justicia internacional. Las conclusiones del Fiscal General CASAL son inaceptables. En última instancia, se disculpan por las deficiencias y debilidades de los procedimientos provinciales. Seguirlos sería una negación de la justicia. Destilaría el veneno de los sentimientos en los corazones de las mujeres de todo el mundo y, en primer lugar, de las argentinas”. En verdad la carta del 7 de julio a los miembros de la Corte de la Nación no tiene desperdicios y es propia de un hombre con mas claridad que dolor: «Privar a un hombre en cuya libertad no hay una carga razonada es un dolor adicional para mí, ¡Salve a Clemente VERA! Sálvame!».

Estas últimas palabras. Solo estas últimas palabras de un ciudadano extranjero deberían obligarnos por lo menos a repasar quienes son los miembros de la Corte Salteña hoy. Solo La Nausea de Jean Paul Sartre puede superar ese repaso de cortesanos que nosotros mismos nombramos, aunque sea en forma indirecta. Solo esa obra literaria superará el asco a nosotros mismos, y a la patética Corte salteña que supimos (des)componer.

 

Asco azul

La ultima portada de Cuarto Poder dio a conocer el rostro del oficial Walter Mamaní, un policía que desde Apolinario Saravia siguió haciendo lo mismo que siempre había hecho: cometer delitos e inventar causas y pruebas para ocultarlos. El acertado rápido vínculo que este medio realizó de Mamani con su participación en el caso policial mas resonante de la Salta moderna lo convirtió en portada, y si bien no fue planteado expresamente, desde la primer letra hasta la última página de nuestro número pasado, todo lector atento se preguntó lo mismo: “cómo estuvo este delincuente diez años representando a la ley en nuestras calles?. Qué es lo que falló en nuestra sociedad?”. Eso representa Mamaní. Un error sostenido en el tiempo. Un todo lo que está mal, y toleramos. No es solo un cana de balazo fácil, no es solo un plantador de puebas falsas (ver libro Doble Crimen/editorial El Cuarto). No es solo un Mamaní. La tapa de este semanario del pasado 4 de julio llegó a Europa y fue reproducida y destacada por los periodistas que siguen el caso turistas francesas. La fotografía de Walter Mamaní terminó en las pantallas de las TV francesas como lo que es, como lo que representa. Lo peor de nosotros mismos.

 

 

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