La caída de las ventas y la pérdida de empleos profundizan la crisis del comercio salteño. En medio del desastre, reapareció Bettina Romero con preocupación impostada y memoria selectiva: lamentó las consecuencias de un modelo económico que celebró y evitó incomodar al gobierno de Milei. En el norte, las restricciones fronterizas reavivan la disputa entre el combate al contrabando y el comercio legal.
Jerson De Cecco
En la política doméstica abundan los episodios curiosos y hay quienes descubren las consecuencias de sus propias posturas cuando los números se traducen en cierre de persianas. Bettina Romero parece estar atravesando ese proceso. La exintendenta reapareció en la Cámara de Comercio e Industria de Salta, que cumplió 120 años, para expresar su preocupación por los locales que bajan sus persianas, las ventas que no repuntan y el empleo que desaparece. Entregó una placa, compartió el diagnóstico y puso sobre la mesa una serie de problemas reales. Lo que no hizo fue explicar la parte incómoda de la historia: la relación entre ese panorama y el gobierno de Javier Milei, al que supo respaldar con entusiasmo.
La escena tiene algo de ironía involuntaria. Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, Romero celebró que los argentinos habían elegido «libertad, progreso y desarrollo». Ahora, cuando el comercio salteño acumula pérdidas, los salarios pierden poder adquisitivo y los negocios enfrentan una demanda cada vez más flaca, la preocupación aparece en primer plano. La defensa del modelo libertario rápidamente queda fuera de cuadro. Como si la economía fuera una tormenta imprevisible y no el resultado, al menos en parte, de decisiones políticas concretas.
El problema no es que Bettina hable de la crisis. El problema es la selectividad del diagnóstico: advertir sobre los daños, pero esquivar la discusión sobre las políticas que contribuyen a producirlos. Y, sobre todo, hacerlo después de haber celebrado el rumbo nacional sin demasiadas prevenciones.
Una crisis que no entra en una placa
Los números permiten dimensionar la distancia entre el discurso y la realidad. Según un informe de Politikon Chaco, las ventas reales acumuladas de los supermercados de Salta durante los dos primeros años de la gestión libertaria cayeron un 21,4% respecto de los niveles de 2023. La contracción provincial más que duplica la media nacional, ubicada en el 9,3%. No es una diferencia menor. Salta perdió más de una quinta parte de las ventas reales de ese canal comercial en apenas dos años.
La tendencia tampoco parece haber encontrado un piso firme en 2026. Los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran que las ventas minoristas acumulan una caída del 2,1% en lo que va del año, con un retroceso intermensual del 1,2% en septiembre. La comparación entre indicadores exige distinguir los períodos y los universos relevados, pero el sentido general es difícil de disimular: el consumo sigue sin ofrecer el oxígeno que necesitan los pequeños y medianos comercios.
La recesión se refleja también en la recaudación. Los ingresos provinciales por Ingresos Brutos, un tributo estrechamente ligado a la facturación de la actividad económica, registraron una caída real acumulada del 15% desde 2023, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Cuando cae la facturación, no solamente se resienten las cajas de los negocios: también se achica la base imponible que sostiene los recursos públicos. El deterioro comercial, así, se traslada a las cuentas del Estado.
Pero el dato más concreto de la crisis está en el empleo. La SRT registró que el comercio salteño pasó de 23.486 trabajadores formales y 2.474 empleadores a 22.321 empleados y 2.360 empleadores en la comparación interanual correspondiente a los períodos informados. La diferencia equivale a 1.165 puestos de trabajo registrados menos y 114 empleadores que dejaron de figurar en el sector.
El panorama general es todavía más severo. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que, desde el inicio del gobierno de Milei hasta mediados de su gestión, Salta perdió 14.680 puestos de trabajo formales privados y 629 empleadores. La destrucción alcanzó distintos sectores, entre ellos la construcción, el agro y el comercio. Los datos describen una economía que no solamente vende menos: también reduce su capacidad de generar empleo registrado y sostener unidades productivas.
Con ese telón de fondo, la preocupación de Romero resulta atendible. Lo que merece una explicación es por qué su lectura parece detenerse justo antes de llegar al gobierno nacional.
Los impuestos, la memoria selectiva y el elefante libertario
Entre las advertencias de la exintendenta apareció otro argumento conocido: la presión tributaria. Romero señaló que un comercio de la ciudad de Salta debe afrontar 77 tributos entre los niveles nacional, provincial y municipal. El número funciona como una buena consigna para describir la complejidad impositiva argentina, pero también exige algo más que una enumeración impactante.
Según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) citados en la información disponible, 40 de esos tributos corresponden al nivel nacional. Es decir, más de la mitad del total señalado por Romero tiene origen en el Estado nacional. El dato no elimina las responsabilidades provinciales ni municipales, ni demuestra por sí mismo cuánto paga efectivamente cada comercio. Sí introduce una pregunta incómoda: ¿cómo se denuncia la presión tributaria sin discutir el peso de la estructura nacional que se cuestiona?
La contradicción política es todavía más evidente cuando se observa el resto del escenario. Los comerciantes enfrentan una combinación entre menos consumidores con capacidad de compra, mayores costos fijos, alquileres impagables y una competencia importada que presiona sobre determinados rubros. La apertura comercial, el ajuste del gasto y el deterioro del ingreso real forman parte de la discusión sobre el rumbo económico de Milei.
La paradoja es que el mismo discurso de la libertad que acompañó la llegada de Milei convive ahora con comerciantes que necesitan vender más y sostener sus planteles. La libertad de abrir un negocio pierde bastante de su épica cuando ese negocio no consigue cubrir los gastos del mes.
En la frontera, la crisis también tiene aduana
La discusión adquiere otra dimensión en el norte provincial, donde el comercio depende de una dinámica fronteriza que no puede analizarse con las mismas reglas que un local del centro salteño. La Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vigente desde el 10 de octubre, estableció un límite de 150 dólares diarios por persona para las mercaderías que salen del país bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.
La disposición encendió alarmas en Salvador Mazza, frente a la ciudad boliviana de Yacuiba. Según la cotización consignada en la información difundida sobre la medida, el tope equivalía a unos 226.987 pesos. La normativa también contempla restricciones sobre determinados productos, entre ellos granos, combustibles transportados en recipientes o tanques suplementarios y mercaderías acondicionadas en envases de diez kilogramos o más, además de otros bienes sujetos a prohibiciones específicas.
En una reunión de la Cámara de Comercio e Industria de Salta con Fabián Hryniewicz, presidente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, representantes de Salvador Mazza, Aguas Blancas, Orán y Tartagal advirtieron sobre el riesgo de nuevas caídas de ventas, pérdida de empleos y cierres de empresas.
El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, también llevó la preocupación ante el Gobierno provincial. La inquietud tiene una lógica: en localidades fronterizas, las restricciones pueden alterar una dinámica económica de la que dependen pequeños negocios y numerosas familias.
La situación expone una tensión dentro del propio modelo económico. Por un lado, se promueve una mayor apertura de las importaciones, pero en la frontera se endurecen las condiciones para determinadas operaciones. No son mecanismos necesariamente incompatibles, la importación formal y el tráfico vecinal responden a regímenes diferentes. Pero el contraste obliga a preguntar qué política comercial se busca construir y cómo se distribuyen sus costos entre los distintos actores económicos.
También aquí aparece una pregunta política que excede a Romero: ¿qué margen tienen las provincias para amortiguar las consecuencias de decisiones nacionales que afectan a sectores con escasa capacidad de resistencia?
La puesta en escena bettinista enseña que descubrir que el comercio está en problemas no es lo mismo que descubrir por qué. Y semejante contradicción no se borra entregando placas.
