Se cumple el quinto aniversario del crimen de Cintia Fernández. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la provincia. Símbolo de impunidad y de sospechas de pesos pesados involucrados que no permiten que la verdad salga a la luz. (F.A.)
El 28 de abril de 2011, Cintia Fernández fue asesinada en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta. El cuerpo fue encontrado cinco días después por su madre, Ana Fernández, quien desde entonces alzó la voz, no se quedó callada y se convirtió en una de las mayores luchadoras en contra de la impunidad en la provincia. Cinco años después del crimen, continúa buscando justicia.
Cintia estaba en la cama de su departamento. Tenía una bolsa de plástico en la cabeza, atada con cinta de madera. Presentaba golpes, había sangre en el lugar. Sin embargo, la primera hipótesis de la justicia fue la de suicidio. Luego se llegó a especular con una muerte accidental causada por una práctica de autosatisfacción que salió mal. El cuerpo de la joven de 26 años estaba en estado avanzado de descomposición, pero no alcanzó para que los que trabajaron en la escena del crimen tomaran precauciones. Cintia fue envuelta en una frazada, luego en una sábana y fue trasladada a una comisaría de la zona, donde permaneció por más de una hora.
A su departamento acudieron diversas autoridades de la policía salteña. La escena del crimen no fue cuidada y comenzaron las sospechas. Qué había pasado. Quién estaba interesado en el hecho y por qué.
Actualmente hay dos imputados que fueron pareja de Cintia: un oficial de la policía y un químico.
“Hubo muchas desprolijidades en todo lo que fue la autopsia de mi hija”, aseguraba Ana Fernández a Cuarto Poder en mayo de 2012, cuando se había cumplido un año del crimen. Y seguía: “Teniendo en cuenta que está involucrado un médico policial, Pablo Alanís, que le saca la bolsa a mi hija, y la sábana con que salió envuelta mi hija desde el departamento hasta la morgue. Por orden del Dr. Pastrana no tenían que tocar nada. La camioneta que conducía al cadáver de mi hija hizo base en la policía de San Remo, donde estaba este médico. Y este médico le saca la bolsa y desaparece la sábana. Entonces mi hija llega a la morgue, donde estaban familiares míos; con los piecitos afuera, no como la habían sacado del departamento. Estaba envuelta en una colcha. ¿Viste cuando agarrás una colcha y hacés los atados? Así la ataron a mi hija. Entonces, desde el vamos hubo muchas desprolijidades, por eso el juez Pastrana apartó a la policía”.
En aquellos días, Fernández aseguraba: “El comisario (Néstor) Píccolo tenía que declarar en la causa de mi hija y se suicidó unos días antes. Para mí no se suicidó, para mí lo silenciaron, porque yo creo que acá hay algo pesadísimo”.
Ana también denunció que Jimena Núñez, la oficial que estuvo a cargo de la investigación, “tuvo un día la llave del departamento e hizo… pero, destrozos. Volcaron toda la ropa del placard al piso, sacaron todos los libros de ella, tiraron todo al piso, limpiaron la escena. El juez Pastrana insistía en que si nosotros habíamos limpiado, habíamos tocado. Y no, porque yo llegué, la encontré a mi hija, lo llamé a mi hermano, a mi cuñada; y después entró la policía, el juez, el médico de la policía, y no entró más nadie”.
Después del impacto inicial y las distintas versiones, el caso se convirtió en emblemático precisamente por la impunidad que lo rodea. Ana Fernández es hoy una de las caras más visibles de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad, que nuclea más de cien casos de toda la provincia y marcha todos los viernes a las 19 horas por el centro de la ciudad desde agosto de 2011. Tanto creció el movimiento, que esta semana se anunció de la creación de una comisión similar en la ciudad de Orán. Ana el año pasado fue precandidata a diputada por el Partido Obrero y aún encabeza las marchas exigiendo justicia.
En 2013, cuando ya habían transcurrido más de cien marchas de los viernes, Ana tomó el megáfono y aseguró, frente a la catedral: “Acá la justicia es para los ricos y los doble apellidos”. Luego, criticó al arzobispo Mario Cargnello por considerarlo obsecuente del gobierno.
El año pasado, a días de cumplirse un nuevo aniversario Ana fue amenazada de muerte por teléfono. También sufrió escraches en forma de pegatinas en la puerta de su casa. Fernández denunció por el hecho a Mario Condorí, ex policía e imputado en la causa.
“No es la primera vez que este personaje atenta contra a Ana, hace dos años atrás amenazó con acuchillarla. Claramente este hombre se atreve a todo, producto de la impunidad reinante en nuestra provincia”, declaraba entonces la senadora Gabriela Cerrano, quien acompaña a la mujer desde hace tiempo en la Comisión de Familiares contra la Impunidad.
En marzo pasado, la emblemática revista La Garganta difundió una “Carta abierta a la policía de Urtubey”, escrita por Fernández. El texto aseguraba:
Hoy no llego a ustedes escribiendo: llego a ustedes resistiendo, en una lucha que comenzó 5 años atrás, el 28 de abril de 2011, cuando debí salir a la calle para buscar Justicia, por mi hija asesinada. ¿Entienden? Por mi hija. Asesinada. Llena de proyectos e ilusiones, Cintia estaba casi recibida de Licenciada en Genética en la Universidad Nacional de Misiones, ese maldito día que le cerraron sus grandes ojos y le apagaron esa inmensa sonrisa que hoy me sigue iluminando, para poder seguir luchando.
Fue la Policía, bajo la coordinación del ex Secretario de Seguridad, Aldo Saravia.
Pero ojo, porque también hubo otro partícipe necesario: el poder judicial, ese siniestro aparato mal llamado “Justicia”, que yo pude conocer muy bien, mirándole la cara al juez Antonio Germán Pastrana. Juntos, todos los amigos del poder, protegieron al principal imputado, el policía Mario Federico Condorí, que trabajaba en la División de Trata de Personas. Pues tantos años gritando no fueron en vano: al menos, logramos que él fuera expulsado de la fuerza, pero por supuesto debí pagar por ello: fui amenazada en varias ocasiones, hasta por integrantes de la Brigada de Investigaciones, que me seguían hasta mi casa en camionetas negras sin patente. ¿La democracia? Ausente.
El gobernador Juan Manuel Urtubey dijo que “en Salta no existen crímenes contra las mujeres”, en una declaración que me atravesó el pecho, porque me dejó bien en claro que, para él, mi hija no era nadie. ¿Y saben qué? Mi hija existía, existía como existía Mirta Llanos antes de su femicidio y como existía Cristian Luna, antes de volverse un desaparecido en democracia, 8 años atrás.
¿Alguna otra novedad? Sí, cumplimos 268 marchas contra la impunidad. Y vamos a cumplir muchas más, porque sí, las mujeres que sufren violencia de género también existen, como mi hija, como su memoria. Donde esté, ella sabrá que yo luché, que luché incansablemente y que no me quedé llorando en casa. Por ella y por mí, marchamos y vamos a marchar en infinitas movilizaciones, todas las veces que nos quieran poner bozales, con esa Ley de Contravenciones contra las manifestaciones sociales.
Pues a 40 años del último golpe cívico militar, mientras acompañamos a las Abuelas y las Madres que siguen buscando a sus hijos, sus hijas y sus nietos, como yo busco a la mía, hoy gritamos desde nuestra plaza para que nuestro pueblo sepa lo que nos pasa. Ni olvido, ni perdón, ni una sociedad indiferente: el poder de la impunidad sigue vigente.
