La nueva Carta Orgánica propone que el jefe comunal profese el culto católico y que el Estado local financie la religión. El debate divide a los convencionales y se desarrolla a puertas cerradas.
Una fuerte polémica se desató en Chicoana luego de que el convencional constituyente Walter “Bambino” Raposo, presidente de la Comisión de Culto, confirmara que el proyecto oficial de la nueva Carta Orgánica Municipal propone mantener el sostenimiento del culto católico apostólico romano por parte del Estado local. Según Raposo, la iniciativa se justifica en “la historia y la cultura del pueblo”, aunque la propuesta contradice el principio de laicidad del Estado consagrado en la Constitución Nacional.
“El pueblo de Chicoana siempre ha estado profundamente ligado a la fe católica; es parte de nuestra identidad y cultura. Por eso proponemos mantener lo que dicta la Constitución provincial: libertad de culto, pero con el Estado que sostiene la religión católica apostólica romana”, explicó el convencional.
Sin embargo, otros miembros de la Convención se desmarcaron del planteo. Varios advirtieron que incluir el financiamiento estatal de un credo implica una discriminación hacia otras religiones y contradice los valores democráticos actuales. “La Carta Orgánica debe garantizar igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, sin privilegios ni imposiciones de fe”, sostuvo uno de los convencionales opositores al texto impulsado por Raposo.
Otro integrante del cuerpo reconoció que el artículo “generó incomodidad” dentro de la Convención, aunque aclaró que el texto aún está en discusión. “No hay una definición final sobre el tema, pero debemos ser muy cuidadosos con los artículos que puedan interpretarse como privilegios para un sector religioso”, remarcó.
En tanto, Raposo insistió en que la intención no es eliminar la libertad de culto, sino “preservar la tradición católica que siempre caracterizó a Chicoana”. Mientras tanto, las reuniones para definir la Carta Orgánica se desarrollan a puertas cerradas, sin acceso a la prensa. A pocos días de que venza el plazo para entregar el texto definitivo, la localidad se ve envuelta en un debate que parece retroceder siglos al poner la religión como requisito para gobernar.




