ARCA encontró una estructura feudal. Habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets y letrinas. La fiscalía acusa al empresario de explotar laboralmente a siete trabajadores. El dato adquiere una dimensión particular: hace apenas una semana, el Congreso aprobó por unanimidad declarar a Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro, una iniciativa impulsada por la diputada Yolanda Vega, exintendenta de la localidad.
Lucas Sorrentino
Hay lugares donde la pobreza no necesita explicaciones. Se ve en el piso de tierra, en una cama armada con palets, en el agua que debe calentarse dentro de un tacho para poder bañarse. Se ve también en una letrina que reemplaza al baño y en un salario que, según la fiscalía, no alcanza para vivir.
Esa postal feudal fue el escenario que, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, encontraron los inspectores que llegaron a una finca de Cerrillos después de un llamado anónimo a la línea 145, el número destinado a recibir denuncias sobre posibles casos de trata de personas.
La investigación terminó este miércoles con la imputación de un empresario gastronómico Jose Antonio «Quico» Fernandez acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores. El juez federal de Garantías N° 2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la acusación presentada por la Unidad Fiscal Salta y habilitó un plazo de seis meses para profundizar la investigación.
El empresario descendiente de andaluces quedó imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, la situación de vulnerabilidad y la consumación del delito, según los artículos 145 bis y ter del Código Penal.
Además, el magistrado le impuso medidas coercitivas: no podrá salir del país y deberá abstenerse de mantener contacto con determinados empleados.
La investigación está a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, con la participación de la auxiliar fiscal Vanina Pedrano y el abogado José Manuel Lavilla.
Una semana después de la celebración
El caso ocurre en un momento particularmente incómodo para Cerrillos. Hace apenas una semana, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con 203 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto para declarar a la localidad salteña Capital Nacional del Cerdo Negro.
La iniciativa había sido impulsada por la diputada nacional Yolanda Vega, exintendenta de Cerrillos, y tenía entre sus principales referencias la actividad vinculada con la cría y elaboración de productos derivados del cerdo negro que desarrolla el empresario ahora imputado.
El proyecto llegó al Congreso acompañado de una idea de desarrollo local: convertir una producción artesanal en una marca para la localidad, fortalecer el empleo, atraer turismo y darle mayor visibilidad a una actividad que tiene características particulares.
Vega defendió en ese contexto una tradición productiva basada en la alimentación de los animales con bellotas y en un proceso artesanal de elaboración y curación del jamón que puede extenderse durante años.
¿Vega no sabía en qué condiciones trabajaban estas personas? Raro
El llamado que abrió la puerta
El expediente comenzó en marzo, con una denuncia anónima recibida en la línea 145. El aviso advertía sobre una posible situación de precariedad laboral en una finca ubicada en Cerrillos.
La denuncia activó una inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX).
Los inspectores encontraron allí a unos 20 trabajadores. La fiscalía sostiene que siete de ellos fueron víctimas de explotación laboral.
La finca no estaba destinada a una única actividad. Allí se cultivaba y cosechaba tabaco y aceitunas y también se criaban cerdos, entre ellos ejemplares de la raza de cerdo negro, vinculada a la actividad gastronómica del empresario.
Según la acusación, los trabajadores aparecían registrados como personal de cosecha de tabaco, pero después eran enviados a realizar otras tareas. La fiscalía considera que esa registración permitía pagar salarios inferiores a los que correspondían por las actividades que efectivamente desarrollaban.
Pero el expediente no se sostiene solamente en una cuestión salarial.
Dormir sobre palets, bañarse calentando agua
Durante la audiencia, los fiscales mostraron fotografías tomadas durante la inspección.
En ellas aparecen las habitaciones donde dormían algunos trabajadores. El piso era de tierra. Las camas estaban construidas con palets. Los baños eran letrinas. Para bañarse, según la fiscalía, debían calentar agua en tachos o baldes.
Las condiciones descriptas por el Ministerio Público Fiscal fueron calificadas como insalubres y de extrema precariedad.
La escena adquiere otra dimensión cuando se la coloca junto a los números de la actividad económica del empresario.
Según información aportada por ARCA, el acusado registró ingresos superiores a $600 millones durante 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026.
La fiscalía utilizó esos datos para sostener que no se trataba de una persona imposibilitada de mejorar las condiciones de alojamiento de sus empleados. Por el contrario, planteó que contaba con recursos suficientes para brindarles viviendas dignas y cumplir con las obligaciones laborales correspondientes.
Salarios de hasta $500.000 y jornadas sin límites
La auxiliar fiscal Pedrano sostuvo durante la audiencia que los trabajadores cobraban, en general, remuneraciones que no superaban los $500.000.
Pero el problema, según la acusación, no terminaba en el monto.
La fiscalía describió jornadas laborales extensas, sin pago de horas extras, domingos ni feriados. También señaló que los trabajadores no recibían asistencia adecuada cuando enfermaban o sufrían accidentes.
Uno de los casos relatados durante la audiencia fue el de un trabajador que sufrió una lesión en una pierna mientras realizaba sus tareas. Según la fiscalía, el empresario no se hizo cargo de su traslado: tuvo que llevarlo un familiar.
Tampoco habría recibido una compensación ni el pago correspondiente por los días en que permaneció sin trabajar debido a la lesión.
Entre los trabajadores relevados había adultos mayores. Uno de ellos, de acuerdo con la exposición de la fiscalía, debía concurrir a un comedor de Cáritas porque el dinero que recibía por su trabajo no le alcanzaba para alimentarse.
La postal resulta difícil de reducir a una planilla de sueldos. Hay una finca. Hay personas que trabajan allí. Hay un patrón que, según la acusación, dispone de ellas para distintas tareas. Y hay una diferencia entre unos y otros que no se mide solamente en pesos.
“Disponía de manera discrecional” de los trabajadores
Para los investigadores, una de las claves del caso está en el uso que el empresario hacía de la mano de obra.
Los empleados eran registrados formalmente como trabajadores de la cosecha de tabaco. Sin embargo, según la fiscalía, luego eran destinados a la cosecha de aceitunas o a las tareas vinculadas con la producción porcina.
La acusación sostiene que esa modalidad constituía una maniobra para encuadrarlos bajo una categoría salarial inferior y luego utilizarlos en otras actividades.
El empresario desarrolla, además, una actividad gastronómica cuya especialidad está vinculada precisamente con la carne de cerdo negro que se produce en la finca.
La fiscalía describió, en ese sentido, una relación laboral en la que el acusado habría dispuesto “de manera discrecional” de los trabajadores.
El descargo del empresario
El acusado rechazó la imputación.
“Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, declaró durante la audiencia.
También se refirió a las condiciones de alojamiento encontradas durante la inspección.
Según su explicación, las habitaciones de adobe no estaban habilitadas y sostuvo que su error había sido no haberlas derribado. Sobre las letrinas, afirmó que los baños no estaban habilitados, aunque reconoció que los trabajadores las utilizaban de todos modos.
El empresario aseguró, además, que en la finca existen otras viviendas que cuentan con aire acondicionado, televisión satelital y otras comodidades. Según su versión, esas construcciones no fueron fotografiadas durante la inspección.
La explicación quedará ahora incorporada al expediente junto con las fotografías, los registros laborales, la información económica y los testimonios reunidos por los investigadores.
