El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la provincia. Símbolo de impunidad y de sospechas de pesos pesados involucrados que hasta hoy, después de mas de siete años, no permiten que la verdad salga a la luz. 

Finalmente, el juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, con competencia en transición, elevó a juicio la causa contra Mario Federico Condorí, acusado del delito de homicidio simple en perjuicio de Cintia Fernández.  Su madre, Ana Fernández, disiente con la acusación y sostiene que se trató de un homicidio agravado con alevosía, para el cual correspondería cadena perpetua.

El juez tuvo por finalizada la investigación según lo exige la ley, y ordenó la remisión del expediente a la Sala IV del Tribunal de Juicio, donde continuará con el trámite correspondiente. La causa fue recibida el viernes, en esa dependencia.

La investigación llevó a la conclusión de la existencia del delito, aseverando que Cintia Fernández habría sido asesinada ese 28 de abril.

El expediente penal cuenta con 33 cuerpos, 4 incidentes y 17 cajas de pruebas.

Una vida que se apaga y una lucha que se inicia

El 28 de abril de 2011, Cintia Fernández fue asesinada en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta. Llena de proyectos e ilusiones, la joven estaba casi recibida de la Licenciatura en Genética por la Universidad Nacional de Misiones. El cuerpo fue encontrado cinco días después por su madre, Ana Fernández, quien desde entonces se convirtió en una de las mayores luchadoras en contra de la impunidad en la provincia. Siete años y ocho meses después del crimen, continúa buscando justicia.

Cintia estaba en la cama de su departamento. Tenía una bolsa de plástico en la cabeza, atada con cinta de madera. Presentaba golpes, había sangre en el lugar. Sin embargo, la primera hipótesis de la justicia fue la de suicidio.

Luego se llegó a especular con una muerte accidental causada por una práctica que salió mal.

El cuerpo de la joven de 26 años estaba en estado avanzado de descomposición, pero no alcanzó para que por torpeza o adrede, los que trabajaron en la escena del crimen tomaran precauciones. Cintia fue envuelta en una frazada, luego en una sábana y trasladada a una comisaría de la zona, donde permaneció por más de una hora.

A su departamento acudieron diversas autoridades de la policía salteña. La escena del crimen no fue preservada y se tejieron un sinnúmero de sospechas. En el proceso, hubo dos imputados: un oficial de la policía y un químico.

“Hubo muchas desprolijidades en todo lo que fue la autopsia de mi hija”, aseguraba Ana Fernández a Cuarto Poder en mayo de 2012, cuando se había cumplido un año del crimen. Y seguía: “Teniendo en cuenta que está involucrado un médico policial, Pablo Alanís, que le saca la bolsa a mi hija, y la sábana con que salió envuelta mi hija desde el departamento hasta la morgue. Por orden del Dr. Pastrana no tenían que tocar nada. La camioneta que conducía al cadáver de mi hija hizo base en la policía de San Remo, donde estaba este médico. Y este médico le saca la bolsa y desaparece la sábana. Entonces mi hija llega a la morgue, donde estaban familiares míos; con los piecitos afuera, no como la habían sacado del departamento. Estaba envuelta en una colcha. ¿Viste cuando agarrás una colcha y hacés los atados? Así la ataron a mi hija. Entonces, desde el vamos hubo muchas desprolijidades, por eso el juez Pastrana apartó a la policía”.

En aquellos días, Ana Fernández aseguraba: “El comisario (Néstor) Píccolo tenía que declarar en la causa de mi hija y se suicidó unos días antes. Para mí no se suicidó, para mí lo silenciaron, porque yo creo que acá hay algo pesadísimo”. Ana también denunció que Jimena Núñez, la oficial que estuvo a cargo de la investigación, “tuvo un día la llave del departamento. Volcaron toda la ropa del placard al piso, sacaron todos los libros de ella, tiraron todo al piso, limpiaron la escena. El juez Pastrana insistía en que si nosotros habíamos limpiado, habíamos tocado. Y no, porque yo llegué, la encontré a mi hija, lo llamé a mi hermano, a mi cuñada; y después entró la policía, el juez, el médico de la policía, y no entró más nadie”.

Después del impacto inicial y las distintas versiones, el caso se convirtió en emblemático precisamente por la impunidad que lo rodea. Ana Fernández es una de las caras más visibles de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad, que nuclea más de cien casos de toda la provincia y marcha todos los viernes a las 19 horas por el centro de la ciudad desde agosto de 2011.

En 2013, cuando ya habían transcurrido más de cien marchas de los viernes, Ana tomó el megáfono y aseguró, frente a la catedral: “Acá la justicia es para los ricos y los doble apellidos”. Luego, criticó al arzobispo Mario Cargnello por considerarlo obsecuente del gobierno.

¿Quién protege al supuesto asesino?

El cuarto y actual juez en llevar la causa, Guillermo Pereyra, dictó el procesamiento del expolicía, Mario Condorí, y ordenó el sobreseimiento del ingeniero químico Raúl Marcelo Puca.

En tanto, Ana fue amenazada de muerte por teléfono, y sufrió escraches en forma de pegatinas en la puerta de su casa. Denunció por el hecho a Mario Condorí, expolicía entonces imputado en la causa y que ahora deberá dar cuenta frente a la justicia.

“No es la primera vez que este personaje atenta contra a Ana, hace dos años atrás amenazó con acuchillarla.  Claramente este hombre se atreve a todo, producto de la impunidad reinante en nuestra provincia”, declaraba entonces la senadora Gabriela Cerrano, quien acompaña también desde hace tiempo a la Comisión de Familiares contra la Impunidad.

Con el paso de los años, sistemáticamente hubo una clara y evidente protección al principal imputado, el policía Mario Federico Condorí, que trabajaba en la División de Trata de Personas. Tantos años gritando, no fueron en vano: al menos, se logró que fuera expulsado de la fuerza. Las amenazas y el amedrentamiento a la mamá de Cintia se intensificaron.

Actualmente, el hombre se encuentra detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Había sido procesado en septiembre de 2017, pero se había ordenado la permanencia en libertad, decisión que fue revocada luego por los jueces de Impugnación, que recordaron que la “Corte Federal tiene dicho que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro”. Continuaron los privilegios, recibió una beca, de esas que se brindan al mérito, para estudiar abogacía en la Universidad Católica de Salta, y es representado por un abogado que se jacta de cobrar altos montos por sus servicios. La pregunta de Ana es constante: ¿Quién lo protege?

 

Con la elevación a juicio de esta causa, se enciende una luz de esperanza, para esta madre hermanada en la mezcla de dolores y esperanzas compartidas, en cada marcha alrededor de la Plaza 9 de Julio pidiendo justicia. Los costos de la pasividad son evidentes: muertes innecesarias, prematuras y devastadoras de mujeres y de niñas, y sufrimiento y pérdida para las familias.

El de Cintia, no es el único caso que advierte que en Salta, hace falta prevenir los femicidios, y poner fin a la impunidad.

Frente a toda desesperanza, la férrea tenacidad de Ana Fernández, nos alecciona una vez más y nos mueve a reflexionar: Si se sostiene la lucha, la justicia llega.