La brutal represión a mineros de Mansfield en las puertas de la catedral dejó de manifiesto algo que, a estas alturas, pocos ignoran: Iglesia y Fuerzas de Seguridad son patas distintas del mismo sistema.
«Llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos (…) En el caso de ellos (los mineros) vienen juntos el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros». De esa manera describía el arzobispo Mario Antonio Cargnello frente al ex-presidente Macri, una postal que a la iglesia suele gustarle mucho: Obreros y patrones caminando juntos, sin conflictos, casi como si tuvieran los mismos intereses.
Sin embargo, la postal de un obrero encadenado y a punto de coserse la boca en la entrada de la catedral basílica de Salta esta mañana, parece haber ofuscado sobremanera al titular del arzobispado salteño, quien inmediatamente intentó disuadir a los manifestantes para que evacuen el lugar. Preocupado por el despeje de la entrada a la catedral, no así por la realidad de los 250 trabajadores despedidos de EDVSA, el arzobispo intentó convencer por media hora a los mineros para que depongan su reclamo.
El manifestante, sin embargo, continuó con la medida de fuerza ante el evidente nerviosismo de Cargnello, quien optó por retirarse y dar vía libre a los efectivos policiales para reprimir. Además de manifestantes y periodistas golpeados, dos representantes de los mineros fueron detenidos: Ramiro Frías, quien se encuentra internado en el Hospital San Bernardo y Cristian Torres, que fue llevado al centro de contraventores.
Los trabajadores despedidos de EDVSA (subcontratada de Mansfield, que explota el proyecto Mina Lindero) vienen reclamando por su reincorporación desde hace 80 días. Denuncian que fueron desmovilizados pese a estar cubiertos por el DNU antidespidos que rige durante la cuarentena y el que firmó en diciembre de 2019 el ex-presidente Macri. En el día de ayer, el delegado Ramiro Frías decidió coserse la boca, solicitando la intervención de la secretaría de Trabajo y el apoyo de los gremios; dado que la UOCRA no les ha brindado respuestas.
Además de los 250 despidos, la empresa Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA) dejó más de 300 empresas afectadas y más de 2077 cheques rebotados, según un informe reciente. La deuda acumulada hasta el momento supera los 900 millones de pesos y el pasivo de la empresa sigue en aumento.
