A las múltiples emergencias vigentes en la provincia se sumó en estos días el reconocimiento oficial de la luctuosa situación de cárceles y comisarías que albergan a personas privadas de su libertad. Aquí un necesario repaso en datos de la realidad carcelaria de Salta.
Nicolás Bignante
El déficit infraestructural, sumado al crecimiento exponencial de la población carcelaria, llevaron a que el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, adelantara la semana pasada la declaración de la emergencia penitenciaria por tres años en todo el territorio provincial.
La decisión incluirá entre otras cosas la incorporación de recursos para el Servicio Penitenciario de la provincia, la formación y capacitación de agentes en conjunto con la provincia de Jujuy, la construcción de la cárcel de Metan y un convenio de colaboración con Nación para el traslado eventual de detenidos a un cuartel del ejército en Tucumán. Este último punto abre un abanico de interrogantes, empezando por las condiciones estructurales del establecimiento, hasta el papel que jugarán las Fuerzas Armadas en el proceso.
De manera adicional, se construirán tres nuevas dependencias en Embarcación: La unidad Regional N° 8, una escuela de suboficiales y un centro transitorio de detención. Todo en pos de brindar cobertura a la creciente demanda del área sur del departamento San Martín.
Según datos aportados por el propio ministro, al día de hoy se encuentran detenidas entre 3900 y 4100 personas en la provincia, a las que deben sumarse otras 790 en comisarías. En 2008, el número de detenidos era de 1714, de manera que la población carcelaria aumentó desde entonces nada menos que un 139%.
Salta tiene capacidad para albergar a 1850 personas en los diferentes centros de detención, por lo que existe una superpoblación evidente y las instalaciones se encuentran claramente sobrepasadas. La alcaidía, en tanto, tiene capacidad para 350 alojados, aunque actualmente son más del doble. La consecuencia natural de esta realidad es el hacinamiento comprobado y documentado en los centros de detención de Salta que implica nada menos que no contar con plazas suficientes para alojar a los detenidos. Esto a su vez, deriva en serias disputas con el personal del Servicio Penitenciario y entre los mismos internos.
A parar a la comisaría
«Estamos con una superpoblación carcelaria. Hay comisarías abarrotadas de personas detenidas», reconoció el ministro de Seguridad durante el acto de entrega de dos camionetas en el penal de Villa Las Rosas. Ante el colapso de las unidades, son muchas las personas que cumplen su pena en comisarías a pesar de que no está permitido más allá de un breve periodo de tiempo.
Una resolución del juez de Tartagal Ricardo Martoccia da cuenta que en el distrito norte hay 347 detenidos, de los cuales 47 son condenados. Todos ellos comparten las mismas condiciones sin distinción de situación procesal y sin contar con derechos mínimos como tener contacto con hijos e hijas, dado que no hay instalaciones destinadas a tal fin.
El cumplimiento de penas en comisarías transgrede directamente el artículo 43 de la Constitución Nacional, como así también la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. En 2005, la Corte Suprema dictó sentencia haciendo lugar a una acción de habeas corpus interpuesta por el periodista Horacio Verbitsky, en su calidad de director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “a favor de todas las personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados”.
La Corte dispuso “declarar que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención”.
Desfederalización: Un paso en falso
En agosto de 2013 la provincia adhirió formalmente al régimen penal de estupefacientes, lo que se conocería luego como proceso de desfederalización de los delitos de microtráfico. No son pocos los que señalan este hecho como uno de los detonantes del proceso de expansión de la población carcelaria en Salta.
La medida entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”.
En contrapartida, la cantidad de detenidos por delitos vinculados al microtráfico creció considerablemente, llegando a ser la tercera causa de detención en la provincia. Uno de los que se mostró crítico con la aplicación de la desfederalización fue el propio ministro Cornejo, que ya había llevado el planteo al exgobernador Urtubey cuando ocupaba el cargo de Procurador General.
Condiciones deplorables
En un comunicado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta planteó: “Nos parece necesario poner en claro que el sistema de encarcelamiento preventivo y de condenados es de responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo Provincial, y la falta de inversión no es atribuible a los operadores de justicia, quienes no tenemos injerencia en el presupuesto provincial”.
Son reiterados los informes que dan cuenta de las pésimas condiciones en las que se encuentran los detenidos en Salta. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Salta inspeccionó en mayo la Unidad Carcelaria 4 de mujeres. En la inspección detectaron: «hacinamiento, falta de higiene y alimentación adecuada, retardo en la provisión de medicamentos, escasez de atenciones médicas, odontológicas, psicológicas, psiquiatras, ausencia de médicos intracarcelarios, excesivo uso de celdas de castigo y/o de aislamiento». Además, una situación «deplorable y luctuosa» respecto de las condiciones edilicias del penal en cada uno de sus pabellones, «especialmente en el pabellón de madres (el cual alberga actualmente a cinco niños/as)».
El mismo comité detalló en relación a la Comisaría N° 42 de Tartagal que «el espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utiliza un pozo común con cámara séptica que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones. No existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolutamente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar. Se alegan además diferentes tipos de malos tratos, los cuales fueron oportunamente denunciados».
Salta, tierra de emergencias
«Lo provisorio es para siempre», reza un aforismo popular argentino que bien podría resumir la realidad de las múltiples emergencias decretadas en la provincia en los últimos años. Hace algunas semanas, la legislatura prorrogó la emergencia sanitaria en toda la provincia por la pandemia global de Covid-19. La medida se suma a la emergencia sociosanitaria decretada a comienzos de 2020 tras la muerte por desnutrición de varios niños wichís en San Martín, Rivadavia y Orán.
Actualmente también se encuentra vigente la emergencia agropecuaria por sequía en los departamentos de Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma. La ley sancionada por la legislatura prevé que tanto la provincia como la Nación “articulen ayudas para mitigar los efectos negativos de la sequía”.
Finalmente, desde 2014 la provincia se encuentra en Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. La Ley provincial N° 7857 fue sancionada con el objetivo de poder erradicar el fenómeno de la violencia de género, que venía incrementándose en Salta sin que existiera capacidad de respuesta. Esa Ley fue prorrogada sucesivamente en 2016, 2018 y con la última prórroga aprobada regirá hasta este año.
