El escandaloso desfalco a la Caja de Abogados, que intentó presentarse como un simple hecho policial, desnudó una infinidad de desmanejos y arbitrariedades por parte de la cúpula de jurisconsultos. La complicidad de quien lleva en los hechos las riendas del colegio profesional, el abogado Eduardo Romani, se torna cada día más inocultable. 

 

Pocas figuras del poder local pueden gozar tan ostensiblemente del cobijo y la protección de los tres poderes del estado, la iglesia católica y una parte de la prensa complaciente. La figura de Eduardo Jesús Romani atraviesa dicho esquema distributivo del poder político de punta a punta. Como comandante en las sombras del Colegio de Abogados, representante legal de la curia, decano de la Facultad de Derecho y hombre cercano a la corte, supo tejer estratégicos vínculos que le permitieron mixturar la abogacía con los negocios.

Su nombre resonó esta semana luego de que trascendieran detalles del escandaloso robo a la Caja de Abogados, del que se hizo responsable entera y misteriosamente un empleado del área de cobranzas. Y es que, si bien a nadie escapa que en los hechos Romani digita cada uno de los movimientos del Colegio de Abogados y de la Caja Previsional, su cargo formal es el de tesorero, lo que lo ubica como responsable directo del área afectada. En el organigrama de la Caja, su responsabilidad específica era la de controlar el desempeño del empleado en cuestión.

La dimensión del desfalco se desconoce a ciencia cierta, aunque hubo quienes lo estimaron en $100 millones repartidos en más de 1600 recibos anulados. El hecho habría salido a la luz luego de que un abogado, al cual se le reclamó la falta de pago en un expediente, efectuara una queja en la Caja. El hombre, seguro de que había abonado lo que le estaban reclamando, pidió a la entidad que hicieran una revisión.

De ese modo en la Caja de Abogados pudieron percibir que el pago se había realizado, pero luego anulado. El empleado que efectuó la transacción fue inmediatamente enfrentado por el hecho y efectuó la devolución de los 800 mil pesos que implicaban esa irregularidad. Pero la jefa contable del establecimiento revisó otras anulaciones para verificar si había otros casos similares y notó otro por un valor de 600 mil pesos. Las operaciones a investigar podrían abarcar los últimos 12 años.

Cabe preguntarse: ¿Pudo haber pasado semejante desvío de fondos desapercibido a los ojos de Romani?, ¿Qué grado de responsabilidad le cabe en el asunto?

Anuladores compulsivos

En la Caja de Abogados la palabra transparencia suena a broma de mal gusto. Son reiterados los pedidos de información remitidos por profesionales a los fines de conocer el estado financiero de la institución. Todos ellos son cajoneados o directamente ignorados. Héctor Chibán, abogado y diputado provincial (MC) dialogó con Cuarto Poder y fue tajante: “Las veces que se le ha pedido rendición de cuentas, que muestre la documentación respaldatoria de los movimientos o que exhiba los balances, siempre hubo respuestas evasivas y ambigüedad. Yo fui a la Caja de Abogados y los balances se aprobaban en 5 minutos y a libro cerrado. En la última audiencia informativa, que hubo con motivo de este hecho que ocurrió con el cajero, el revisor de cuentas expuso que pidió la clave de acceso a la documentación contable y que nunca se la dieron. Cuando se la dieron no funcionaba y cuando pidió la documentación nunca se la entregaron”, detalló.

La sucesión de hechos habría derivado incluso en la renuncia del antiguo tesorero, quien expuso en aquella audiencia que no seguiría ejerciendo porque se le ocultaba información.

Que Romani es quien ejerce el liderazgo dentro del colegio profesional es una verdad de perogrullo entre los jurisconsultos. “El actual presidente del Colegio de Abogados, el Dr. Díaz Lenes, ocupa formalmente el cargo; pero quien, en los hechos, decide en el Colegio, en la Caja, en el Tribunal de Ética y Disciplina es Romani”, refiere Chibán. “Lo que pasó, el robo por anulación de recibos, es de su exclusiva responsabilidad. Lo único que tiene que hacer el tesorero es controlar el cajero. Si a Romani no le llamó la atención que el cajero anulara recibos sin pedirle autorización a él, es una negligencia gravísima. No pudo haber pasado desapercibido nunca. Es una vergüenza que todavía no haya presentado su renuncia”, agrega.

Para el exlegislador, la justicia debe investigar si no había una estructura dentro de la Caja que facilitaba que el cajero anule los recibos. “Me llama poderosamente la atención que haya tenido la autorización de anular recibos de dinero recibido en efectivo. Tenía la zona liberada para cometer el delito. Aún con la hipótesis de que haya sido sólo un empleado infiel, la responsabilidad civil de Romani es inexcusable”, subrayó.

Si bien, el estado financiero de la Caja de Abogados es un completo misterio por la ausencia total de transparencia, se sabe que las jubilaciones de los profesionales están por debajo de la línea de la pobreza. “Si uno va a pedir un mísero crédito de $200 mil no se lo dan. La Caja está en un pésimo estado económico y financiero. Las jubilaciones rondan los $130 mil”.

Predemocráticos

Increíblemente, muchos de los desmanejos y arbitrariedades del Colegio de Abogados tienen respaldo en su ley de conformación. Esto se debe a que las leyes que rigen la Caja y el Colegio de Abogados fueron hechas durante la dictadura. Entre los lineamientos más polémicos del colegio figura el hecho de que la lista que gana la elección se queda con todos los cargos. La oposición no cuenta en ningún momento con representación minoritaria en el Consejo Directivo. El contrapeso de poder es simplemente inexistente y las consecuencias están a la vista.

En 2019, Chibán junto al Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) presentaron un proyecto para que el Consejo Directivo del Colegio tenga una representación de mayorías y minorías. El proyecto, como era de esperase, fue cajoneado. Para el exdiputado radical esto obedece a que “son gente de una profunda convicción antidemocrática”.

Hombre de negocios montar

Pero el letrado predilecto del poder no sólo debe explicaciones por los desmanejos en la Caja Previsional. En 2018 fue denunciado por la abogada Liliana Díaz por una serie de irregularidades además de presuntas incompatibilidades en sus funciones. La letrada reveló que se hicieron una serie de construcciones con una empresa donde Eduardo Romani es uno de los dueños. Se trata de obras realizadas a partir de 2010 a la fecha, cuando la presidencia estaba a cargo de Eduardo Romani.

Díaz relató a medios locales que a partir del 2010 el Colegio de Abogados construyó un salón de fiestas que se alquila, un salón de usos múltiples y una guardería infantil en copropiedad con la Caja de Abogados, y un predio deportivo en el barrio La Loma. “La sede que se construyó al lado de Ciudad Judicial excedió totalmente la necesidad de uso del Colegio, a tal punto que tuvieron que alquilar dependencias a otras instituciones como el Boletín Oficial y Municipalidad de Salta y a privados para confiterías. El Colegio se ha convertido en una empresa constructora con fondos de los colegiados con una finalidad de lucro”, afirmó Díaz.

La empresa en cuestión es “NBC Inmuebles SRL”, que pertenece, según el Boletín Oficial, a Pablo Ariel Simkin, casado con Claudia Leonor Romani -hermana de Eduardo- y al propio Romani. ¿Conflicto de intereses?