La peor masacre ambiental de la provincia de Salta cumple 10 años de impunidad y sus responsables siguen evadiendo la justicia. ¿Quiénes son y a quiénes responden los condenados por haber arrasado una superficie igual a la mitad de la ciudad de Buenos Aires?

Nicolás Bignante

El desmonte ilegal más escandaloso de las últimas décadas y de mayores proporciones del país es orgullosamente salteño. Una superficie de 12 mil hectáreas de bosque nativo -el equivalente a la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- fue arrasada en una estancia ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el municipio de Embarcación. El feroz desmonte detectado tras una inspección de AFIP cumple 10 años y sus consecuencias aún se hacen sentir. A pesar del paso del tiempo y del desastre ambiental ocasionado, los propietarios del inmueble rural jamás acataron los designios de la justicia.

Los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, propietarios de la finca homónima, fueron sentenciados al pago de una multa millonaria que luego sería perdonada por el Ministerio Público. El enorme beneficio les fue otorgado bajo promesa de reparar el daño causado al ambiente, algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido.

Los empresarios tartagalenses son además titulares de la firma Don Gotardo SRL, denunciada en 2018 por el ministerio de Trabajo y la UATRE luego de que se conociera que suministraba agua contaminada y no apta para consumo a sus trabajadores.

El origen

Como muchos otros casos que salpican a la actividad agropecuaria, la denuncia contra los hermanos Karlen tiene su origen en el trabajo esclavo. El 10 de abril de 2013 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “descubrió a 157 trabajadores no declarados, entre los que había también menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda en una finca dedicada al desmonte de campos, ubicada a 30 km. de la localidad de Dragones, al norte de la provincia de Salta. Durante el operativo de inspección se visitaron dos predios –que en total suman 16.600 hectáreas– cuyo propietario declaró ventas totales por $ 70 millones en 2012”, rescata un detallado informe de la ONG Greenpeace.

Recién al día siguiente la Secretaría de Ambiente de la provincia realizó la inspección y notificación del desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas (Categoría II – amarillo), el cual fue ejecutado durante cinco meses. Los inspectores volvieron al otro día y detectaron que “las tareas no habían sido paralizadas, se procedió al secuestro de una topadora, no estaban inscriptas en el registro de máquinas desmontadoras; el día 12 se procedió a la clausura del campo por 60 días, se colocaron 3 fajas de clausura; cuando regresan a los pocos días (16 o 17) al campo se constató que dos de las fajas se encontraban en el lugar y otras dos tiradas en el piso”. Luego se estableció una multa de $ 11 millones. Según pobladores de la zona, durante 2014 se cosecharon porotos.

La causa

El 2 de octubre de 2015 la vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó a Juan José Karlen a la pena de 6 meses de prisión condicional por el delito de Desobediencia a la Autoridad (art. 239 del Código Penal). El fallo consideró que “en cuanto al daño causado, es grave, el perjuicio ocasionado al ambiente, una tala indiscriminada sin observar las normas respectivas. De la documental que obra en autos ya en oportunidad anterior fue sancionado por la Secretaría de Ambiente por un hecho irregular”.

En mayo de 2016, el Procurador General de la provincia, Simón Padrós, solicitó a la jueza que condene a Karlen a depositar la suma de $171.413.473 para realizar la restauración de las 11.875 hectáreas desmontadas. Pero en julio de ese mismo año, y con la anuencia de Padrós, se firmó un convenio para que, en lugar de pagar la multa, se realice un plan de “restauración y reconversión productiva al manejo de bosques nativos con ganadería integrada”.

Entre otros objetivos, la sentencia homologada contempla por dicho lapso de tiempo establecer y mantener un vivero con un stock permanente de 120 mil ejemplares por temporada de reforestación, los que servirían para recomponer a buen ritmo el bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea utilizando como reflejo los bosques en mejores condiciones de la zona. También se obligó a realizar una importante inversión en materia social, la que incluye contratar a miembros de comunidades aborígenes y criollos en blanco para las tareas de cuidado, recolección de semillas, armado de plantines y resiembra. Esto incluye su capacitación permanente.

La dimensión del impacto

Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba la “densidad Arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un Área Basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental (Balducci y Eliano; 2012), se puede decir que estaba clasificado como en estado BUENO”. Además, la U.N.Sa. y el Servicio Social del C.I.F. habían confirmado que los aborígenes y los criollos incluidos en el acuerdo habían venido sobreviviendo, entre otros, con el aporte de los servicios del bosque (madera, miel, recolección, pastoreo, entre otros), el cual, con la actividad de desmonte, habían perdido.

La Ley de Bosques establece en su artículo 40 que “en los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial”.

En ese sentido, la reglamentación de dicho artículo estipula que los trabajos de restauración “podrán ser ejecutados por el Estado Nacional o Provincial según corresponda, con cargo al titular y/o responsable del siniestro o directamente por estos con la supervisión de la autoridad competente. En todos los casos se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiere definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos efectuado”.

Penalizar es la cuestión

El pasado 17 de julio activistas de Greenpeace desplegaron dentro de la finca un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase “¿Y el bosque?” y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 que allí se deforestaron ilegalmente.

“Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas. Un ecocidio que realizaron durante varios meses con 18 topadoras y la AFIP los denunció por trabajo esclavo. Les aplicaron una multa por el desmonte, pero terminaron acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada. Este es un claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la Ley de Bosques. El desmonte ilegal debe ser un delito penal”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La campaña fue acompañada del lanzamiento de una consulta popular en la que se recogerá la opinión de la ciudadanía respecto de las penas contra desmontadores. Los resultados serán presentados en el Congreso de la Nación

Ganadería, el nuevo desafio

Las sucesivas inspecciones en la finca de los Karlen dieron cuenta que en el lugar se desarrolla la actividad ganadera, un rubro que ha experimentado una enorme expansión en el chaco salteño. La frontera agropecuaria dejó de crecer en el mundo como producto del impacto de las nuevas tecnologías, que permitieron reducir la cantidad de hectáreas necesarias para alimentar a una persona en los últimos 20 años. El desafío, coinciden los especialistas, es lograr lo mismo con la frontera ganadera. En Salta, aún son evidentes las características intensivas de la actividad y se calcula que están en riesgo 3 millones de hectáreas de bosques nativos por esta modalidad de ganadería.

Desde principios del siglo XX en la región chaqueña se ha desarrollado la ganadería “bajo monte”. Miles de familias campesinas e indígenas que viven en los bosques del norte de Argentina basan su sustento en la producción vacuna, y también caprina.

En muchos casos la acción sistemática y combinada durante años del sobrepastoreo de los animales y la tala irracional produjo una importante degradación de los bosques. Sin embargo, en general la biodiversidad de los mismos se ha mantenido en pie, por lo que es posible recuperarlos mediante un plan de manejo sustentable.

Pero a mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.

En el INTA afirman que “el norte grande argentino tiene el 37% del stock ganadero nacional, lo cual lo posiciona en un lugar relevante en la reconfiguración de sistemas productivos gracias a sus ambientes, cultura e historia”.

Y señalan que la expansión de la ganadería se hará en el bosque: “actualmente hay unas 20 millones de hectáreas de bosques nativos, de los cuales el 60% fueron categorizados como ‘amarillos’ a partir de la ley; esto quiere decir que no se pueden talar ni hacer agricultura, pero sí hacer un uso racional a partir de una ganadería silvopastoril”.