El Grand Bourg pretende apagar el fuego con nafta. Ha buscado dividir a los docentes pero la contramarcha de la ADP para oponerse a los docentes en huelga empieza a sumar docentes a la huelga y a las reuniones. Desde SITEPSA envían notas a los directores de escuela explicando el porqué de la medida.
Docentes en huelga empiezan a respirar expectantes. Y es que la convocatoria docente oficialista que repudia increíblemente al paro que protagonizan los docentes desde hace una semana empieza a generar un impacto opuesto al buscado por la oficialista Patricia Argañaraz: más docentes se suman al paro e, incluso, se incrementa el número de maestros que participan de los encuentros organizados por los huelguistas en la plaza Belgarno.
Mientras tanto, desde el gremio SITEPSA que dirige el dirigente Víctor Gamboa, se redactaron notas que se enviaran a los directores de escuela. La misma dice lo siguiente:
“Me dirijo a Ud. a los efectos de informar que me encuentro ejerciendo el derecho a huelga conforme las garantías establecidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Asimismo, informo que la medida de fuerza -de adhesión espontánea y de carácter colectivo con alto acatamiento- se adopta en correspondencia con reclamo por incremento salarial y dada la depreciación del salario provocada por las medidas económicas que han devaluado la moneda y disminuido la capacidad adquisitiva de mi sueldo.
Ante el accionar coactivo desplegado desde el poder Ejecutivo Provincial y sus ministerios, que involucran la amenaza de que cada día de paro será considerado «falta injustificada» por considerarse que la huelga es «ilegal», vengo a manifestar que el mismo constituye actitud ilegal e ilegítima que contraría el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoce el derecho de cualquier trabajador a ejercer el derecho sindical en reivindicación de sus derechos laborales. Máxime cuando concurre defección o traición por parte de los gremios legalmente constituidos y que actúan en complicidad con el gobierno de turno.
Ello, al margen de configurar una amenaza tendiente a sofocar de manera desesperada el alto acatamiento de la medida. En consecuencia, para el supuesto de que desde el Ministerio de Educación se imparta la «ilegal» orden, que configuraría eventual comisión del delito de abuso de autoridad y coacción, la misma no debe ser acatada por la autoridad directiva, so riesgo de incurrir en idéntica figura penal.
Lo mismo ocurre en relación a la vigencia de la Ley 6820 que rige desde el año 1996 y por la cual se pretende formular descuentos a quienes no presten tareas y adhieran al paro. La norma es inconstitucional y su aplicación implica avallasamiento directo contra el derecho del trabajador docente. Hago reserva, entonces, de imponer las acciones pertinentes a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de esa norma.
Informo que, en paralelo, y ante conducta desleal y arbitraria que pretende cercenar o restringir nuestros derechos constitucionales, informamos que la asamblea docente realizada el día 5 de Abril de 2014 sea dispuesto accionar colectiva y judicialmente por vía de amparo, y formular las denuncias pertinentes a quienes intimiden, amenacen o coacciones al personal docente que lucha por la integridad de su salario”.
