Brasil es el segundo país con mayor cantidad de muertos por coronavirus, pero ese no es su único problema, porque su presidente, Jair Bolsonaro no deja de sorprender al pueblo que lo votó. Es así que cada vez que este señor habla de «proyecto piloto», se abre una puerta para la destrucción del sistema actual de gobierno, sin ningún tipo de consulta a los organismos ligados al sector. «Como se le da la gana», sería el término indicado.
Esto pasó en el Sistema Único de Salud (SUS), que cuenta con 4000 centros de atención primaria, que el primer mandatario nacional pretendió privatizar justo en medio de la pandemia.
La polémica medida generó un fuerte y generalizado repudio social, así como de todo el arco político, especialistas y constitucionalistas que lo obligó a dar marcha atrás menos de 24 horas después de su entrada en vigencia. «El decreto ya fue revocado», anunció Bolsonaro en las redes sociales ayer por la noche. Luego de enfrentar resistencias entre sus propios aliados que defendieron lo garantizado en la Constitución de 1988.
«Tenemos actualmente más de 4000 salas de atención primaria con obras sin terminar, faltan recursos y el espíritu del decreto ya revocado era terminar esas obras y darles a los usuarios la posibilidad de usar la red privada con la consulta paga por el gobierno federal», explicó Bolsonaro.
El decreto original, firmado el jueves por el mandatario, fue interpretado como una señal al mercado financiero frente al 43% de devaluación del real), el 48% de la caída de la inversión extranjera directa, respecto de 2019 y la falta de articulación política para poder ejecutar el plan de privatizaciones prometido en la campaña electoral.
Bajo esta norma, ya revocada, se colocaba al SUS dentro del Programa de Proyectos de Inversión (PPI), que quedó trunco este año por la pandemia y la falta de apoyo masivo en el Congreso, incluso de los propios bolsonarista.
El SUS atiende a 75% de la población brasileña, ya que el resto posee seguros privados de salud. En Brasil, a diferencia de la Argentina, no existen las obras sociales médicas de sindicatos.
El primer debilitado con esto fue el ministro de Economía nacional, Paulo Guedes, quien se quejó amargamente de «los acuerdos políticos para mantener la gobernabilidad» que le impiden llevar adelante su plan de privatizaciones. Recordemos que Pablo Guedes es un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet y siempre que puede la pone como modelo a seguir.
En su lista de tareas hay dos empresas públicas gigantes como Eletropaulo y Correios, las más grandes eléctrica y postal de América latina, respectivamente, pero ni con apoyo de la derecha tradicional en el Congreso, llegan al consenso sobre el tema.
Bolsonaro buscó como momento adecuado para la presentación de su flamante decreto privatizador el día en que un incendio mató a tres personas internadas por coronavirus Covid-19 en el hospital federal de Bonsucesso, Río de Janeiro, utilizándolo como fundamento, ya que la administración de ese hospital depende del Ministerio de Salud y «no había cumplido los requisitos para tener un protocolo contra incendios». Como si el Ministerio de Salud no fuese su responsabilidad como Gobierno. La iniciativa fue fustigada al instante por entidades médicas que directamente apuntaron contra la intención de «destruir» el sistema público de salud sin necesidad de reformar la Constitución.
El SUS es financiado por el Gobierno Federal y ejecutado por municipios y gobernaciones. Fue creado en la Constitución de 1988, en base al modelo sanitario público británico, tras la dictadura militar (1964-1967, Alencar Castelo Branco – 1967-1969, Artur da Costa e Silva – 1969-1974, Emílio Garrastazu Médici – 1974-1979, Ernesto Geisel – 1979-1985, João Figueiredo).
