Una estudiante de Derecho ofrecía servicios legales, recibía pagos por iniciar trámites, pero luego dejaba de comunicarse con sus clientes.
En una audiencia del Plan Piloto de Oralidad, María Alejandra Gómez Chocobar fue sentenciada a tres años de prisión condicional, más inhabilitación especial por el mismo período y reglas de conducta a cumplir. La condena, resultado de un juicio abreviado tras su confesión, se dictó por los delitos de estafa (en varios hechos) y usurpación de título en concurso real.
La investigación, minuciosamente llevada a cabo por el Grupo de Investigación del Sector 2, reveló un patrón de engaño sistemático. Gómez Chocobar, sin ser abogada, se presentaba como tal ante sus víctimas, utilizando documentación falsificada que incluía un número de matrícula perteneciente a otra profesional. Su modus operandi consistía en emplear un discurso persuasivo para convencer a sus clientes de su capacidad para resolver sus problemas legales, induciéndolos a realizar pagos por servicios que nunca fueron prestados. Al menos diez personas denunciaron haber sido estafadas, sufriendo importantes pérdidas económicas por concepto de supuestos pagos de estampillas, presentaciones judiciales, honorarios y otros servicios de intermediación.
La detención de Gómez Chocobar se produjo en marzo, durante un intento de cobro a una de las víctimas. En el momento de su aprehensión, se le incautó documentación y otros elementos de prueba que reforzaron las acusaciones en su contra.
La condena refleja la gravedad de sus acciones y sirve como advertencia contra quienes intenten aprovecharse de la vulnerabilidad de los ciudadanos mediante la usurpación de identidades profesionales. El caso destaca la eficacia del Plan Piloto de Oralidad en la resolución ágil y eficiente de casos complejos.
