Lejos de haber disminuido, la conflictividad entre el municipio y manteros se acrecentó en los últimos días. Mientras los ediles llaman la atención sobre la falta de obras, aparecen cooperativas «fantasma» y Agrotécnica Fueguina redetermina precios por $73 millones. La intendenta endurece el discurso, pero el rumbo de la gestión sigue siendo un misterio.(N de R)
El horno no está para bollos en el plano municipal. Mientras la intendenta Romero endurece el discurso anti-mantero y decreta el fin del plazo de gracia, los trabajadores volvieron a las calles y prometen agudizar las medidas si no hay respuestas del ejecutivo. En paralelo, el gobierno provincial avisa que la militarización de las peatonales no se podrá sostener de por vida y ajusta los plazos para una definición. La posibilidad de un acuerdo se dilata en el tiempo en un contexto de conflictividad creciente.
La salida de Juan Manuel Pulleiro del ministerio de Seguridad tampoco aporta a los planes del titi-romerismo. Su reemplazante, Abel Cornejo, parece empeñado en mostrar una faceta antirrepresiva. El segundo en la línea de mando, Benjamín Cruz, fue justamente quien amenazó con retirar los casi 300 efectivos policiales del centro si el municipio no apuraba los trámites. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo sostendrá Bettina su discurso de orden e inflexibilidad sin la herramienta represiva?
Es sabido que, por hartazgo o por simple desprecio de clase, el desalojo de las peatonales cuenta con un amplio apoyo ciudadano. No es menos cierto que todo lo que tenga que ver con en el microcentro toca un nervio sensible de la salteñidad más rabiosa. Lo comprendió tarde Miguel Isa con la remodelación de las peatonales y lo padeció Gustavo Sáenz tras idas y vueltas con el Corredor de la Fe. Pero sin propuestas sobre la mesa ni capacidad real de control, no hay apoyo ciudadano que valga.
En un contexto semejante cobran notoriedad personajes abiertamente neonazis como la presidenta de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, apologista del trabajo en negro y reivindicacionista de Jorge Rafael Videla. El especial trato que las autoridades municipales tienen con estos sectores convencidos de que sus impuestos hacen girar el mundo, contrasta de lleno con el «diálogo» entablado con manteros a base de represión y decomisos. La jefa comunal lo dejó en claro en uno de sus mensajes más recientes: «siempre vamos a estar del lado de los que quieren trabajar de verdad». Por cierto, ¿Qué entenderá la familia Romero por «trabajar de verdad»?
Números que dicen poco
En materia de baches, hormigón y matemáticas la cosa no anda mucho mejor. El 24 de septiembre pasado este semanario publicó un artículo titulado «¿Cuántas cuadras pavimentó Bettina?» (cuartopodersalta.com.ar/matematica-basica-cuantas-cuadras-pavimento-bettina/) que fue reproducido de enero a enero en la sesión del concejo deliberante capitalino. La encargada de traerlo a colación fue la edil Romina Arroyo, ferviente opositora a la gestión bettinista.
La publicación no propone mucho más que un par de cálculos elementales en base a los números arrojados por la propia intendenta en sus spots audiovisuales: «Estamos en las calles, yendo donde nadie fue, haciendo lo que nunca se hizo», relata Romero como si los rincones de la ciudad fueran escondrijos inexplorados. Y prosigue: «Estamos haciendo 32 mil metros cuadrados de nuevo pavimento y 15 mil metros cuadrados de nuevo asfalto».
La ecuación no es muy compleja. Según datos de Vialidad Nacional, el ancho promedio de una calzada de dos carriles en Argentina es de 7 metros, lo que multiplicado por la longitud de una cuadra (100 mts) arroja una superficie de 700 metros cuadrados -en promedio- por cuadra, sin contar bocacalles. Si se divide el total de metros cuadrados que la municipalidad asegura «estar haciendo» (es decir, concluidos y en ejecución), el total es de 45,7 cuadras.
Pero si lo que se quiere calcular es la cantidad de manzanas pavimentadas, esa cifra debería dividirse por cuatro, arrojando un total de… !11,4! Para el caso del pavimento los resultados son todavía más penosos: las cuadras asfaltadas son o serán 21,4, mientras que las manzanas apenas llegarán a 5,3.
La conclusión de la edil en base a los cálculos fue pertinente: «sale más cara la publicidad que la obra en sí».
Pagadores seriales
El manejo de los recursos públicos tampoco estaría siendo de lo más eficiente. En el Boletín Oficial municipal se asentó recientemente una nueva redeterminación de precios en beneficio de la empresa Agrotécnica Fueguina. A los 152 millones de pesos mensuales que la comuna desembolsó durante los primeros meses del año, se sumarán 73 millones más por un supuesto «aumento en los costos».
El contrato con Agrotécnica Fueguina de octubre del 2020 era por un monto inicial de 152 millones. En febrero del 2021, cuatro meses después, la empresa solicitó una redeterminación de precios con lo que a partir de marzo de este año el costo mensual de Agrotécnica Fueguina era de 178.348.186 millones de pesos. La Municipalidad de Salta a pedido de Agrotécnica Fueguina aprobó finalmente una nueva redeterminación de 225.849.231 millones de pesos.
Según explicaron algunos ediles, el método de actualización de costos se basa en una fórmula polinómica que pondera los aumentos en insumos básicos, mano de obra, etc. Lo desconcertante resulta ser que, en los considerandos de la resolución, se establece que las demandas de la contratista son «de público conocimiento». Nadie supo responder, sin embargo, cuáles eran esas demandas ni cuáles son exactamente los costos que incrementaron.
Cooperativas «Gasparín»
La transparencia, al parecer, tampoco es una característica fuerte de la gestión romerista. Un grupo de trabajadores de la fundación «Futuro Amado» que realizan tareas de desmalezado para la comuna denunciaron que hay alrededor de 40 cooperativas fantasma que cobran sin trabajar. Las mismas, según la denuncia, están a cargo de Juan Esteban Romero, quien además está acusado de amenazar y apretar a los trabajadores.
Según relató Adrián Amado, uno de los denunciantes, en las elecciones provinciales pasadas «Juan Esteban Romero sin tener cargo, ni nada que ver dentro de la Municipalidad, nos pide en modo de agradecimiento que trabajemos en su campaña, poniendo parte de la plata del desmalezado. Nos iban a pagar sin hacer las obras y esa plata que recibíamos teníamos que ponerla para la campaña, ya sea en pegatinas, pintadas, rastrillaje, folletería. Al tener más de 20 familias trabajando con nosotros no aceptamos esa condición porque era dejarlas sin empleo durante ese tiempo”, comentó y aseveró que fue por esto que los sacaron de la municipalidad.
El trabajador, además, describió en detalle la operatoria a través de la cual los fondos destinados a mantener espacios verdes iban a parar a la campaña del hermano de la intendenta: «Yo tengo un desmalezado de $100.000 con los descuentos y demás queda $90.000, entonces a mí me pagaban el desmalezado sin haberlo hecho. Esos $90.000 que me quedaban a mí tenía que ir y ponerlo para pagar pegatinas, rastrillajes, pintadas, que todo lo que ustedes vieron en Salta. Toda esa campaña fue hecha por los desmalezadores, con la plata de los desmalezadores».
La impunidad tiene apellido Romero
La violencia, toda vez que se ejerce desde el poder, no es otra cosa que el reflejo de la impunidad de sus ejecutores. El multidenunciado Juan Esteban Romero lo entiende así y obra en consecuencia. A días del recambio legislativo, nadie parece preguntarse cómo es posible que Romerito Jr. vaya a asumir en su banca habiendo sido blanco de severas denuncias.
La semana pasada, en el marco de la inauguración de un hospital de mascotas en Rosario de la Frontera, un comunicador de la zona se acercó para entregarle una misiva al senador Juan Romero titulada «Un recuerdo del dolor rosarino». En el escrito se recordaba a las víctimas de la pandemia y se dejaba en evidencia la ineptitud política. Pero la reacción del senador lo dejó estupefacto: le arrebató violentamente el celular de sus manos mientras cuatro o cinco personas (entre ellos su hijo Juan Esteban) lo tomaban por el cuello y los brazos para sacarlo del lugar. Por el hecho se formalizó una denuncia penal en la fiscalía de Rosario de la Frontera contra el senador nacional y su hijo.
En agosto pasado, un desmalezador municipal denunció al diputado electo, al director de la Panadería Social y a Aroldo Tonini por haberlo patoteado cuando quiso cobrar una deuda. Según la denuncia que tramita la Fiscalía Penal 2, el hombre se acercó a las oficinas municipales para cobrar por tareas de desmalezado, pero obtuvo la negativa de Tonini, quien además refirió que la orden venía directamente de Juan Esteban Romero. Cuando el trabajador le reclamó a través de WhatsApp al hermano de la intendenta, este lo convocó a las oficinas de Fundara. Una vez allí, cerró la puerta y le manifestó: «hacete el pesado ahora», y sin mediar palabra, le propino dos golpes que le hicieron perder el equilibrio.
Los dos hechos se condicen con otro aún más trágico y que tuvo lugar durante el gobierno de su padre. Según recordó un empresario y propietario de una FM local, durante el gobierno de Romero hubo una gresca muy grande en una estación de servicio de la Avenida Paraguay, en la rotonda de Limache. «Era de noche cuando masacraron a trompadas a un chico”, recordó. «Juan Esteban fue preso; entonces, Juan Romero tomó como determinación (al otro día nomas) mandarlo a Estados Unidos porque si no le iba a estropear el gobierno por las actitudes que tenía. Simultáneamente echó al jefe de Policía por haber metido preso a su hijo; era el comisario René Silisque”, relató el periodista.
Con semejante nivel de impunidad garantizado desde todos los estratos del poder, vale preguntarse si proyectos como la recientemente aprobada ley de «ficha limpia» pueden contribuir en algo o, por el contrario, son solo golpes en el aire.
