Nuevos coletazos ha generado la resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos de descolgar la factura de LUSAL de la boleta de EDESA. LUSAL ha amenazado esta semana con rescindir el contrato por incumplimiento si le cambian las reglas de juego. La gestión de Bettina Romero podría enfrentar un juicio por 3000 millones si no resuelve un acertijo que exige reconocer errores y que compromete la cabeza del cuestionado “Tordo” Nallar.
LA PELEA POLÍTICA DETRÁS DE UN CONTRATO
El viernes de la semana pasada el ENRESP denunció graves irregularidades en la contratación de LUSAL y ordenó que ninguna facturación de la empresa a cargo del mantenimiento del alumbrado público se realice por intermedio de la factura de EDESA.
Enmarcada en una pelea pesada que tiene como ingredientes principales la reapertura de la causa conocida como “La Ciénaga” por decisión del Procurador General Pedro García Castiella, y que complica al senador Juan Carlos Romero, el jaque a una empresa con raíces macristas y aportante de la campaña de Bettina es motivo de especulaciones.
Para la ex concejal Laura García “Uluncha” (por Carlos Saravia del ENRESP) le cerró el “kiosquito” de Lusal a Bettina Romero, mientras que Lusal se queja de haber quedado en el medio de una disputa política y la Municipalidad de Salta sostiene que existe una persecución por parte del ENRESP. Mientras tanto la suba de la tarifa de un 40% se hará efectiva el mes que viene.
Cualquiera fuere la causa, se ha tensado la relación entre el romerato y el saencismo y amenaza con romperse cuando falta poco tiempo para que se decida la forma en que cada uno se propondrá para la reelección. Para los fanáticos de la intendenta se trata de una represalia por el ataque que padeció el mandatario provincial con una campaña sucia gestada en el seno de la intendencia y con Valeria Capisano como principal operadora mediática de las decisiones agresivas de la Intendenta para con su socio político principal.
CONCEJALES AL ACECHO
Entre las repercusiones de esta decisión se cuenta la reacción del Concejo Deliberante capitalino y la lógica intención de que el convenio sea analizado y tratado por quien tiene facultades para controlar el contrato. A ocho meses de la elección provincial cada uno de los ediles que pretende renovar su banca sabe que tiene que mostrar alguna preocupación ante los futuros votantes y varios se muestran decididos a abandonar la quietud y el silencio.
En medio de intensas negociaciones que se abrieron en esta semana, los responsables de las empresas comprometidas todavía no lograron revertir un criterio administrativo del órgano de control provincial que genera directamente la salida de LUSAL, responsabilizando al municipio por la pérdida del segundo negocio más importante que genera la comuna de la Capital.
Lo que ha quedado en claro es que la actual situación obliga a la empresa a emigrar de Salta y a la Municipalidad a brindar este servicio por cuenta propia y cargarlo a sus tributos como se hacía antes de 2008.
LAS DUDAS DE BETTINA
Bettina Romero todavía no ha reaccionado públicamente a pesar de que el torpedo ha pegado en su línea de flotación. Vacilante, se ha limitado tibiamente a dirigir sus dardos al ex intendente Gustavo Sáenz, asegurando que se trata de una contratación “heredada”, y a descalificar al órgano de control que puso el dedo en la llaga. Pero sigue sin justificar los motivos por los que no se decide a regularizar una situación que ha estallado con claros cuestionamientos a la forma casi clandestina en que el “Tordo” Daniel Nallar decide incrementos que tocan los bolsillos de más de 150.000 usuarios.
A pesar de las presiones desplegadas por su padre, el senador nacional, la Intendenta resiste con un pequeño grupo de aduladores. Sin embargo, la resurrección de la investigación penal por el negocio inmobiliario de La Ciénaga habilitó el cónclave familiar en el que se analizan respuestas que podrían ir de la mano del diario de Limache y una campaña que obligue a negociar una tregua.
LAS AMENAZAS
En una reunión que se realizó en la sede del ENRESP el jueves pasado, de la que participaron concejales, el Defensor del Pueblo, EDESA, LUSAL y el Secretario de Servicios Públicos las amenazas tampoco estuvieron ausentes. A pesar de los esfuerzos de Rodríguez Tuñón por convencerlos de que todo es legal los concejales Carolina Am, José García, José Gauffín y Alberto Salim anticiparon que el Concejo intervendrá en este tema para garantizar más transparencia. Por si falta algo, el Defensor del Pueblo Federico Nuñez Burgos pidió audiencias públicas cada vez que se aumenten las tarifas.
La postura de los ediles, que todavía no tiene concreción alguna, tiene que ver con todos los contratos de cobranzas en los que interviene EDESA con el municipio y la empresa concesionaria del mantenimiento del alumbrado, y que se llevan parte de la recaudación. Según la Carta Orgánica Municipal deben ser aprobados por el Concejo Deliberante y es lo a lo que inexplicablemente se niegan Bettina Romero y Daniel Nallar. En cualquier municipio semejantes desvaríos y soberbia autorizarían hasta el inicio un juicio político y una denuncia penal, pero la docilidad de quienes tienen que controlarla explica sobradamente el motivo de la claudicación.
En respuesta, el gerente de LUSAL aseguró que para ellos la única responsable por el cumplimiento del contrato es la Municipalidad de Salta y que la UTE Lusal Ilubaires – Mantelectric analiza rescindir el contrato y avanzar con una demanda por las pérdidas que les generarán los 6 años que quedan pendientes para finalizarlo. Un simple cálculo sobre los daños y la privación de ganancias hace subir la pretensión indemnizatoria a casi 3000 millones de solo pensar en el volumen de la facturación actual.
Algunas conversaciones desarrolladas por quienes se llevaban demasiado bien habrían anunciado al operador de LUSAL que el municipio no tendría problemas en abrir una nueva licitación para traer a otra empresa amiga y provocaron el quiebre con Rodríguez Tuñon. Para Nallar LUSAL sería fácilmente reemplazable.
Por ahora no hay quien corte el nudo gordiano generado por el incremento autorizado por Daniel Nallar. Si Bettina no remite el contrato el Concejo para su aprobación la medida del ENRESP seguirá firme. La Municipalidad y LUSAL desconfían de que los maltratados ediles quisieran hacerlo. El peligro de que todo se caiga existe y es imputable exclusivamente a la Intendenta y su asesor “El Tordo”, los demás son de palo.
NIDO DE CUERVOS
Algunos de los presentes en la tertulia le echaron directamente la culpa a Nallar por haber impuesto la firma del Decreto 209/21 por el que Bettina Romero le delegó ilegalmente el control y ejecución de todos los contratos municipales. Esto no tiene antecedentes en la historia municipal. Los efectos son nocivos y graves errores con consecuencias millonarias se le atribuyen al “Tordo” que participó de los multimillonarios ajustes contractuales que beneficiaron a Agrotécnica Füeguina, a LUSAL y motivaron el naufragio de la contratación con Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CETRAICA) por el control de velocidad el año pasado.
El convenio que se pretendía firmar con CECAITRA fue objetado por el Tribunal de Cuentas Municipal que puso claridad sobre una modalidad que se disfrazaba de beneficiosa por una inversión de casi 150 millones pero que entregaba el 45% de la recaudación de las fotomultas por varios años a una empresa que según Nallar carecía de fines de lucro y que venía a reemplazar a ladrones que nunca identificó. Esta decisión fue tomada como una afrenta por el romerato que luego copó el organismo de control con representantes propios que son los que ahora se niegan a investigar el contrato de LUSAL.
En febrero de este año Cuarto Poder informó que en soledad, pero autorizado por Bettina, Daniel Nallar permitió que en 14 meses de gestión romerista el precio del contrato con Agrotécnica Füeguina se elevará de 142 millones mensuales a casi 250 millones. En ese entonces la ex concejal Laura Emilia García (FDT) manifestó: “El secretario Nallar nos tiene acostumbrados a estas Resoluciones, donde siguen existiendo las dudas en relación a los millones de pesos que se paga a Agrotecnica Fueguina y si a esto agregamos el informe incompleto y bochornoso con relación a los pagos efectuados por parte de la municipalidad a la empresa, estoy en condiciones de decir que si los funcionarios tienen esta facultad es porque alguien se las dio y es la intendenta”.
Esto sin contar que el cuestionado “Tordo” también habría inducido el primer pago de 54 millones de pesos a La Plumada en un acuerdo por 400 millones, cuando recientemente se encontraba del otro lado del mostrador por ser el apoderado de esa empresa.
El municipio de Salta es el único en donde un aparente “Secretario” tiene más poder que el Procurador General Miguel Torino, y su Adjunto, el siempre híbrido Ramiro Angulo, que exhibe como único mérito ser el hermano de la Secretaria de Desarrollo Urbano María Eugenia Angulo, ex saencista e íntima amiga de la alcaldesa.
MALOS Y MEDIOCRES
La vieja guardia romerista inserta en la comuna capitalina –Gambetta y Torino- ha perdido todas las batallas intestinas frente a Nallar. Casi en el ostracismo, el actual Procurador Torino se ha limitado a callar los excesos de su colega y fue aislado de las decisiones vinculadas con los jugosos contratos en los que decide en soledad el “Tordo” previa consulta con Bettina. El solo hecho de que no denuncie lo que sabe lo debería conducir a una renuncia o a una denuncia por lo que omite cumplir, pero ningún fiscal penal todavía lo ha convocado a dar explicaciones.
Un romerato partido habla de los marginados por un grupo selecto en el que digita discrecionalmente el Secretario Legal y Técnico y convalidan la inexperta Jefa de Gabinete Valeria Capisano, el Secretario de Economía y Hacienda Daniel Amador y el siempre dócil Alejandro Levín a cargo de ARMSa. La derrota y el escándalo que generó pérdida de imagen y puntos en las encuestas, cuando explotó el doble y triple cobro de impuestos hace dos meses no conmovió al hombre de confianza de la Intendenta, a pesar de que en ese raid le robaron más de cien millones a los contribuyentes y nunca los devolvieron.
El Concejo Deliberante es el claro culpable de que el “Tordo” tenga tanto poder, porque fue el que autorizó la estructura gubernativa de Bettina Romero que le permite trabajar como abogado independiente, incidir sobre intereses contrapuestos, y le otorgó facultades exageradas para intervenir en los contratos municipales. Algunos ediles amenazan ahora con tocar esta ordenanza para cortarle las alas y no parece mala idea considerando los estragos que ha provocado.
El más grande de los problemas que padece el Bettinismo es la pretensión de ocultar cada paso que luego afecta al patrimonio municipal alimentado con los impuestos que pagan todos los vecinos, y que toca el bolsillo de capitalinos que también pagan tarifas que se deciden sin publicidad alguna.
