Así lo consideró el Foro de Calidad Institucional de Salta al analizar la sentencia que condenó a la intendencia de Bettina Romero, a mantener la pauta publicitaria otorgada al Semanario Cuarto Poder y su portal web. «La Intendenta no debería apelar», señalaron desde el FOCIS.
Como es de público conocimiento, la intendencia de Bettina Romero cortó de manera arbitraria y discriminatoria hace más de un año la pauta que mantenía con nuestro medio; sin embargo, el Juez Marcelo Domínguez recientemente obligó a que la misma sea restituida.
Al respecto, el FOCIS emitió un fuerte comunicado, en el cual solicitan que cesen estas prácticas selectivas para asignar fondos de acuerdo a “publicidad oficial” a medios afines y no se corte el ingreso al semanario para garantizar la democracia y la libertad de expresión.
«El Juez ha desestimado, con argumentos de inusual solidez, la penosa defensa de la Municipalidad que pretendió y pretende que estos fondos públicos se asignen según los intereses, los caprichos o las necesidades electorales del Intendente de turno.
El FOCIS sostiene que la sentencia adquiere una importancia central en tanto revaloriza la Libertad de Expresión como Derecho Fundamental que no puede ser manipulado por la autoridad de turno, y en cuanto recuerda a todos que Salta está inserta en el orden internacional de los Derechos Humanos Fundamentales», indica el escrito del grupo de notables.
«No obstante, si optara por involucrar en este caso a la Corte de Justicia, los salteños tendremos oportunidad de evaluar el comportamiento del alto tribunal y su apego a la Constitución y los Tratados Internacionales», señalan.
«A su vez, sería muy edificante que el Gobernador expresara su compromiso con los principios que dan contenido a la Libertad de Expresión y adoptara las medidas para someter la asignación de estos fondos públicos a reglas de transparencia y legalidad», agregan.
Y resaltan: «Los fondos públicos no pueden financiar operaciones de prensa ni opciones ideológicas. En una Democracia la publicidad oficial ha de tener, en todos los casos, un contenido institucional y un nítido compromiso con los principios y valores de nuestra Constitución».
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