Hay novedades en la causa “Parque La Vega”. La fiscal sostuvo que la corrupción estaba institucionalizada y pidió la elevación a juicio para cinco imputados. El ex secretario de Tierra y Habitat, Diego Barreto, es el más complicado.
A tres meses de las denuncias de vecinos que sacaron a luz las irregularidades en la adjudicación de lotes en el los terrenos anexos al barrio Parque La Vega, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos formalizó el pedido de juicio y embargo contra los ex subsecretarios de Tierra y Hábitat, Diego Nicolás Barreto y Víctor Rodrigo Diez Tizón.
El requerimiento también alcanza al empleado del organismo, Roberto Nellenssen y a los dirigentes barriales Esteban del Corazón de Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez. Los delitos que se le imputan son los de asociación ilícita y exacciones ilegales simples y agravadas.
La fiscal señaló que de las pruebas reunidas permiten sostener que los acusados conformaron una organización delictiva, la cual estaba dirigida a la “concreción de hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, bajo la dirección de uno de ellos”.
En el escrito, la Fiscal sostuvo que “la jefatura de esa Asociación Ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.
El resto de los imputados, en tanto, cumplían la función de integrantes o partícipes de la asociación ilícita, delito por el cual el Código Penal establece una pena de hasta diez años de prisión, pues se trata de uno de los actos de corrupción más grave, sobre todo si se cometen dentro del ámbito de la función pública.
Poma expresó en su requerimiento que las pruebas reunidas corroboran “la hipótesis inicial de esta Unidad de la existencia de una operatoria reiterada y coordinada por parte de los imputados destinada a la obtención de rédito económico y apoyo político a cambio de la promesa de adjudicación de un inmueble social por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia.”.
También consideró que resulta de “extrema gravedad que los sucesos endilgados fueron cometidos en el ámbito de la función pública y con la participación de funcionarios de distinto rango, que aluden a una institucionalizada corrupción, por lo que su tratamiento exige el máximo rigor”.
