Sin esgrimir fundamento alguno, el Senado redujo de 3 años a 6 meses la prohibición de los desalojos de campesinos de las tierras que ocupan ancestralmente y sobre las que no tienen títulos de propiedad. (Gonzalo Teruel)

El pasado martes en una sesión convocada de urgencia por Manuel Santiago Godoy, la Cámara de Diputados confirmó la media sanción otorgada por el Senado una semana antes a la prórroga de la ley que impide el desalojo de familias campesinas de las tierras que habitan ancestralmente y sobre las que no tienen títulos de propiedad.

“Hicimos lo que teníamos que hacer” indicó un diputado que, sin embargo, reconoció que la ley “con las modificaciones que impuso el Senado, no es buena”. En efecto, la prórroga de la Ley 7.658 sufrió marchas y contramarchas hasta su aprobación definitiva. En el texto original, trabajado por Diputados, el plazo de prohibición de los desalojos era de 3 años pero el Senado, de manera inconsulta y falta de sentido común, lo redujo a 6 meses.

“Si no la aprobábamos así (con el plazo de 6 meses) corríamos el riesgo de que el Senado la durmiera para siempre y que, entonces, los campesinos quedarán desprotegidos y a merced de cualquiera que con un papel en mano, legal o no, los desaojara” amplió sin ocultar su indignación un diputado del propio oficialismo provincial. Ahora con la ley prorrogada, así sea sólo por 6 meses, los pequeños productores campesinos tienen cobertura sobre sus tierras y pueden exigir a la Legislatura una extensión mayor de la protección y al Poder Ejecutivo que, como no hizo hasta ahora y en casi 8 años, reglamente la aplicación de la normativa y regularice la titularidad de los campos salteños.

La renovada discusión legislativa se da en momentos en los que, en simultáneo, comunidades originarias y campesinos del norte provincial denuncian el intento de desalojo y productores agropecuarios de los altos valles dicen ser víctimas de intrusiones en sus fincas. La cuestión de la tierra, tenencia y propiedad, sigue vigente mientras el gobierno provincial no ofrece una pública posición al respecto.

Durante el reciente debate legislativo ningún funcionario de gobierno, ni el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, ni el de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, abrió la boca. Tampoco lo hizo Martín Isasmendi, titular de la Dirección General de Inmuebles.

Peor aún, hace apenas 2 meses, el ministro Gómez Almaras reconoció el incumplimiento de la nacional Ley 26.160 que declara la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y ordena “realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.

“Salta es la provincia que mayor avance tiene en este diagnóstico y ya tiene concluidos los relevamientos de 220 comunidades y en proceso el de 20 comunidades más. Tenemos previsto concluir el año con el diagnóstico de 80 comunidades más, hasta llegar a 320, lo que representa el 70% de las comunidades originarias de la provincia” precisó el ministro y confirmó que el mapeo de comunidades originarias y de los suelos que ocupan no está concluido. Como tampoco está concluido el proceso de titularización previsto en la recién prorrogada provincial Ley 7.658 de “regularizacion dominial y asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales”.

¿Por qué el Senado modificó una ley de protección de derechos de comunidades vulnerables?, es la pregunta que circula sin respuestas en los pasillos de la Legislatura y del Centro Cívico del Grand Bourg.

Una hipótesis, compartida por legisladores de todas las bancadas, fue propuesta por el diputado Claudio Del Plá. “Está claro que desde el gobierno provincial quieren pasar las elecciones y luego terminar con los derechos de los pequeños productores, familias agrícolas y también de los pueblos originarios. Una vez finalizadas las elecciones vendrán tiempos de muchos desalojos de este tipo” fundamentó el legislador del PO. Nadie en el oficialismo lo rebatió. Obvio, tampoco lo avaló.

“Suspéndanse a partir del 8 de julio de 2017, hasta el 31 de diciembre del mismo año, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial” proclama la ley aprobada el martes y ya girada para su promulgación al gobernador Juan Manuel Urtubey. Qué pasará después es el interrogante que, por ahora, ni los senadores (en su enorme mayoría oficialistas) ni los funcionarios del gobierno provincial se animan a responder.

Por lo pronto, los ministros Montero y Gómez Almaras están invitados a concurrir al Senado el próximo miércoles “para coordinar el trabajo de la reglamentación” de la ley. Tal vez, entonces, algún senador les pregunte cómo hará el gobierno para completar en 6 meses lo que no pudo en casi 8 años: garantizar el legítimo derecho a la tierra de indígenas y campesinos salteños.