Las desventuras que se viven en la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia sirven para entender, en parte, porqué la Municipalidad aprovecha con mayor eficiencia los fondos públicos destinados para dotar a Salta de infraestructura. (Franco Hessling)

En un institucional de radio, el intendente Gustavo Sáenz, explica que 2016 fue un año de tocar puertas para tramitar fondos y que en 2017 se deben llevar a la práctica las obras correspondientes: “El 2016 fue un año de gestión, el 2017 es de ejecución”.

La Provincia, paralelamente, gestionó un empréstito en Gran Bretaña por 350 millones de dólares que transformó luego en el Plan Bicentenario, a través del cual se dispuso que el 80% fuera para la administración provincial y que el 20% se distribuya entre sus homólogas municipales que presentaren proyectos ante la Legislatura (no todos los municipios hicieron uso de la opción, por supuesto que no es el caso de Sáenz, quien reclamó su porción, aproximadamente unos 300 millones de pesos).

El escenario le da la razón al intendente, tras un magro 2016 en el que no hubo aspecto económico a rescatar -amén de la salida del default que abrió paso a una nueva ola de endeudamientos que perpetúan la condición subsidiaria de la economía argentina-, en 2017 se nota una tenue diferencia cualitativa en términos de acciones. Si se comparan las obras con años anteriores a 2015, quizá el 2017 en curso no sea un período especialmente cargado de acciones políticas concretas, pero sí se lo parangona con su año precedente, es indudablemente un oasis en tiempos de sequía. Entre otras cosas, eso tiene que ver con que transcurrimos año electoral.

El presupuesto provincial para obras públicas asciende a poco más de seis mil millones (6,6 exactamente), al tiempo que el del municipio capitalino se sitúa en 1,1 millones. El porcentaje de ejecución, no obstante, está por detrás de los plazos que se habían pautado. En este punto introduzcamos una diferenciación: la comuna muestra mejores rendimientos y eficiencia que el Grand Bourg, lo cual se explica revisando sólo algunas generalidades del funcionamiento de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, encargada de la inspección de las obras y responsable civil ante cualquier eventualidad que altere lo previsto en los convenios de ejecución.

Desvencijar

Para inspeccionar la totalidad de obras que se contemplan en el presupuesto de 6,6 millones, la Secretaría de Obras Públicas cuenta con un plantel de profesionales habilitados para certificar que no supera a los cincuenta y cinco totales. Los frentes de obra, no obstante, son cientos, reúnen a los proyectos que se inician desde cero pero también a todos aquellos que tengan que ver con ampliaciones o remodelaciones edilicias de la infraestructura ya existente. Para que se tome dimensión de la carencia de personal, lo normal sería que los equipos de Obras Públicas visitasen al menos una vez por semana cada frente de obra, pero el promedio actual, cuentan desde distintos municipios, es una vez al mes. Las certificaciones que se presentan son mensuales, y sólo después que se las aprueba se da curso a nuevos caudales para costear las tareas siguientes. Lo que se podría resolver en diez días termina demorando entre mes y medio y un bimestre.

Cada profesional de la repartición provincial tiene a su cargo entre veinte y treinta obras, es decir, para controlarlas de modo fehaciente a todas debiera pasarse un día en cada una. Téngase en cuenta que se trata de frentes de labor desperdigados por toda Salta, desde la puna hasta el chaco, pasando por los valles de Lerma, Calchaquíes y de Siancas, sin dejar fuera a las planicies del sudeste devenidas en tierras predilectas para el monocultivo de soja. Para recorrer la provincia los profesionales no viajan en helicópteros ni se tele-transportan apoyando índice y mayor en la sien -como los personajes de Drangon Ball-, sino que viajan en camionetas y otros vehículos menores.

En una sucinta indagación de Cuarto Poder se constató que los mobiliarios para el traslado de los equipos de profesionales se encuentran derruidos debido al inminente paso del tiempo y a la amortización acelerada causada por uso excesivo. Por estos días, los rodados de la secretaría no atraviesan su mejor momento y, téngase en cuenta, ante cada estancia que alguno tiene en los talleres mecánicos, no hay reemplazo. Es decir, se demoran los viajes porque hay menos vías de movilidad, y por lo tanto se retrasan también las inspecciones, los certificados, los fondos, en fin, las obras en sí.

La situación es tan apremiante que hay intendentes que han decidido por su cuenta costear las estadías y viajes de los profesionales que deben verificar los frentes de trabajos. En diálogo con este medio, jefes comunales que para no resentir su relación con el Grand Bourg optaron por declarar protegiendo su identidad, confirmaron que en más de una ocasión asumieron este tipo de gastos, los cuales en realidad deberían correr por cuenta de la caja provincial.

Otro tema que explica la imposibilidad de la Secretaría de Obras Públicas para cumplir con los tiempos de los proyectos -que en este 2017 los desbordan- es el monto utilizado para viáticos. Por cada persona que integra los contingentes que viajan a verificar los avances de obras se otorgan 400 pesos por noche de estadía. Representa un tercio de lo que perciben por iguales funciones empleados de la administración nacional. Sólo en hospedaje y alimento, por día, una persona común puede gastar más de cuatro billetes con el rictus de Julio Argentino Roca o Eva Duarte. Por día y noche de viaje, cada profesional de la dependencia tiene gastos cubiertos por menos de lo que vale el billete más tasado de los que circulan actualmente, el de quinientos pesos.

Por si fuera poco, sobre el total de profesionales que apenas supera los cincuenta, hay una decena que cumple un horario de seis horas por día. Ese puñado ya ha presentado notas para recibir la ampliación de tiempo que les permita cubrir también el turno vespertino. Cuando fueron empleados en planta permanente, desde hace entre dos y tres años, se les suprimió parte de su salario, quitándoles las horas después de almuerzo. Desde entonces, no han podido recuperar el terreno perdido, pese a que la inflación no se detuvo, ni para ellos ni para nadie.