Alerta en universidades públicas por los aumentos. El presupuesto de la UBA se agotaría en agosto. La inflación, la falta de definición de las paritarias docentes y el aumento de las tarifas de los servicios públicos hacen tambalear los presupuestos.

Las universidades nacionales están en alerta. La inflación, la falta de definición de las paritarias docentes y el aumento de las tarifas de los servicios públicos (gas, energía eléctrica y agua) hacen tambalear sus respectivos presupuestos para este año.

Ayer, el consejo superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la de mayor concentración de alumnos del país, aprobó el presupuesto para este año: $ 8698 millones. Es decir, un 29,8% más que el del año pasado, que fue de $ 6690 millones. Esa diferencia, $ 2000 millones, se evaporaría entre el reajuste de tarifas y el incremento de los sueldos de docentes y no docentes.

En la vereda del rectorado, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) protestó por el «0% de aumento» del presupuesto para esa casa de estudios que alberga a más de 380.000 alumnos. Es que el incremento de la partida anual es casi similar a lo que se estima será la inflación de 2016.

La cifra, en realidad, se conocía desde octubre pasado porque fue el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner el que elevó el presupuesto nacional, que incluye las casas de estudios, al Congreso para su debate y posterior aprobación.

Sin embargo, en el encuentro del Consejo Superior de la UBA ayer se compartía la posibilidad de «que sólo se garantiza el dictado de clases hasta agosto próximo», según dejaron trascender algunos de los integrantes de esa reunión.

Mientras los estudiantes y los docentes comparten clases públicas, cortes de calle y hasta partidos de fútbol en protesta contra el actual gobierno, el rector Alberto Barbieri mantiene contactos con funcionarios nacionales clave para destrabar la situación económica universitaria. Antes del fin de semana, es posible que el rector de la UBA dialogue con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Discreto, Barbieri parece haber logrado que en las últimas semanas la administración de Mauricio Macri se ponga al día con los gastos operativos que se debían de febrero y marzo. De los $ 330 millones pendientes, cobró casi el 80%. Todavía falta recuperar unos $ 94 millones que debe el PAMI al hospital de Clínicas, así como otros fondos extraordinarios para poner en marcha obras anunciadas en esa institución y en otras facultades.

Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete nacional y actual senador nacional, presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta un proyecto de ley para eximir a las universidades nacionales de los aumentos de los servicios públicos fijados por el Gobierno. Es probable que esa iniciativa se trate en la próxima sesión de la comisión, porque tiene el apoyo del presidente del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto. En su proyecto, Abal Medina dice que «autoridades de la UBA reconocieron que los gastos en electricidad pasaron de $ 7 millones de pesos a cerca de $80 millones» y que desde «la Universidad Nacional de la Matanza expresaron que el aumento es un 600% más».

Hace una semana, el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, reunido en Mendoza, debatió la situación económica y reclamó «al Estado nacional una recomposición del presupuesto asignado a las universidades nacionales para el presente año».

El paro de los gremios no docentes previsto para mañana, en coincidencia con la movilización que liderará la central gremial de Hugo Moyano, hace prever que las facultades de la UBA no abran sus puertas.

Mientras se trata de resolver, al menos, el impacto del alza de tarifas de los servicios, varias facultades comenzaron a hacer campañas internas tendientes a concientizar sobre el ahorro de energía eléctrica. «Me llama la atención que no haya una política de Estado para universidades, escuelas, hospitales y comisarías», deslizó anoche un decano porteño al encender la alerta sobre el impacto también en otras áreas públicas.

Cifras que preocupan

29,8% aumento: es la diferencia entre el presupuesto 2015 y 2016 de la UBA, que dispone de $ 8698 millones para el año actual.

60 millones de pesos: es la estimación del aumento en concepto de tarifas de servicios públicos que la UBA prevé para este año, $ 80 millones. En 2015, por gas, energía eléctrica, agua y teléfono se desembolsaron cerca de 20 millones de pesos.

Fuente: La Nación