Encabezados por su presidente, los integrantes de la Auditoría General de la Provincia quedaron muy en evidencia ante las preguntas del diputado Héctor Chibán. Protagonizaron una situación tan tensa que podía cortarse el aire con cuchillo. Lo que quedó muy claro fue que cuando de irregularidades y corrupción se trata, la auditoría y sus miembros son un florero decorativo.

La reunión se realizó en la Cámara de Diputados, y allí acudieron Gustavo Ferraris, acompañado por Abdo Esper, Ramón Muratore, Marcos Antonio Segura Alzogaray y Mariano San Millán.

“Buscamos optimizar los recursos escasos que tenemos, por eso procuramos que los controles que realizamos sean lo más rápido y rigurosos posibles para poder efectivizar nuestro trabajo ante la sociedad”, se ocupó de destacar el presidente de la Auditoría General de la Provincia (AGP), además de echarle tierra a la gestión anterior al resaltar que “se avanzó significativamente para estar al día con los ejercicios, teniendo en cuenta el gran atraso preexistente”.

Un punto que resaltaron los miembros de la AGP a los legisladores provinciales es que “no tenemos la facultad para obligar a los intendentes a presentar las cuentas generales de cada municipio, excepto cuando la situación lo amerite con una denuncia penal”.

Todo transcurría según lo previsto, hasta que hizo uso de la palabra el diputado radical Héctor Chibán, quien, mirando fijamente a Ferraris, le preguntó si consideraba que tenía la idoneidad e independencia suficiente para ocupar tan alta responsabilidad como funcionario de la provincia, de ser presidente de la Auditoría General. Ferraris respondió afirmativamente, pero le señaló al diputado que si él consideraba que no era así, debía fundamentarlo.

Chibán -que no es de achicarse- le respondió al funcionario que él consideraba que no revestía idoneidad, y que su currículum tampoco demostraba ni la experiencia, ni los antecedentes necesarios para ocupar tan alto cargo. Y agregó que su militancia y su pasado político demostraban que no tenía la independencia suficiente para ocupar ese cargo.

Mala prensa

Ferraris se ganó la confianza de Juan Carlos Romero. Avalando todas las órdenes del exgobernador fue ganando terreno en el gabinete, llegando a ser un funcionario clave, que no tenía problemas en hacerse cargo de duras represiones ni de manejar a su antojo una policía que, por aquellas épocas, desplegó una violencia brutal pocas veces registrada en la provincia.

El cuestionado presidente de la Auditoría se desempeñó como subsecretario de seguridad en 2000 – 2001 cuando el gobierno de Juan Carlos Romero ordenó reprimir las puebladas de Mosconi y Tartagal, provocando 5 muertes. El 1 de abril de 2005, Ferraris ordenó reprimir a los docentes en la llamada Noche de las Tizas. Contrariando órdenes de la justicia, también reprimió en 2.007 en el asentamiento de San Expedito, donde más de 700 efectivos armados desalojaron con balas, gases y palos a 200 familias.

Durante su gestión como funcionario provincial, se evadió de la cárcel sin violar cerradura alguna, Marcelo Torrico, perverso asesino de los hermanitos Leguina. Los violentos crímenes ocurridos durante la gestión de Ferraris al frente de la seguridad de la provincia tienen como ejemplo el de Yanet Mesa en Mosconi, donde estuvo involucrado personal del servicio penitenciario. Otra caso, es el del asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza a manos de terratenientes vinculados con el narcotráfico y el exdiputado Aparicio. El caso de Fabián Pereyra en Orán, muerto a manos de la seguridad privada del Ingenio El Tabacal, es otro caso. Y habría que sumarle los cuatro menores que murieron calcinados en la comisaría 20 en Orán, y Fabio Llanes asesinado por el policía Benito Gil.

Lo de Ferraris en su época de estudiante apropiándose en un examen de las bolillas de las unidades que no había estudiado es solo una anécdota difundida en los claustros universitarios. Pero lo que sí fue una realidad fotografiada ocurrió en 2007, cuando posó muy campante con unos dorados junto a Juan Carlos y otros colaboradores, en un viaje realizado en el “helicóptero provincial“.

Ferraris de vez en cuando dio la nota, al punto que años atrás fue encontrado manejando una 4×4 robada aunque, naturalmente, logró zafar.

Estos son los antecedentes con que fue nombrado como juez de la Corte Suprema de Justicia de Salta, dos semanas antes de que termine la gestión romerista, pese a tener sanciones en el Tribunal de Ética y Disciplina. Ya en la Corte, y con Urtubey como gobernador, fue uno de los primeros en acomodarse en el oficialismo.

A pesar de estos abrumadores antecedentes fue mocionado luego por el presidente del bloque de Salta Nos Une para integrar la Auditoria, organismo de control sobre el cual ejerce ahora la presidencia.

Hacer del control, un descontrol

Volviendo a la comparecencia de Ferraris en la Cámara de Diputados, el funcionario fue conminado por el radical Chibán a enumerar los cinco casos más importantes de corrupción, o de irregularidades graves detectadas desde que se desempeña en la Auditoria, que hayan ocurrido durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey; a lo que respondió que el organismo, “no es un órgano jurisdiccional que tenga por objeto determinar si hay corrupción o irregularidades graves”, y que “la función de la Auditoría es determinar el no cumplimiento de las leyes económicas y financieras». A lo que podría uno preguntarse si controlar que la ejecución presupuestaria se ajuste a las normas legales vigentes, ¿no sería determinar los casos de corrupción? Parece que para Ferraris no.

A decir de Chibán, el funcionario “debió reconocer ante los legisladores que no controlan, y que no pueden hacerlo por el vasallaje que tienen, en definitiva por la sumisión que tienen, no pueden enrostrarle a ningún funcionario público  irregularidades graves en el cumplimiento, en la ejecución presupuestaria que tienen a su cargo”.

Las sorpresa para los diputados vino de la propia boca del encargado de controlar que se cumplan las leyes económicas y financieras, cuando reconoció que se les ha permitido a los intendente que están en el límite con Bolivia, que puedan salir a comprar -cuando el cambio así lo permitía- materiales para para hacer obras de construcción, todo esto por supuesto, sin ningún tipo de comprobante del exterior.

Acerca de las constantes situaciones de desmanejos protagonizadas por los intendentes, el titular aclaró que si los jefes comunales o funcionarios públicos, no se avienen a presentar la documentación requerida para ejercer el control correspondiente, incurren en nada más que en responsabilidad política, no hay responsabilidad penal. Y amplió que se realiza la denuncia en algunos casos sí, y en otros no.

Otro de los justificativos de Ferraris, fue que no cuentan con capacidad operativa para controlarla a los municipios, que no cuentan con los recursos y el personal humano suficiente por lo cual “tener las auditorías al día es casi imposible”.

Respecto al control sobre la ciudad de Salta, los miembros de la Auditoría de la Provincia aseguraron que no trabajan sobre la jurisdicción ya que no cuentan con recursos presupuestarios para realizarlo, y además destacaron que en la misma existe el Tribunal de Cuentas que se encarga de esa tarea, a diferencia de los demás municipios de la provincia.

Lo que sí pudo asegurar Ferraris, es que se van a realizar controles integrales en el municipio de Campo Santo y un sistema de control de sueldos (todavía no lo hicieron) ante la situación del pago “por error de cálculo” de los salarios a empleados municipales.

“Después de tantos años dicen que no tienen el presupuesto necesario para ejercer las mandas que la Constitución les ha encomendado”, les espetó Chibán, a lo que los miembros de la Auditoría respondieron con el silencio.

“No tiene dignidad, porque lo único que hacen es cobrar un sueldo, entonces en definitiva no tienen dignidad, ni idoneidad, ni independencia”, reflexionó el radical, ante tanta evidencia.

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