Con el agua al cuello
En 2014 y con un muerto de por medio, salió a la luz la mayor estafa de la historia de la Provincia de Córdoba, y probablemente una de las mayores del país, resumió el gremio Unión Informática, en relación al caso Atos Worldline, cuya segunda parte se juzgará en agosto en los tribunales federales de Córdoba. Por: Norma Jean.
El sindicato que representa a los trabajadores del sector electrónico y del software, recordó que entre los imputados están tres de los altos mandos de Atos Worldline en nuestro país: Juan Dabusti, ex CEO de Atos Argentina ahora devenido en Director General para toda Latinoamérica; Carlos Abril, CEO de Atos para Argentina, Colombia y Uruguay; y Raúl Alberto Toscano, vicepresidente de la empresa. Todos acusados de supuestos delitos de intermediación financiera clandestina y evasión, según el gremio Unión Informática.
En agosto, en la segunda parte del juicio se analizarán exclusivamente hechos vinculados al presunto lavado de activos agravado que se habría concretado en las operaciones financieras que realizó Atos a través de la financiera CBI a lo largo de los años. Todos deben responder sobre ello en diferentes grados de participación. Los socios, Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Altamirano lo harán como presuntos autores. El resto como partícipes necesarios. Pero además hay dos imputados con otra acusación: Alejandro Daniel Yacopini, titular de la concesionaria Toyota en Mendoza, está acusado como autor de asociación ilícita. El otro es el contador Javier Fernando Guevara, quien será juzgado por intermediación financiera no autorizada. En ambos casos, se plantea el mismo interrogante: en el primer juicio, el tribunal descartó la existencia de asociación ilícita y condenó por intermediación no autorizada. Por recursos de acusadores y defensores el fallo no está firme y es revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal.
En este lote de pruebas ingresaron las maniobras por las cuales se inyectaron fondos a CBI desde el sistema público de transporte urbano de la ciudad de Córdoba. La forma más simple de graficar las maniobras de lavado de activos sería describir la operatoria de la UTE Cordubensis – Rivelux y su relación con Siemens (controlada por Atos). Parte del efectivo proveniente de la recaudación por la venta de cospeles y tarjetas del transporte de pasajeros era depositado en CBI en lugar de ir a una cuenta de la Municipalidad de Córdoba. La financiera lo utilizaba para comprar cheques y los ingresaba al banco. En una cuenta donde debía depositarse el dinero en efectivo recaudado de los vecinos de la ciudad de Córdoba al abonar el transporte público de pasajeros, se habrían depositado cheques adquiridos como producto de maniobras financieras.
Por otro lado, y no por eso menos importante es la responsabilidad penal de funcionarios que avalaron la operatoria desde la Municipalidad de Córdoba. Es por ello que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitó toda la documentación existente en la Municipalidad de Córdoba sobre el vínculo con las empresas Atos y Siemens, incluyendo la rendición de cuentas y las constancias de concesión del sistema prepago del transporte urbano capitalino. El interés en esos datos es porque Red Bus aparece mencionada en la carta póstuma que se le atribuye a Jorge Suau, socio titular de CBI.
Un caso con su historia
Hasta 2011, operaban en la Argentina Siemens IT Solutions y Atos por separado, pero a mediados de ese año se fusionaron conformando el grupo Siemens-Atos. El entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, firmó un contrato para transformar el viejo sistema de cospeles con que se abonaba el transporte público hasta ese momento, por el de tarjeta magnética. El desembarco de Atos con Red Bus en Córdoba, como en San Juan y Mendoza, se vio rodeado de sospechosas irregularidades. Un mes más tarde se creaba una UTE, junto con CBI (Cordubensis) para las recaudaciones de la tarjeta en bocas de expendio Red Bus en la ciudad.
Un ex funcionario municipal vinculado al transporte, habría comentado que CBI aprovechaba la recaudación de Red Bus para monetizar cheques que luego se depositaban en la cuenta de Transporte del municipio en el Banco de Córdoba, ya que era una cuenta exenta de impuestos.
En 2012, ya con Ramón Mestre como intendente, se decide reducir de 1500 a 1150 las bocas de expendio y se prolongó el tiempo para realizar los depósitos correspondientes a la municipalidad, de 24 a 72 horas hábiles.
“Al tener extendido un plazo de recolección, todo indica que CBI tomó el dinero de los vecinos para que sean intercambiados por los cheques y luego depositados en la Municipalidad, desde una cuenta bancaria del Banco de Córdoba”, explicaba en un primer momento el periodista cordobés, Leandro Ross.
En febrero de 2014 apareció muerto Jorge Suau. El vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis fue hallado sin vida y con quemaduras dentro de su Toyota Hilux, al sur de la Ciudad de Córdoba. Según los forenses, las cusa de la muerte fue «intoxicación por inhalación de monóxido de carbono o de nafta». Y si bien los peritos e investigadores encontraron en su historial de búsquedas en Google la entrada “formas de suicidarse”, no se determinó qué fue lo que disparó la chispa que encendió el bidón de combustible adquirido horas antes.
Suau dejó una carta que se convirtió en la hoja de ruta de los investigadores para seguir los pasos de este multimillonario desfalco. En ella, aparecen mencionados como actores fundamentales de esta red de corrupción, los directivos de la entonces Siemens-Atos (después Atos Worldline), dueños del negocio de la tarjeta Red Bus. Juan Dabusti, Carlos Abril y Fernando Gaviglio.
La financiera CBI sería la columna vertebral de la asociación ilícita, y una verdadera “usina de delitos económicos”.
Meses después de la muerte de Suau, el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestari imputó a 37 operadores y empresarios. Desde directivos de clubes de fútbol, hasta financistas, empresarios de diversos rubros y empresas fantasma, funcionarios públicos de la Municipalidad de la capital provincial de distintas gestiones y signos políticos. Todos acusados de ser miembros de una asociación ilícita dedicada a la realización de diferentes maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones al régimen penal cambiario, estafas a particulares y lavado del dinero proveniente de esas actividades ilícitas.
Juan Dabusti (CEO de Atos para Latinoamérica) y Carlos Abril, director de Atos Argentina, habrían acordado valerse de una de las cuentas que se utilizan para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte para hacer ingresar los valores provenientes de la actividad de intermediación clandestina y monetizarlos, para lo cual la firma concesionaria habría puesto a disposición de la UTE la mencionada cuenta.
El último día hábil antes de la feria judicial de invierno, Senestrari solicitó el procesamiento de los 37 imputados, dentro de los cuales se encuentran los tres altos directivos de Atos: Juan Dabusti (ex CEO de Atos Argentina ahora devenido en Director General para toda Latinoamérica), Carlos Abril (CEO de Atos para Argentina, Colombia y Uruguay) y Raúl Alberto Toscano (vicepresidente de la empresa).
Por su parte, en 2016, el gerente del site mendocino de Atos Worldline, José González Calderón, amenazaba con dejar tirado en una acequia al delegado de la Unión Informática, dejó al descubierto una práctica institucionalizada en la jerarquía de la empresa. La exposición y difusión de estas amenazas llegaron a la casa matriz de la empresa en Francia y bajo el argumento de “una mejor oferta de trabajo” se precipitó la salida del gerente.
Eduardo Rodrigo, publicó un libro llamado “CBI, la caída”, en el que cuenta la forma de operar en que “el intermediario y negociador de Siemens es el señor Fernando Gaviglio. El auditor y endosante de los cheques que se depositaban era el señor Sebastián Viano, que actuaba en connivencia con el señor Carlos Abril, director de Siemens Atos en Buenos Aires”.
Hasta el momento, están presos el titular y máximo responsable de CBI Eduardo Rodrigo; Miguel Ricardo Vera, que habría constituido firmas “fantasma” para pasar cheques de la financiera en la monetización que se concretó en el Banco Nación; y Diego Ariel Sarrafian, quien está acusado de tener una mesa de dinero y presentar cheques que “ensuciaron” la cartera de CBI, lo que aceleró la debacle.
Con tres de las principales autoridades de Atos a nivel local y regional implicados en la mayor estafa a la ciudadanía de Córdoba, la situación tiende a complicarse, ya que para Senestrari, “todos los involucrados merecen ser procesados y se estaría en condiciones de ir a juicio en breve”. Pese a esto, Atos sigue controlando el sistema Red Bus, aunque sin la intermediación de la financiera CBI, que se fue a la quiebra tras la muerte de Suau.
