Si bien la presentación hasta la tarde de este viernes no se había agregado al expediente, Cuarto Poder accedió a un escrito de la Asociación de Jueces desistiendo en la acción de inconstitucionalidad interpuesta oportunamente. El estado de conocimiento y la condena pública sobre las maniobras que perseguían otorgarles la inamovilidad a los jueces de Corte, habría producido un marcha atrás en la pretensión, atribuyendo la responsabilidad,  a la “politización” del tema. 

Sin lugar a dudas en toda esta cuestión que lleva ocupando bastante tinta en nuestro semanario, queda la sensación de que si este marcha atrás en los intentos de la Corte de perpertuarse en sus cargos de por vida, se hace efectivo, queda un alto costo político sobre el cual los integrantes del máximo tribunal provincial, deberán rendir cuentas. El escrito que ponemos a consideración deja mas sospechas que certezas, teniendo en cuenta la fuete interna existente donde un nutrido grupo está dispuesto a resistir para imponer la inamovilidad a como de lugar. 
La presentación que reiteramos, no ha visto la luz pública, no ha sido presentada de manera formal y no ha sido incorporada al expediente, está dirigida a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, y la realizaría el doctor Edgardo Francisco Albarracín, en nombre de la Asociación de Jueces de la provincia de Salta, informando que desisten de la acción popular de inconstitucionalidad interpuesta oportunamente.
El magistrado justificaría la presentación anterior remarcando que la misma fue interpuesta en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver sobre idéntica presentación formulada por la Federación Argentina de Magistrados.
Y recuerda que en dicho fallo, ese  Alto Tribunal Federal, en lo sustancial declaró que previamente a su intervención y de conformidad al artículo 14 de la Ley 48, era necesario que se expidan los órganos judiciales competentes de nuestra provincia sobre la constitucionalidad o no, del mandato por seis años que asigna el artículo 156 de la Constitución Provincial a los Jueces de Corte. 
Cntinua en su supuesta argumentación al señalar que, la acción «perseguía zanjar un asunto estrictamente jurídico que directa o indirectamente, hace al funcionamiento del Poder Judicial”. 
Finalmente destacaría la Asociación de Jueces, que la cuestión planteada ha sido politizada – como es de conocimiento público- de una manera absolutamente ajena a los fines perseguidos al momento de su interposición, con lo cual desisten de la acción. Lo cual por estas horas, no está fehacientemente comprobado.